El líder de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, responsabilizó hoy al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por los efectos de la "Nica Act", una ley que sancionará a la economía nicaragüense hasta que el país vuelva a la democracia.
"El responsable de la 'Nica Act' es Ortega y su represión. El régimen va culpar a otros como siempre lo hace. La verdad es que el asesinato de inocentes y la represión al pueblo nos tienen aquí. La crisis en la que estamos y que será peor en 2019 es culpa del Gobierno", dijo Chamorro, en sus redes sociales.
La "Nica Act", firmada el jueves por Donald Trump, impone sanciones individuales para miembros del Gobierno de Daniel Ortega y limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales, incluyendo los del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras no haya elecciones "libres, justas y transparentes".
Su impacto podría hundir más la economía de Nicaragua, que tras proyectar un crecimiento de hasta el 5 por ciento a inicios de año, desde abril apunta a una contracción de 4 puntos porcentuales.
Dicha ley ya estaba en trámite desde antes del estallido social de abril pasado, debido a que Estados Unidos y una parte de la población de Nicaragua no estaban de acuerdo con la forma de gobernar de Ortega, a quien los opositores califican de "dictador".
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La situación política de Nicaragua desembocó en una crisis sociopolítica que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 "presos políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de "golpistas", "terroristas" y "delincuentes comunes".
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega rechaza los señalamientos y aduce que superó un intento de "golpe de Estado", pese a que la Acnudh y la CIDH han informado que no existen pruebas de dicha teoría.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia. EFE