El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca; la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson y, con casi total probabilidad, el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, participan desde este jueves en Viena en una reunión de la ONU donde quedará clara la creciente división en la política global de drogas.
La Comisión de Estupefacientes de la ONU, el principal órgano multilateral sobre política de drogas, evaluará este jueves y viernes el progreso de la estrategia global establecida en 2019, justo a la mitad de su década de aplicación.
En la apertura de la reunión este jueves se espera que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, participe con un videomensaje.
Los Estados de la Comisión adoptaron en 2019 una declaración que promovía "una sociedad libre del abuso de drogas" y se comprometieron a seguir trabajando para eliminar hasta 2029 el cultivo, producción, tráfico y consumo de estupefacientes.
Los propios datos de la ONU señalan que ese objetivo están más lejos que nunca, dado que el mercado de las drogas, tanto las tradicionales como las sintéticas, está en máximos históricos, con más consumidores, más tipos de estupefacientes y más muertes relacionadas con su uso.
Consenso roto
Los Estados de la Comisión tienen previsto adoptar una declaración política al inicio de la sesión del jueves, pero después de tres meses de negociación todavía no han sido capaces de acordar su contenido.
Desde hace años existe una profunda división entre países como Irán, Rusia, China y los árabes, que abogan por la mano dura y bloquean posibles reformas, y otros, como la Unión Europea, EEUU, Canadá, México y Colombia, que defienden un enfoque menos punitivo y basado en la salud pública.
Esta situación ha bloqueado la declaración política hasta ahora, con Irán y Rusia criticando, por ejemplo, las menciones sobre los derechos humanos de los drogodependientes.
Irán aplica la pena de muerte por tráfico de drogas y, según la ONG Irán Human Rights, más de la mitad de las 834 ejecuciones que llevó a cabo en 2023 se debieron a delitos relacionados con estupefacientes.
"Las negociaciones de ese documento muestran claramente que el consenso mundial sobre drogas está roto, y que los países progresistas y los que promueven un enfoque de 'guerra contra las drogas' sólo son capaces de encontrar compromisos muy básicos sobre el camino a seguir", explica a EFE Marie Nougier, jefa de investigación del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), una red de 191 ONG.
400.000 muertes por sobredosis en EE.UU.
Se espera que el viernes participará en el encuentro Blinken, el primer secretario de Estado de EEUU que interviene en la Comisión en al menos un cuarto de siglo, una muestra de la importancia que otorga Washington ahora a este foro.
Entre 2019 y 2023 se contabilizaron casi 400.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos, en su mayoría por fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína.
Antes del encuentro, el IDPC difundió un informe sobre las "devastadoras" consecuencias de la "guerra contra las drogas", como el encarcelamiento de más de dos millones de personas en el mundo por delitos relacionados con estupefacientes, y demandó cambios a la ONU.
Esta red de ONG considera que la actual estrategia punitiva se asocia con ejecuciones extrajudiciales, torturas, y contribuye a un incremento en los encarcelamientos, con los detenidos por delitos relacionados con drogas constituyendo una quinta parte de los reclusos a escala global.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, promueve una política que "ofrezca tratamiento y no castigo", y defendió la política de despenalización que él aplicó en 1998 en Portugal cuando era primer ministro para recordar que los tratados son flexibles en su interpretación.
Pero, ante la falta de reformas globales debido a la ausencia de consenso, cada vez son más los Estados que deciden probar soluciones que violan las normas internacionales, como la legalización del consumo de cannabis.
Este camino, que inició Uruguay la década pasada y que también aplican dos decenas de Estados de EEUU, Canadá y que recientemente ha sido aprobado por Alemania, es la muestra más evidente de un consenso internacional roto. EFE