EDITORIAL

Para quienes consideren que el 2021 representó grandes desafíos. El 2022 significa cerrar enormes brechas para quienes enfrentan desalojos, especialmente con el aumento de los casos de COVID-19 en los cuales ni el manual político mejor elaborado ha encontrado una salida a la crisis.

La ciudad de Nueva York atraviesa por altos niveles inflacionarios en una economía que apenas se recupera, después de haber sido el epicentro de la pandemia mundial.

Extender la moratoria de desalojos en Nueva York evitaría una catástrofe a una crisis de larga data que de forma desproporcionada ha afectado a los latinos y negros, quienes también, representan el mayor indicie de fallecidos y contagiados a causa del COVID 19.

No es ajeno que miles de neoyorquinos han alargado las filas de desempleados y por ende, atraviesan por una enorme falta de ingresos económicos, lo que los convierte en personas más vulnerables al enfrentar desalojos.

Ahora con la aparición de la variante Ómicron en la ciudad de Nueva York, la respuesta de las autoridades electas es priorizar una vivienda segura y ayudar a detener los desalojos.

Si bien, el año pasado, muchos inquilinos en toda la ciudad se enfrentaron a desafíos tremendos, es fundamental que ahora reciban el apoyo que necesitan. Tanto el gobierno estatal como el federal deberían incrementar programas como ayuda para que los inquilinos permanezcan en sus hogares.

En Nueva York, la crisis de vivienda es la crisis central en toda la ciudad, porque la crisis de vivienda está vinculada a cada otra crisis que enfrentamos día a día.

A pesar de que existen muchas legislaciones que supuestamente protegen a los inquilinos, el problema es que estas leyes no son implementadas en su totalidad. Es necesario cerrar esa brecha en contra de quienes hostigan a los inquilinos.

Ayudar a los inquilinos a obtener nuevas solicitudes y resolver las aplicaciones pendientes permitirá que miles de familias puedan permanecer en sus hogares, mientras sobreviven a los estragos provocados por la pandemia del COVID-19 y se derrota la variante Omicron, que es altamente contagiosa.

Realizar acciones de esta magnitud marcará el inicio de una nueva era en favor de los menos favorecidos.

Es urgente que las autoridades promulguen soluciones reales a largo plazo para la crisis de vivienda, incluidas protecciones permanentes contra los desalojos.

Trabajar en nuevas iniciativas, ayudará a crear una base sólida, sobre todo cuando las moratorias de desalojo y los programas de asistencia de alquiler de emergencia solo han proporcionado un alivio limitado y a corto plazo, dejando a muchos neoyorquinos en dificultades vulnerables al acoso de los propietarios, los aumentos injustos de los alquileres y la falta de vivienda.

Hasta la fecha las moratorias de desalojo y los programas de asistencia de alquiler de emergencia solo han proporcionado alivio a corto plazo durante la pandemia de COVID 19.

Por diseño y definición, estas medidas temporales no son sustitutos de soluciones permanentes y sostenibles a la crisis de vivienda que millones de neoyorquinos en dificultades continúan enfrentando en todo el estado.

Como parte de la urgente recuperación económica, las autoridades estatales deben aprobar todos los proyectos de ley que protegen a los inquilinos.

No es ajeno para las autoridades que la pandemia del COVID-19 devastó a las comunidades negras, latinas e inmigrantes, quienes actualmente son las minorías que enfrentan los mayores desafíos con el pago de alquiler y pérdida de su hogar.

La aprobación de verdaderas soluciones integrales, protegerá a los inquilinos de desalojos injustos ajenos a una crisis social.

Mantener a las personas en sus hogares, ayudaría a detener la propagación de la pandemia, protegiendo a más de 800.000 neoyorquinos del desplazamiento y de situación de calle, lo que llevaría a nuevas crisis por resolver.

Será necesario también, que dentro de estas nuevas medidas que se esperaría las autoridades aprueben, incluir las voces de las personas que fueron mayormente afectadas por la crisis.

En este 2022 es necesario reestructurar el sistema roto y priorizar la estabilidad de la vivienda y las familias. Acceder a una vivienda digna es esencial para sobrevivir a la pandemia y prosperar como ciudad, estado y nación.

Abandonar a los inquilinos que enfrentan mayores necesidades, es prácticamente dejar de asumir la responsabilidad por la que las autoridades fueron electas como servidores públicos.

El estado y la ciudad de Nueva York, están obligados a priorizar a sus electores, después de enfrentar una pandemia que dejó al descubierto las urgentes necesidades de larga data.

Para mantener a las personas en sus hogares el retorno de programas sociales de ayuda a inquilinos, protegerá a los barrios menos favorecidos que durante la pandemia no han recibido los verdaderos recursos y servicios del gobierno.

Si bien el principal objetivo es ayudar a los inquilinos, también es posible llegar a un consenso, donde extender la moratoria contra los desalojos hasta en los próximos meses no genere desafíos legales entre los propietarios.

Es inminente también, proveer viviendas asequibles en todo el estado de Nueva York, así mismo, brindar servicios que defiendan a los inmigrantes y crear un sistema de servicios comprensivos.

Los desalojos: una crisis permanente que incrementó con la pandemia