Bien dice un viejo refrán: “Tanto va el cántaro al agua, que al fin se rompe”. Y como todo refrán, es certera síntesis de filosofía popular. No es ajeno que los trabajadores inmigrantes e indocumentados, después de muchos años, ahora exijan sus derechos.
Cientos de mujeres, jóvenes, adultos trabajan actualmente en la ciudad de Nueva York como repartidores de comida, vendedores ambulantes, en fábricas, en bodegas, en restaurantes, en la construcción, como jornaleros y en las afueras del estado como trabajadores agrícolas, etc.
No es ajeno que todos ellos, históricamente han enfrentado riesgos graves de maltrato, violencia, acoso sexual y condiciones laborales deprimentes.
Visiblemente podemos apreciar todos los días y ante cualquier situación climática en cada cuadra de la ciudad como los repartidores de comida, por ejemplo, se exponen al tráfico de la cosmopolita ciudad de Nueva York.
Esta situación es histórica, no es de un día para otro, pero fue a mediados de marzo cuando los neoyorquinos nos empezamos a dar cuenta, como estos cientos de trabajadores se convirtieron en esenciales durante la pandemia del COVID-19 que azotó considerablemente a la ciudad de Nueva York.
Mientras que miles de neoyorquinos trabajaban desde su casa, otros miles se quedaron sin empleo y otros cientos de miles, esencialmente latinos y afroamericanos, salieron a las calles a realizar el trabajo que muchos no podían, arriesgando su vida y la de su familia, al exponerse a cualquier contagio del COVID-19.
cruzaron el puente Brooklyn la semana pasada.
Durante el pico de la pandemia, las autoridades han declarado un tipo de reconocimiento inusual, que, a pesar de serlo, no lo mencionaban, fueron considerados “trabajadores esenciales”, para el país.
Es como si de repente, apenas a estas alturas del tiempo, se den cuenta de la admirable contribución que miles de trabajadores indocumentados realizan a la ciudad de Nueva York.
A pesar de ello, cuando la pandemia apretujaba todos los “trabajadores esenciales” han quedado fuera de todo tipo de ayuda o alivio económico, por parte del gobierno federal, estatal o local.
Muchos de estos trabajadores que se quedaron sin ingresos por el creciente número de desempleados. De la noche a la mañana, se vieron obligados a recurrir a dispensas de alimentos para sobrevivir, para encarar el hambre y la pobreza, especialmente en las zonas de Queens, Bronx y Brooklyn que paradójicamente fueron las más afectadas por el virus con los mayores índices de contagios y fallecidos.
LOS INMIGRANTES DINAMIZAN LA ECONOMÍA Y PAGAN IMPUESTOS
Es un secreto a voces, y con alto parlantes si es posible, que la gran mayoría de indocumentados dinamizan parte de la economía de la ciudad y el estado de Nueva York desde hace muchos años.
El Instituto de Política Fiscal y Económica, estimó en un informe de 2017 que los inmigrantes indocumentados contribuyeron con más de $ 1 mil millones al fondo de desempleo del estado, a pesar de estar descalificados para usar los beneficios de ese programa de ayuda financiera.
En plena crisis pandémica, ha sido un llamado creciente para que los inmigrantes indocumentados, que constituyen el cinco por ciento de la fuerza laboral del estado de Nueva York, estén cubiertos por algún tipo de seguro de desempleo, lo que a menudo se pasa por alto en las discusiones de las autoridades políticas.
Según han explicado algunos expertos en el tema, el seguro de desempleo está respaldado en cada estado por un fondo fiduciario del seguro de desempleo.
En Nueva York, como en todos los estados, el fondo fiduciario se financia con un impuesto que pagan los empleadores al estado y se complementa con un impuesto menor que pagan al gobierno federal.
Ambos impuestos se pagan por empleado y ambos benefician al fondo estatal.
En un informe del 14 de mayo del 2020 del Instituto de Política Fiscal y Económica y en medio de una pandemia, estimaron por primera vez el monto de la contribución que se deriva del empleo de los inmigrantes.
Según el instituto, durante los últimos 10 años se pagaron $ 1.4 mil millones al seguro de desempleo en Nueva York basados en el trabajo de inmigrantes indocumentados.
Para llegar a esta cifra, hubo un promedio de 597,000 inmigrantes indocumentados empleados durante este periodo en el estado de Nueva York, según una estimación del Instituto de Política Migratoria.
La crisis sanitaria de la pandemia global del COVID-19 empujó a miles de familias en Estados Unidos al desempleo, el trabajo informal, la falta de recursos para consumo o pago de alquileres de vivienda, entre otras cosas, que llevó al país a una recesión financiera.
El Senado de los Estados Unidos aprobó el sábado por la tarde un paquete de ayuda económica de 1,9 billones de dólares. Un hito clave para que el presidente Joe Biden convirtiera en ley su primera prioridad legislativa durante los primeros 100 días de su administración y de este modo, combatir la pandemia del COVID- 19.
Dentro del paquete de estímulo se destaca una ayuda directa que estará destinada al estado y la ciudad de Nueva York. La Ley CARES del año pasado estableció un número de Seguro Social como principal requisito para recibir el primer cheque de estímulo.
En esta nueva ley, el Congreso ha propuesto expandir las calificaciones para incluir a todas las familias de estatus mixto, donde al menos un miembro tiene un número de Seguro Social, para un tercer cheque.
Sin embargo, el 4 de febrero el Senado aprobó una enmienda en la que se impide
que los pagos de estímulo estén dirigidos a los inmigrantes indocumentados.
QUE LOS MILLONARIOS PAGUEN IMPUESTOS
La pandemia del COVID-19 acentuó el evidente, pero no visible problema de la desigualdad en la ciudad de Nueva York. La crisis exacerbó la desigualdad de
salarios, riqueza e ingresos que ya estaba presente.
Si en medio de la pandemia del COVID-19 o de cualquier otra crisis, ya sea política, económica, social o sanitaria el estado no interviniera de manera directa, posiblemente los resultados serían desastrosos.
“La necesidad de que el estado intervenga es evidencia de que el sistema en sí mismo no funciona como garante de derechos de todas las personas”.
Entonces, si estamos en medio de una crisis donde fue evidente que los multimillonarios se hicieron más millonarios en la ciudad de Nueva York y la emergencia sanitaria provocó un déficit fiscal.
¿Por qué no exigir que estas personas paguen impuestos?
Generar ingresos estatales es esencial para la recuperación pos-pandemia y desde el estado de Nueva York se deben realizar mayores esfuerzos para abordar la crisis presupuestaria, antes de esperar que llegue algún tipo de ayuda federal.
Si bien la economía se ha visto afectada, el estado puede recaudar suficientes ingresos fiscales para evitar recortes presupuestarios catastróficos (a la educación, la atención médica y otros servicios cruciales para la población) y agregar nuevos programas para combatir la recesión del coronavirus ayudando a los más necesitados.
El último informe del Instituto de Política Fiscal explica cómo puede ayudar un nuevo tipo de impuesto sobre quienes más pueden pagarlo.
El nuevo impuesto se aplicaría a los ingresos económicos de la riqueza y se aplicaría solo a aquellos contribuyentes con más de $ 1 mil millones.
“Nueva York tenía la mayor brecha de ingresos antes de COVID-19, y esa trayectoria no se ha detenido. La implementación de iniciativas fiscales como el impuesto multimillonario Mark-to-Market puede proporcionar los ingresos necesarios para respaldar programas y servicios esenciales.
Recortar los servicios en este punto ralentizará la capacidad de todos los neoyorquinos para recuperar su equilibrio y seguridad fiscal. En su primer año, se proyecta que el impuesto de ajuste al mercado generará nuevos ingresos sustanciales muy por encima del financiamiento requerido para el fondo de ayuda para trabajadores excluidos.
Esto hará que haya fondos adicionales disponibles para programas, de los que
dependen muchos neoyorquinos”, dijo Jonas Shaende, economista del Instituto de
Política Fiscal.
La senadora Jessica Ramos que representa el Distrito 13 ante el Senado del estado de Nueva York, en mayo del 2020 introdujo una legislación para imponer impuestos a los multimillonarios como una manera de obtener ingresos.
Por su parte, la representante del Alto Manhattan, asambleísta Carmen de la Rosa
es la principal impulsora de esta iniciativa de ley ante la Asamblea estatal.
Esta ley, establece una marca multimillonaria para comercializar impuestos que gravan a los residentes con mil millones de dólares o más en activos netos y dirige los ingresos de dicho impuesto a un fondo de rescate de trabajadores; establece un programa de rescate para trabajadores tradicionalmente excluidos de los programas de protección salarial y acceso a beneficios por desempleo.
El gobernador Andrew Cuomo que tiene la potestad para hacer cumplir esta legislación, a lo largo de los años se ha opuesto a obligar que estas personas paguen.
Según ha explicado en varias ocasiones, que, si se exige que los millonarios paguen impuestos, ellos se irían del estado de Nueva York, lo que significaría una pérdida de empleo en esas empresas, ha explicado Andrew Cuomo.
Solo en el estado de Nueva York viven 112 multimillonarios, si todos ellos pagaran sus impuestos se cubriría las necesidades de varios vecinos que han pasado dificultades y hambre en el estado y la ciudad.
La Ley multimillonaria de impuestos al mercado (MtM) (S8277), podría recaudar $5.5 mil millones o más en el primer año.
Junto con otras reformas fiscales, este impuesto podría generar los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades del estado provocadas por la pandemia.
El proyecto prácticamente propone usar parte del dinero generado en el primer año para crear un fondo de compensación por desempleo para las personas que están excluidas de los beneficios del seguro de desempleo del estado actual, como las personas indocumentadas.
Según un informe del Instituto de Política Fiscal, un fondo de trabajadores excluidos costaría $ 3,1 mil millones, asumiendo que un promedio del 15 por ciento de los trabajadores indocumentados y una proporción aún mayor de personas que están saliendo de la cárcel están desempleadas y reciben los fondos durante nueve meses.
Suponiendo este costo de $ 3,1 mil millones, los ingresos de MtM aún dejarían más de $ 2 mil millones para pagar la educación, la atención médica y otras prioridades estatales.
Durante la pandemia del COVID-19, millones de estadounidenses han perdido sus trabajos, mientras que el estado ha perdido miles de millones de dólares en ingresos.
“Mi legislación de mercado sería la primera en el país en gravar la creciente riqueza de los multimillonarios y rescatar a los trabajadores que están excluidos de nuestra red de seguridad social. Debemos cuidar de todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio o trabajo”, expresa la senadora Jessica Ramos.
Para los inmigrantes indocumentados, la crisis ha sido especialmente grave. Puede haber hasta 265,000 trabajadores indocumentados desempleados en el estado de Nueva York en el pico de la crisis.
Los trabajadores inmigrantes, las pequeñas empresas de inmigrantes y las familias inmigrantes que han perdido a un sostén de la familia debido al COVID-19 se han visto obligados a rebuscárselas por sí mismos y salir adelante; a pesar de haber pagado sus impuestos y de tener que sufrir más por la pandemia que dejó luto y dolor en miles de familias neoyorquinas.