El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y la asambleísta Helene Weinstein, presidenta del comité Judicial, anunciaron la aprobación de un proyecto de ley para combatir el creciente problema de las propiedades residenciales abandonadas mediante la creación de nuevas regulaciones en el proceso de ejecuciones y la imposición de requisitos para el mantenimiento de las propiedades por un acreedor o agente de servicio de préstamo.
“Las altas tasas de ejecuciones siguen afectando a los propietarios de viviendas y comunidades de todo el estado, y estos retos se complican aún más por la creciente ola de propiedades residenciales abandonadas”, dijo el presidente de la Asamblea Heastie. “Las medidas aprobadas hoy proporcionarán mayor protección contra las prácticas depredadoras en las ejecuciones, garantizarán el mantenimiento continuo de las propiedades abandonadas y facilitarán una transferencia más conveniente de la propiedad para que no perjudique el valor de las propiedades que las rodean”.
La medida legislativa 6932-A “Ley de Auxilio para Propiedades Abandonadas del Estado de Nueva York 2016”, que fue realizada en conjunto con el fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, y patrocinado por la asambleísta Helene Weinstein, facilitará la detección temprana y mantenimiento de propiedades residenciales vacantes y abandonadas, así como:
- Expandirá la obligación existente de un acreedor de cuidar los inmuebles residenciales vacantes para incluir aquellos que están en el proceso de “pre-ejecución”;
- Requerirá inspecciones periódicas para determinar si las propiedades protegidas por estar con una hipoteca en mora en realidad han sido abandonadas;
- Permitirá que cada localidad y el Procurador General puedan hacer cumplir los requisitos de mantenimiento de la propiedad; y
- Creará un registro estatal de propiedades residenciales abandonadas que estará bajo la supervisión del fiscal general del estado y una línea telefónica gratuita para que los residentes de la comunidad puedan informar sobre la presencia de tales propiedades.
“A medida que continuamos sintiendo los efectos devastadores de la recesión sobre los propietarios de viviendas, es fundamental que busquemos todas las vías para ayudar a los neoyorquinos a permanecer en sus casas”, dijo la asambleísta Weinstein. “Por desgracia, muchas propiedades que ya han sido abandonadas pasan a convertirse en una carga y en una vista poco agradable para la comunidad circundante. Estas medidas fortalecerán los derechos de los propietarios de viviendas en el proceso de ejecución y exigirá a los bancos y los proveedores de servicios hipotecarios que continúen cuidando las propiedades abandonadas que poseen a fin de evitar cualquier desestabilización en el vecindario donde se ubican”.
El creciente problema de las llamadas casas o propiedades residenciales “zombies” que han sido abandonadas está afectando a muchas comunidades en Nueva York, especialmente en las zonas rurales y suburbanas donde los bajos precios de las propiedades ofrecen pocos incentivos para que los bancos acuerden los costos y los extensos procesos de una ejecución de hipotecas.
Las tendencias demuestran que algunos prestamistas hipotecarios sin escrúpulos a menudo se involucran en prácticas comerciales engañosas y depredadoras contra los prestatarios en un esfuerzo por obligarlos a abandonar sus hogares. Además, han permitido que las propiedades residenciales con hipotecas morosas que están abandonadas se deterioren de tal manera que comienzan a impactar negativamente el valor de las propiedades circundantes. El año pasado, el Fiscal General estimó que había unas 16,700 viviendas con ejecuciones “zombies”. Estas propiedades son extremadamente costosas para los gobiernos locales quienes tienen la responsabilidad de asegurarlas a expensas de los contribuyentes. Si se aprueban, estas medidas contribuirían en gran manera a proteger los derechos de los propietarios de viviendas, agilizar el proceso de ejecución, y a proteger las inversiones de los trabajadores neoyorquinos que viven en las comunidades afectadas.
Otras medidas aprobadas protegerían los derechos de los propietarios de viviendas mediante la ampliación de su limitado derecho de impugnar la legalidad de un procedimiento de ejecución para que pueda ser ejercida en cualquier momento mediante el proceso (A.247) y, por último, se aclararán diversas disposiciones de la legislación relativa a las conferencias sobre acuerdos mandatorios en las acciones de ejecución residenciales (A.1298) para proporcionar una mayor protección a los propietarios de viviendas.