El presidente de la Asamblea, Carl E. Heastie, y el asambleísta Jeffrey Dinowitz, presidente del comité de Asuntos y Protección del Consumidor, anunciaron hoy la aprobación de una legislación para establecer la Oficina del Defensor del Consumidor de Servicios Públicos (UCA, sus siglas en inglés) para reforzar las voces de los residentes afectados por estos servicios en todos los procedimientos reglamentarios que se realicen.
“Ya sea al reducir las tasas de los servicios públicos o hacer mejoras a estos, los intereses de los consumidores no están representados en los procedimientos regulatorios a nivel estatal y federal. Este proyecto de ley cambiará esa dinámica y obligará a estas empresas a rendir cuentas a los intereses de los consumidores que están obligados a servir”, dijo el presidente de la Asamblea Heastie. “Las dificultades que los consumidores experimentan luego de desastres naturales revelan la necesidad evidente de que los contribuyentes deben tener una injerencia mayor para mejorar la transparencia y rendición de cuentas entre empresas de servicios públicos”.
“Esta legislación ayudará a nivelar el terreno entre los consumidores y los servicios públicos”, dijo Dinowitz. “La oficina del Defensor del Consumidor de Servicios Públicos fortalecerá la capacidad de los consumidores residenciales de que sus intereses sean representados y sus voces sean escuchadas. Durante mucho tiempo ya, las necesidades de los consumidores no han sido satisfechas. La oficina del UCA revertirá esta injusticia y actuará como un defensor tenaz, luchando por los intereses de los contribuyentes en todos los procedimientos reglamentarios estatales y federales”.
“Los neoyorquinos pagan regularmente las facturas de electricidad residencial más alta en la nación. Y aun así, seguimos siendo el estado más grande de solo 10 sin un defensor independiente del consumidor de servicios públicos, cuando empresas que ofrecen estos servicios gastan más de $10 millones al año del dinero de sus clientes para presionar por aumentos de tarifas”, dijo Beth Finkel, directora estatal de AARP Nueva York. “AARP elogia al presidente de la Asamblea Heastie, al asambleísta Dinowitz y los miembros de la Asamblea por aprobar esta legislación a favor del consumidor, especialmente de los jubilados y las personas con ingresos fijos que deben dedicar una gran porción de sus ingresos a las facturas de energía. Instamos el Senado y al gobernador a seguir su ejemplo”.
La oficina del UCA se creará mediante el proyecto de ley (A.180-A; Dinowitz) para proporcionar a los contribuyentes con representación independiente durante los procedimientos regulatorios estatales y federales que involucren a empresas de servicios que ofrecen electricidad, gas natural, internet, televisión por cable, teléfono y servicios de comunicación inalámbrica. Para asegurar que el Defensor del Consumidor sea verdaderamente independiente y una voz efectiva de los consumidores, el proyecto de ley establece que este sea nombrado por el gobernador para servir por un término de seis años, sujeto al proceso de confirmación del Senado. La medida daría al Defensor varios años de autonomía para que obre de manera independiente y hable libremente a nombre de los consumidores del estado sin el temor de ser despedido del trabajo por sus determinaciones.
Según el proyecto de ley, la UCA será autorizada a tomar parte en cualquier procedimiento administrativo ante la Comisión de Servicio Público, la Comisión Reguladora Federal de Energía, la Comisión de Comunicaciones Federales, agencias reguladoras locales y estatales, y tribunales estatales y federales con el fin de representar los intereses de los consumidores. Heastie, Dinowitz y la Mayoría en la Asamblea creen que la legislación le dará a los clientes de estos servicios en el estado una voz necesaria en la mesa cuando se tomen decisiones reguladoras, lo que resultará en precios más asequibles y mejores servicios públicos.
En estados donde existe este tipo de defensor se han realizado ahorros drásticos en los servicios. Se estima que la División del Defensor del Consumidor de Servicios Públicos de California le ha ahorrado a los usuarios más de $4 mil millones y por cada $1 gastado en representación de los intereses de los consumidores este se ahorró un promedio de $153 por año.