Cuando la pandemia del COVID-19 azotó con mayor fuerza a Nueva York, miles de trabajadores en su mayoría latinos, negros e indocumentados, que ganaban un salario mínimo o menos, fueron enviados a sus hogares porque los negocios o empresas se vieron obligados a cerrar sus puertas.
Así como sabemos de un familiar, amigo o conocido que ha sido contagiado con el virus, también sabemos de personas que se encuentran al borde de ser desalojados por no tener suficiente capacidad y recursos para el pago de la renta.
Agregado, además, su inestabilidad laboral. Un problema vigente, que incluso miles de familias han experimentado antes de la llegada del virus a Nueva York, por los altos costos de renta.
Superar la crisis de vivienda para las autoridades no ha sido tarea fácil, y la variante Ómicron altamente contagiosa amenaza nuevamente con posibles cierres debido al aumento de contagios y hospitalizaciones.
En Nueva York la inminente crisis de vivienda continúa latente, y el próximo 15 de enero expira la última extensión de la moratoria de desalojo en todo el estado, lo que representa una amenaza para miles de neoyorquinos.
Una vez que llegue esa fecha, los inquilinos corren el riesgo de ser desplazados de sus hogares, porque según algunos activistas y autoridades, “no tienen las protecciones que desesperadamente necesitan” para mantenerse en sus hogares.
Desde marzo que se declaró la emergencia sanitaria, los inquilinos han pasado por un ciclo interminable de vencimientos y extensiones de última hora de la moratoria de desalojo, causando pánico y ansiedad especialmente en las familias más vulnerables.
La moratoria se implementó en marzo de 2020 durante la administración del exgobernador Andrew Cuomo, y desde esa fecha la moratoria de desalojos se ha extendido varias veces en el año. La actual gobernadora Kathy Hochul la extendió desde el primero de octubre de 2021 hasta el 15 de enero de 2022.
Según la Asociación para el Desarrollo de Vecindarios y Viviendas, en Nueva York, los inquilinos deben entre $15,000 a $20,000 en pago de renta, siendo los barrios latinos de los condados de Brooklyn y Queens los más afectados, y quienes han tenido la mayor cantidad de casos de desalojos.
El Tribunal de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, reveló que desde que las personas empezaron a quedarse sin dinero, los casos de desalojo se han incrementado en la ciudad, lo que representa según el Laboratorio de Desalojo de la Universidad de Princeton, el número más alto en el país.
Esta crisis global ha tenido un impacto que claramente ha empeorado la pobreza y la desigualdad en el estado y la ciudad de Nueva York, dejando a miles de personas en situación de calle.
Discutir el tema sobre los constantes desalojos experimentados en los últimos meses en Nueva York, no es solo un asunto de datos estadísticos de personas cesantes y sin ingresos económicos, sino también, de calidad de vida, especialmente por la amenaza que representa la variante Ómicron.
Casualmente los menos favorecidos de los barrios con menores ingresos económicos siempre han sido los más afectados, y la llegada del virus, realmente no creó este problema, sino más bien, lo empeoró. Una desigualdad sistémica que ha existido a lo largo de varias décadas.
Resolver el problema de la vivienda, que es la crisis central vinculada a otras crisis que enfrentan día a día los neoyorquinos menos favorecidos, quizás podría ayudar a resolver problemas como salud mental, pobreza, personas sin hogar, entre otros, que visiblemente aumentaron con la pandemia.
Después de la distribución de $2,200 millones en asistencia de emergencia para el alquiler, se estima que 591,000 hogares en Nueva York siguen atrasados en el pago del alquiler, según al National Equity Atlas, y casi las tres cuartas partes son hogares de color.
La investigación reveló que apenas el 2% de los hogares con rentas atrasadas han recibido ayuda del programa.
Extender la moratoria antes del 15 de enero
A medida que nos acercamos a la fecha límite, decenas de activistas e inquilinos marcharon este fin de semana por algunas calles de Brooklyn y Manhattan para exigir a la gobernadora Kathy Hochul que extienda la moratoria de desalojos al menos hasta junio de 2022.
Otro llamado lo hicieron la semana pasada cuatro presidentes de condado de la ciudad de Nueva York, Donovan Richards, Mark Levine, Antonio Reynoso, Vanessa L. Gibson, al realizar una declaración conjunta pidiendo que se protejan a los inquilinos e instando a las autoridades estatales que se extienda la moratoria de desalojos.
Según las autoridades la pandemia ha afectado a las comunidades latinas y negras, a pesar de ser trabajadores esenciales de primera línea con salarios bajos en una ciudad que “llaman hogar”.
Actualmente, hay más de 203,000 casos activos de desalojo residencial abiertos en el tribunal de vivienda, la gran mayoría de los cuales se encuentran en comunidades en Uptown Manhattan, Bronx, Eastern Queens, Central Brooklyn y South East Queens.
“No podemos esperar que estas comunidades sean las primeras en sentir las repercusiones negativas de la expiración de esta moratoria… La moratoria de desalojos se ha convertido en un salvavidas para los neoyorquinos afectados por el COVID-19 y en una herramienta esencial para ayudar a mantener a los neoyorquinos seguros y alojados durante esta pandemia”, expresa parte del comunicado.
Mantenerse en los hogares es incierto y varios legisladores estatales quieren ir más allá y defender a los inquilinos luego de que el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERAP), se quedara sin fondos.
Aspiran a realizar protecciones permanentes y a largo plazo al demandar la aprobación del proyecto de ley de Desalojo por Buena Causa, patrocinado por la senadora Julia Salazar y la asambleísta Pamela Hunter (A.5573/S.1603).
Esta legislación se refiere a la prohibición del desalojo sin causa justificada y permite otorgar a los inquilinos el derecho a permanecer en sus hogares y la capacidad de desafiar los aumentos de alquiler exorbitantes.
Su aprobación antes del 15 de enero evitaría una crisis de desalojo masivo al garantizar la estabilidad de más 1,5 millones de familias en todo el estado.
El proyecto de ley ha recibido el apoyo de varios legisladores, entre ellas, Marcela Mitaynes. Todo el mundo merece estar a salvo de la incertidumbre. Es nuestra obligación aprobar la ley de Desalojo por Buena Causa”, escribió la asambleísta de origen peruano.
Salarios y viviendas: dos gran retos para la comunidad latina de Nueva York