Por Patricio Haro Ayerve
Max Weber, uno de los padres de la sociología moderna, nació en Alemania en 1864 y murió en 1920; vivió por lo tanto, en un periodo de entre guerras, la guerra Franco-Prusiana, una de las más trascendentales de Europa de esa época y la más importante: la Primera Guerra Mundial. Citado con frecuencia por los revolucionarios, dando la impresión que es el único autor en su intelectual bagaje, interpretan a su antojo e interés los conceptos del sociólogo de Erfurt pensando que es marxista, sin saber que Weber fue uno de los más fuertes detractores del marxismo.
Potencialmente, por esa traumática vivencia entre las dos citadas guerras, Weber habría desarrollado su espíritu de historiador y sociólogo en sendos estudios sobre la sociología del poder, la dominación y el carisma, los que relacionados con el Estado y con los líderes que conducen la acción de la sociedad, que considera, deben hacerlo con la idea de la existencia de un orden legítimo sustentado en el principio de legitimidad. Poder, dominación, carisma y legitimidad son conceptos, entre otros, de su prolífica obra. Con ellos, Weber ha incidido en el pensamiento político del mundo occidental.
En el ciclo de conferencias organizado por la Asociación de Estudiantes Libres de Munich, a mediados de 1919, Weber dictó su célebre conferencia “La política como profesión”, la que editada en artículo se convirtió en un clásico de la sociología. Define aquí Weber, lo que es el Estado, considera como tal a “la comunidad humana que en el ámbito de determinado territorio (…) requiere exitosamente como propio el monopolio de la violencia física legitima”.
En las democracias liberales del mundo occidental y asimilando los conceptos de Weber, los Estados han entregado la administración del monopolio de “la violencia física” a las Fuerzas Armadas y a la policía.
Crear una fuerza paralela a las instituciones de seguridad no solo riñe con los conceptos filosóficos propuestos por Weber y asimilados por los demócratas; riñe también con los preceptos constitucionales que determinan cuales son las instituciones que administran, en nombre del Estado, su monopolio de violencia legítima; pero con la convicción orate y decadente que L’État, c’est moi, la legislatura, a último momento, aprobó la ley inconstitucional y antidemocrática por todos los principios, solo para que el “Rey Sol” administre parte del monopolio legítimo que le corresponde al Estado.
Resulta peligrosa para la ciudadanía y para la democracia en Ecuador la aprobación de una ley que tiene como argumento el desconocimiento absoluto sobre las capacidades de las entidades de seguridad del Estado y la animadversión oficial a una institución considerada por la sociedad como la de mayor credibilidad y confianza y por los revolucionarios como un enemigo a vencer, porque jamás se rindió a los intereses mezquinos de líderes carismáticos que obedecen consignas extrajeras de ideologías fracasadas.
Por ser responsabilidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Ecuador, la administración del monopolio de la violencia física legítima del Estado, la ley aprobada debe ser derogada por el gobierno de “la mano abierta”.