EDITORIAL
Además de ser un derecho de todo ser humano, la vivienda en la Ciudad de Nueva York es uno de los temas más cruciales en cuanto la fuerza de su impacto en la estabilidad económica y social de la ciudad.
La crisis de los desamparados, se comprobó mediante estudios que si bien empeoró durante la recesión económica nacional, -cuando la gente perdió su empleo-, uno de los factores fundamentales en su agudización fue el elevado costo de las rentas, particularmente en Manhattan, en donde desaparecieron muchos edificios de renta estabilizada.
Estos estudios demostraron que habitantes de la ciudad que viven de cheque a cheque, sin la posibilidad de ahorrar, cuando han debido enfrentar una emergencia, de salud por ejemplo, no han podido cubrir el costo de su renta de vivienda y se han visto obligados a vivir en albergues públicos o lo que es peor en las calles.
Pero hay un fenómeno muy interesante en la ciudad de Nueva York, la mayoría de mendigos son ciudadanos estadounidenses y también hay latinos, que en su mayoría son de origen puertorriqueño. Hay un gran contraste entre estas poblaciones, que tienen todas las garantías legales, de idioma y protecciones federales, estatales y locales, con los miles de inmigrantes quienes, sin ninguna ventaja y con todo en su contra, especialmente ahora bajo esta administración, arriesgan sus vidas para llegar a esta ciudad en donde ejercen con mucha dignidad trabajos despreciados por los nacidos o legalmente aceptados en este país como asilados y colonizados.
Esta es una realidad muy fácil de apreciar en Manhattan, en donde barriendo y limpiando las veredas frente a negocios y sacando la basura de ellos se ve a los inmigrantes latinos, mientras junto a esos mismos negocios se ve a mendigos estadounidenses que no están dispuestos a realizar esos trabajos y prefieren vivir de la caridad pública.
En Manhattan se encuentran la mayoría de mendigos, que si bien ahora están siendo ubicados por las autoridades de la ciudad para que pasen la noche en albergues, -de todas maneras la ciudad está a días de elegir sus nuevas autoridades-, son una realidad latente y molesta no solo para residentes locales de la ciudad, además para millones de turistas que se llevan una muy mala imagen de la llamada “capital del mundo”. Desaparecer por las noches a los mendigos de las calles, no es una situación que permita avizorar una solución definitiva a este problema social, económico y de higiene de Nueva York.
Particularmente durante estos tiempos de acoso y persecución nacional contra los inmigrantes, el tema de la vivienda es un asunto muy sensible. Ciertas zonas, en donde se planifican importante cambios urbanísticos han sido lugares en donde se ha desplegado una guerra sicológica sistemática para despachar a los inmigrantes, a fin de usar sus viviendas o bien para venderlas a proyectos de grandes constructoras o para subir las rentas con nuevos inquilinos.
El tema de los derechos de inquilinos de viviendas residenciales es importante y es parte de la lucha de las autoridades locales por demostrar su respeto a los inmigrantes como fundamento de la existencia y funcionamiento de esta ciudad, sin embargo y a pesar de que los inquilinos inmigrantes, están protegidos por leyes federales, estatales y locales existen responsabilidades sociales y humanitarias que los oficiales electos no pueden evadir.
Las leyes de protección de vivienda como parte de la discriminación, que usa el estatus legal de los inquilinos para desplazarlos, es un asunto complejo, ya que solo cubre a cierto tipo de inquilinos de edificios, mientras una gran mayoría de inmigrantes, rentan sus viviendas en residencias particulares, compartiendo cuartos, lo cual no está apropiadamente regulado y ni que hablar de los inmigrantes emprendedores a quienes se les hace imposible pagar o mantener sus negocios porque la renta de locales comerciales no está regulada y nadie quiere ponerse en contra de propietarios que a la larga contribuyen a las campañas políticas. Esa es otra historia de la mafia de los bienes raíces.
En el tema de la vivienda, por principios establecidos legalmente en la ciudad, los inmigrantes no pueden ser discriminados ni acosados, pero cada situación es particular y las mismas autoridades recomiendan consultar a un abogado con licencia ante el Estado, para una aplicación especifica de derechos del inquilino, bajo la ley, dependiendo de las circunstancias de cada caso.
Mientras tanto la guerra de defensa de los buenos inmigrantes, los que trabajan honrada y dignamente, no solo para sobrevivir, además para contribuir a hacer de esta sociedad un lugar próspero económicamente y en términos de mentalidad, debe continuar y son las autoridades las llamadas a promover la educación sobre los derechos de vivienda, salud, educación, etc. de sus inmigrantes, pero además de dar una demostración fidedigna de las sanciones aplicadas a quienes infrinjan estas leyes, que no hacen si no ratificar la esencia de una ciudad construida por inmigrantes.
Los medios continuamos con nuestro trabajo de difusión y educación, en medio de nuestras propias luchas por un medio informativo invadido cada vez más por improvisados miembros de la comunidad, que la mantienen enfocada en temas intrascendentes y sin fundamento periodístico y poco apegada a la realidad grave que enfrentan lo inmigrantes bajo la administración Trump.