Cientos de miles de inmigrantes con estatus legal corren el riesgo de perder la cobertura de salud del gobierno a partir del 1 de octubre, según datos estatales, una señal de que el impacto de los cambios a Medicaid incluidos en la principal ley del presidente Donald Trump de 2025 podría ser mayor de lo previsto.
Muchos inmigrantes que se encuentran legalmente en el país estarán entre las primeras personas en perder la cobertura de Medicaid bajo la ley One Big Beautiful Bill Act, aprobada por los republicanos en el Congreso, que se espera reduzca en más de $900.000 millones hasta 2034 el gasto del programa de salud federal-estatal para personas de bajos ingresos o con discapacidades.
El próximo año, la ley también eliminará para muchos más inmigrantes los subsidios para los planes de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) y la cobertura de Medicare.
Entre quienes perderán sus beneficios de salud, que hasta ahora eran elegibles, se encuentran refugiados de guerra, personas que recibieron asilo luego de huir de la persecución, víctimas de trata sexual e intérpretes que arriesgaron sus vidas ayudando a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Afganistán.
Todos ellos se encuentran en el país con autorización del gobierno federal. La ley no afecta la cobertura de algunos grupos, entre ellos quienes tienen una tarjeta de residencia permanente (green card).
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), una entidad no partidista que analiza el impacto presupuestario de las leyes, estimó que los cambios que eliminan la elegibilidad para Medicaid de muchos adultos no ciudadanos con estatus legal provocarían que unos 100.000 inmigrantes más quedaran sin seguro para 2034.
KFF Health News preguntó a varios estados cuántas personas inscritas en Medicaid habían identificado como potencialmente afectadas por esta disposición. Más de 281.000 inmigrantes de nueve estados y el Distrito de Columbia podrían perder Medicaid en octubre, lo que sugiere que la CBO subestimó ampliamente la cantidad de personas afectadas.
Aunque algunas podrían conseguir cobertura por otras vías, las cifras estatales sugieren que cientos de miles de inmigrantes en todo el país enfrentan el riesgo inminente de quedar sin seguro.
La CBO se negó a hacer comentarios.
Solo Florida identificó a casi 177.000 inmigrantes que dejarían de ser elegibles para el programa Medicaid del estado a partir de octubre, dijo Anna Holaday, vocera del Departamento de Niños y Familias de Florida. Esta agencia verificó el estatus migratorio de los beneficiarios a través de bases de datos gubernamentales y envió notificaciones para darles la oportunidad de presentar información adicional que demostrara que siguen siendo elegibles, dijo Holaday.
Arizona calcula que casi 28.000 personas podrían perder la elegibilidad. Nueva Jersey espera que entre 15.000 y 25.000 residentes no ciudadanos pierdan su cobertura de Medicaid.
En Carolina del Norte, la cifra es de unos 29.000, y en el estado de Washington, de 11.000. Las cifras definitivas de los estados sobre cuántos beneficiarios fueron dados de baja de Medicaid estarán disponibles más adelante este otoño.
Los legisladores dependen de la CBO para comprender los efectos presupuestarios y económicos de las propuestas legislativas. Sin embargo, la agencia federal no publicó sus estimaciones sobre el impacto del One Big Beautiful Bill Act en los no ciudadanos inscritos en Medicaid hasta un mes después de que el Congreso aprobara el proyecto y Trump lo convirtiera en ley.
Gran parte de la atención sobre los cambios a Medicaid incluidos en la ley se ha centrado en la implementación de requisitos de trabajo como una nueva condición de elegibilidad para muchos beneficiarios a partir de enero. La CBO estima que estos requisitos aumentarán en unos 5 millones la cantidad de estadounidenses sin seguro para 2034.
Sin cobertura de salud, es probable que los inmigrantes pierdan acceso a médicos, medicamentos recetados y la mayoría de los servicios médicos. Sin embargo, podrían seguir siendo elegibles para recibir cobertura de atención de emergencia a través de un programa separado conocido como Medicaid de Emergencia.
“Vine aquí para tener una vida mejor”, dijo Ahin, una refugiada que huyó de la guerra en Siria y se trasladó a Turquía en 2011 antes de llegar a Estados Unidos en octubre de 2024. Habló con KFF Health News con la condición de ser identificada solo por su nombre de pila, debido a preocupaciones por su privacidad y seguridad.
Poco después de llegar a Estados Unidos, comenzó a sufrir un intenso dolor abdominal que requirió una cirugía intestinal. Medicaid cubrió esos costos, así como las visitas posteriores a especialistas.
“Estoy realmente preocupada por esto”, dijo. “Es verdaderamente una situación terrible”.
Ahin, de 25 años, dijo que no sabe qué hará si necesita ir al hospital porque no podría pagar la factura. Vive con su madre en un pequeño apartamento en Nueva Jersey.
Medicaid también ha sido esencial para su madre, que tiene asma.
Menos beneficios de salud para los inmigrantes
El gobierno federal exigió a los estados que notificaran a los inmigrantes que pronto perderán su cobertura, pero defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que algunos estados no comenzaron a enviar las cartas hasta septiembre. Eso les ha dejado poco tiempo para reaccionar, incluso para responder en caso de que el estado haya decidido poner fin a su cobertura por error.
La eliminación de la cobertura de Medicaid es apenas el primer paso en la reducción de los beneficios de salud del gobierno que reciben muchos inmigrantes que se encuentran legalmente en el país.
A partir de un cambio que entrará en vigencia en enero, la CBO estima que alrededor de 1 millón perderán, para 2034, la elegibilidad para recibir subsidios gubernamentales destinados a comprar cobertura individual en los mercados de seguros de ACA. También perderán el acceso a Medicare, un cambio que, según las proyecciones de la agencia, afectará a unos 100.000 inmigrantes.
Trump ha argumentado que los programas financiados por los contribuyentes deberían reservarse para los ciudadanos estadounidenses. Mientras el Congreso debatía la legislación en mayo de 2025, la Casa Blanca publicó un comunicado con la afirmación engañosa de que la One Big Beautiful Bill Act eliminaría la cobertura de Medicaid para las personas que se encuentran en el país sin autorización.
Desde hace tiempo, la ley establece que este grupo de personas no son elegibles para el programa general de Medicaid financiado con fondos estatales y federales.
Los recortes a la cobertura de salud forman parte de una estrategia más amplia de Trump para transmitir el mensaje de que los inmigrantes no son bienvenidos en Estados Unidos, dijo Ben D’Avanzo, estratega sénior de incidencia federal del National Immigration Law Center.
La administración Trump también ha tomado medidas para excluir de SNAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, a personas con estatus legal e intentó hacer lo mismo con el programa infantil Head Start, hasta que intervino un juez federal.
La ley no afecta la cobertura de Medicaid de quienes tienen green card, los menores de 19 años ni determinados inmigrantes de Cuba, Haití o ciertos países de las islas del Pacífico.
Algunos estados intentan cubrir los vacíos
Algunos estados están evitando la pérdida de cobertura utilizando sus propios fondos. California calcula que unos 148.000 inmigrantes perderán la cobertura de Medicaid. Sin embargo, el estado está destinando $365 millones a un programa separado para mantener su cobertura hasta julio de 2027, según Tony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica de California.
Nueva York y Pennsylvania también cuentan con cobertura de salud financiada por el estado para muchos de los inmigrantes afectados.
Carlos Alarcón, gerente de políticas de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center, una organización de defensa de los inmigrantes, dijo que quitarles la cobertura de salud a los inmigrantes afectará la salud del estado en su conjunto. Cuantas menos personas tengan acceso a atención médica, más fácil será que se propaguen enfermedades contagiosas, como ocurrió durante la pandemia de covid, aseguró.
Alarcón dijo que espera que el próximo gobernador de California extienda la cobertura financiada por el estado. Una encuesta publicada en septiembre mostraba al demócrata Xavier Becerra, quien fue secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Joe Biden, por delante del republicano Steve Hilton en la contienda por la gobernación.
Becerra ha prometido emitir una orden ejecutiva para mantener la cobertura de salud de todos los californianos afectados por los recortes federales.
“Creo que hay personas en la legislatura que realmente van a querer luchar para asegurarse de que podamos restablecer las cosas tanto como sea posible”, dijo Alarcón.
Los grupos que brindan asistencia a refugiados dicen que han estado tratando de informar a las personas de sus comunidades y orientarlas hacia clínicas de salud financiadas por el gobierno o que ofrecen atención gratuita.
“Hemos estado corriendo de un lado a otro tratando de encontrar atención médica gratuita”, dijo Julianna Larsen, cofundadora del Arizona Refugee Center. “Dejar de ser un lugar que recibe a la gente es lo menos estadounidense que he visto en mi vida”.
Andrea Mendez Perez, directora de Interfaith-RISE, una organización de reasentamiento de refugiados en el sur de Nueva Jersey, dijo que la administración Trump ha prolongado el proceso para obtener la green card y ahora está quitando la cobertura a quienes todavía no la tienen.
Antes de 2025, normalmente se tardaba unos seis meses en obtener la green card, el estatus que permite a una persona extranjera vivir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos, dijo. Hoy en día, el proceso demora mucho más de un año.
Para muchos de estos inmigrantes que tienen Medicaid, perder la posibilidad de obtener los medicamentos que les han recetado “es una situación de vida o muerte”, dijo Mendez Perez.
Ahin, la refugiada siria, solicitó la residencia permanente poco después de llegar a Estados Unidos hace dos años. Mendez Perez dijo que Ahin ya debería haberla obtenido, lo que habría evitado que perdiera la cobertura bajo la ley republicana.
“Está atrapada en el medio y no tiene ningún control sobre la situación”.
Colleen McCauley, directora de políticas e incidencia de Camden Coalition, una organización sin fines de lucro que ayuda a conectar a las personas con servicios de salud en el sur de Nueva Jersey, dijo que la pérdida de cobertura es devastadora.
“Ninguno de ellos hizo nada malo”, dijo McCauley, “y están perdiendo su cobertura”.