EDITORIAL
Una ciudad puede presumir de sus rascacielos, sus inversiones y su capacidad para reinventarse. Pero hay una medida más exigente de su progreso: la seguridad con la que un niño se acuesta por la noche. En Nueva York, más de 138.000 estudiantes de escuelas públicas pasaron parte del año escolar 2025-2026 sin un hogar estable.
La cifra no es una abstracción. Es una advertencia sobre la distancia entre la ciudad que celebramos y la que viven demasiadas familias. La expresión “sin hogar” suele evocar una acera o un refugio. Sin embargo, la mayoría de estos alumnos se alojó temporalmente con familiares o amigos. Dormir bajo techo no equivale necesariamente a tener un lugar propio, seguro y duradero.
Quien depende de la buena voluntad de otros puede cambiar de dirección de un día para otro, perder la intimidad o estudiar entre conversaciones, horarios laborales y habitaciones compartidas. La precariedad también existe detrás de puertas cerradas.
El Bronx presenta la mayor proporción de estudiantes afectados. Que esta realidad golpee con fuerza a vecindarios donde tantas familias latinas han construido su historia debería interpelarnos especialmente. No porque todos los niños de la estadística sean latinos —no lo son—, sino porque conocemos los sacrificios que supone sostener una familia en una ciudad donde el alquiler compite con la alimentación, el transporte y los gastos más básicos.
La inestabilidad habitacional no termina cuando suena la campana escolar. Atraviesa los salones de clase. Un estudiante trasladado lejos de su escuela puede pasar horas en el transporte; otro llega cansado porque durmió mal; otro falta porque su familia debe resolver una emergencia.
Después se les exige rendir como si todos comenzaran el día desde el mismo punto. La igualdad de oportunidades pierde sentido cuando las condiciones para aprovecharlas son tan desiguales.
También debemos rechazar una idea cómoda y cruel: que cada hogar sin residencia permanente es consecuencia de decisiones irresponsables. Hay familias que trabajan y aun así no pueden pagar una vivienda adecuada. Hay quienes enfrentan aumentos de renta, separaciones, enfermedades o despidos. Reducir historias complejas a juicios morales no resuelve un solo problema. Solo añade vergüenza a personas que necesitan orientación y apoyo.
Las autoridades tienen obligaciones concretas. Deben garantizar que los alumnos puedan matricularse sin trabas, conservar su escuela cuando corresponda y recibir el transporte al que tienen derecho. Pero cumplir formularios no basta. Si un autobús nunca llega, si la información solo se entiende en inglés o si una familia debe explicar su situación una y otra vez ante oficinas distintas, la protección existe en el papel, no en la vida cotidiana.
La ciudad necesita una respuesta coordinada que una educación, vivienda y servicios sociales. Las escuelas deben identificar señales de inestabilidad sin estigmatizar; los refugios deben considerar la cercanía a los planteles; los programas de asistencia deben ayudar a las familias a recuperar una vivienda permanente. Y las comunidades merecen información accesible sobre sus derechos, sin importar su idioma o cuánto tiempo lleven en Nueva York.
El sector privado tampoco puede permanecer al margen. Empleadores, propietarios, universidades y organizaciones vecinales tienen capacidad para colaborar con programas de prevención, asesoría a inquilinos y redes de apoyo escolar. No se trata de sustituir la responsabilidad pública con caridad ocasional, sino de reconocer que una crisis de esta magnitud afecta a toda la ciudad. Cuando una familia pierde estabilidad, sus consecuencias pueden llegar a generaciones enteras.
Corresponde también a quienes comunicamos estas historias evitar el espectáculo de la pobreza. No hace falta exhibir el dolor de un menor para demostrar la gravedad del problema. Las estadísticas son contundentes y la dignidad de los niños no es negociable.
Debemos exigir respuestas, comprobar resultados y escuchar a las familias sin convertirlas en símbolos vacíos de una discusión política. La reducción de estudiantes afectados respecto del ciclo anterior merece atención, pero no autocomplacencia. Una ciudad no puede declarar victoria mientras más de cien mil alumnos atraviesan cada año una experiencia semejante.
El éxito no se mide únicamente por cuántas personas salen de un albergue, sino por cuántas consiguen estabilidad y pueden sostenerla. Nueva York seguirá siendo una ciudad de oportunidades solo si esa promesa alcanza también a quienes hacen sus tareas sobre una mesa prestada.
El futuro de estos estudiantes no puede quedar a merced de una mudanza improvisada. Su derecho a aprender empieza mucho antes de entrar al aula: empieza con la tranquilidad de saber dónde dormirán mañana.