La filial en Colorado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una nueva demanda contra la empresa GEO Group, que opera una cárcel para inmigrantes en Aurora, con el argumento de que la muerte de un iraní allí recluido se debió a falta de tratamiento médico.
La demanda, presentada en la corte federal de distrito en Denver, sostiene que el fallecimiento de Kamyar Samimi, de 64 años, se debió a "negligencia" tanto por parte del GEO Group como de los profesionales de la salud del centro de Aurora.
Samimi murió por problemas cardiacos el 4 de diciembre de 2017 en un hospital al que fue trasladado de urgencia desde la cárcel, de acuerdo con la información suministrada por el Servicio de Inmigración y Aduana de Estados Unidos (ICE) entonces.
"En el primer día de la detención del Sr. Samimi, el único médico de tiempo completo de GEO, siguiendo las normas de GEO, ordenó que se dejase de administrarle a Samimi la metadona que había estado tomando legalmente por 20 años", dijo Mark Silverstein, director de asuntos legales de ACLU Colorado, este miércoles.
Samimi llegó legalmente a Estados Unidos como estudiante en 1976 y tres años después obtuvo la residencia permanente. Pero no pudo obtener la ciudadanía al carecer de los documentos necesarios, según su familia.
En 2005, fue arrestado por posesión de cocaína y sentenciado a 64 horas de servicios comunitarios.
Doce años después, el 17 de noviembre de 2017, agentes de ICE arrestaron a Samimi en su hogar en un suburbio al norte de Denver y le notificaron que iba a ser deportado por el incidente del 2005.
Samimi fue trasladado a la cárcel del GEO Group, oficialmente llamada Instalaciones Contratadas de Detención en Aurora.
ACLU Colorado había presentado antes dos demandas contra ICE por no facilitarle documentación sobre el caso, a pesar de que invocó la Ley de Libertad de Información (FOIA).
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Finalmente, ACLU Colorado recibió los documentos y eso llevó a la nueva demanda en contra del GEO Group y del médico Jeffrey Elam Peterson, al que acusa de haber dado una orden "médicamente injustificable" de suspender el tratamiento de Samimi y de haber discriminado al iraní porque usaba opioides.
La demanda afirma que el personal de GEO Grpup no estaba preparado para tratar casos como el de Samimi, que no administró los medicamentos necesarios y que no se tomaron las medidas necesarias al ver que la salud del recluso se deterioraba.
"No queremos que nunca le ocurra esto a otra familia. Por eso, es importante que ACLU se haya hecho cargo del caso de nuestro padre. Queremos que todos sepan lo que realmente pasó para que nunca suceda otra vez", dijo Neda Samimi Gómez, hija del fallecido, en declaraciones preparadas.
La demanda pide que se indemnice a la familia Samimi por un monto no especificado. EFE