El 8 de marzo es considerado por las mujeres como un artífice de la historia en la lucha por la justicia y la equidad. Ese mismo día, pero en 1957, miles de trabajadoras de fábricas de textiles salieron a las calles de Nueva York bajo el lema “Pan y Rosas” para protestar por las malas condiciones laborales, reivindicar un recorte del horario y poner fin al trabajo infantil.
Hace 113 años en Nueva York, unas 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica de textiles, durante una protesta para validar sus derechos sindicales.
El 8 de marzo de 2022, trabajadoras domésticas, de lavanderías, jornaleras, repartidoras de comida, entre otras, se tomaron los puentes de Brooklyn y Manhattan bajo el lema “No más Excluidos” para exigir a la primera gobernadora mujer del estado de Nueva York, Kathy Hochul, que sus demandas sean escuchadas.
Estas nuevas generaciones de mujeres que durante la pandemia del COVID-19 fueron llamadas esenciales, han trabajado arduamente para sacar adelante a sus familias sin importar las gélidas temperaturas de invierno o las bochornosas olas de calor en verano.
Hoy en día, sus testimonios denotan lo que ellas mismas afirman, “sentirse excluidas” por las autoridades, después de quedar fuera del Fondo de Trabajadores Excluidos, al no brindarle protección contra los desalojos, ni poder acceder a los servicios médicos y de salud en pleno apogeo de la pandemia.
Para demostrar cada una de sus necesidades, una coalición de organizaciones comunitarias junto a los miembros de la comunidad, en las últimas semanas se han movilizado por las principales calles de la ciudad de Nueva York exigiendo la aprobación de varios proyectos de ley, incluyendo un aumento de $3,000 millones para el Fondo de Trabajadores Excluidos.
La familia de Socorro Martínez fue una de las afectadas por la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Nueva York, pero debido a su estatus migratorio no recibió ningún tipo de ayuda económica por parte del gobierno federal.
En octubre de 2021 su esposo se contagió con el virus, para esa misma fecha se enteró que existía el Fondo de Trabajadores Excluidos. Sin embargo, ya era demasiado tarde para aplicar a pesar de que ambos eran elegibles.
Para la Sra. Martínez miembro de la organización Cabrini Immigrant Services of NYC’s, la “situación es grave” ya que su esposo, quien estuvo hospitalizado por tres semanas no ha podido regresar a trabajar. Convirtiéndose ella, en cabeza de familia y generando pocos ingresos económicos porque trabaja “solo tres días a la semana” en un momento que la “pandemia sigue en pie”.
Socorro Martínez junto a su esposo se consideran excluidos de toda red de seguridad, a pesar de pagar religiosamente sus impuestos y realizar importantes aportes económicos al estado de Nueva York.
“Demandamos la aprobación de $3,000 mil millones adicionales para el Fondo de Trabajadores Excluidos, demandamos que el programa sea permanente para que nunca más seamos excluidos. Además, reclamamos un seguro de salud para que todas las familias puedan acceder al servicio médico antes de que sea demasiado tarde. Gobernada Kathy Hochul haga lo justo por la comunidad inmigrante y no nos deje en las sombras”, dijo Martínez.
A medida que los contagios de COVID-19 van disminuyendo y mientras que Nueva York se recupera paulatinamente después de haber sido azotada por la pandemia, miles de trabajadores en su mayoría inmigrantes indocumentados, esperan ansiosos ser escuchados por los legisladores estatales para ser incluidos antes de que venza el plazo del presupuesto estatal el 1 de abril.
Su lucha no es en vano, Ángeles Solís, líder comunitaria de la organización defensora de los inmigrantes Make The Road, aseguró que el estado de Nueva York tiene en sus arcas más de $10,000 mil millones extras por imponer impuestos a los millonarios.
Para enfrentar sus necesidades, aspiran que el programa del Fondo de los Trabajadores Excluidos sea permanente en Nueva York, para que las trabajadoras indocumentadas que no aplican para recibir ayuda federal puedan recibir ingresos y soportar cualquier otra crisis.
“Estamos pidiendo que no solo se aumente el fondo, sino también, un seguro de desempleo, porque las personas que trabajan en este país se lo merecen por ser parte de la economía y es injusto que por un número de seguro social no puedan adquirir lo que los otros trabajadores tienen como es un seguro de desempleo fijo”, dijo Miriam Hernández a Impacto Latino.
Durante el pico de la pandemia, las personas indocumentadas fueron las primeras en ser despedidas de sus trabajos, quedando en el desempleo y sin ingresos, enfrentando la debacle económica, la crisis de salud, el hambre y desalojos de sus hogares. Teniendo que recurrir a los bancos de alimentos que ofrecían organizaciones sociales y benéficas en algunos puntos de la ciudad.
Muchos otros, para mantener a sus familias, estuvieron obligados a desafiar directamente la pandemia, convirtiéndose en trabajadores esenciales, por ejemplo, los repartidores de comida, trabajadores del campo, procesadores de alimentos, servicio de limpieza, entre otros, que, por su condición laboral, no podían realizar trabajos a través de la aplicación Zoom.
Los activistas también exigen que la gobernadora Kathy Hochul, apruebe una propuesta de ley conocida como Cobertura para Todos (A880/S1572) que tiene como objetivo principal ampliar la cobertura médica y crear un seguro de salud en todo el estado para los neoyorquinos que están excluidos de la elegibilidad debido a su estado migratorio.
Araceli Torres, residente de Queens y miembro de la organización Make The Road, lleva más de 30 años viviendo en los Estados Unidos y todavía no cuenta con un seguro médico por su estatus migratorio.
Como trabajadora del hogar considera que merece tener acceso y atención médica por las diferentes necesidades que atraviesa y pagar sus impuestos. Actualmente tiene una condición médica.
En su testimonio explicó que por más de 10 años ha vivido con piedras en los riñones y no se los ha podido sacar porque se le hace imposible pagar una cirugía que cuesta miles de dólares en la ciudad de Nueva York.
Su principal preocupación, es no tratar a tiempo sus malestares, lo que podría en un lapso prolongado provocarle una infección severa y perder un riñón. No obstante, esto generaría un costo mayor para el sistema de salud del estado al atenderla de emergencia.
La Sra. Torres junto a su esposo también se quedaron sin ingresos económicos, debido a que sus “jefes abandonaron la ciudad durante la pandemia”, mientras que su esposo quedó desempleado cuando la industria de los restaurantes se paralizó.
“El aumento del Fondo de Trabajadores Excluidos puede cambiar la vida de muchas personas. Así como yo, hay miles de neoyorquinos que sufren por falta de acceso a un seguro médico y enfrentan inseguridad financiera, pero la legislación cobertura para todos y no más excluidos puede ayudar a cambiar eso. Nueva York no funciona si nos excluyen. Por eso estamos aquí para exigir que ambos sean incluidos en el presupuesto estatal”, demandó Araceli Torres.
En la ciudad de Nueva York, a las mujeres inmigrantes y trabajadoras esenciales les rindieron homenaje, pero cuando se trató de cumplirles, las excluyeron de cualquier ayuda para sobrellevar la crisis.
Ese esfuerzo de cientos de trabajadoras en su mayoría indocumentadas no ha sido retribuido económicamente por el gobierno federal, estatal o local, a pesar de que miles de ellas desde que llegaron a los Estados Unidos representan ingresos económicos al país.
No es ningún secreto que durante la pandemia del COVID-19, las comunidades latinas, afroamericanas e inmigrantes fueron la más afectada, representando el mayor índice de contagios y fallecidos, según los datos ofrecidos por varias organizaciones de la ciudad de Nueva York y los números reflejados en el Departamento de Salud del estado.
El pasado 7 de abril después de pasar 23 días en huelga de hambre, los trabajadores excluidos de todo tipo de alivio económico federal fueron incluidos en el presupuesto estatal del estado de Nueva York para el año fiscal 2021-2022 al crear un fondo de $2,1 mil millones de dólares.
Sin embargo, miles de personas en su mayoría inmigrantes indocumentados, quedaron excluidos al no tener la posibilidad de poder aplicar al fondo por diferentes circunstancias y trabas presentadas al momento de la solicitud.
El presupuesto propuesto por la gobernadora Kathy Hochul, que fue presentado a inicios de este año, no incluyó dinero para el Fondo de Trabajadores Excluidos que no han recibido ningún tipo de alivio económico.
Un nuevo informe realizado por la Iniciativa de Investigación de Inmigración, estima que 177,000 personas califican para el Fondo de Trabajadores Excluidos de Nueva York, que desde el año pasado se quedó sin fondos por la alta demanda.
Los trabajadores que quedaron sin empleo, ni ingresos económicos, hasta la fecha según el informe, no han recibido ningún tipo de ayuda económica, y la alta demanda representó la urgente necesidad de las personas en obtener ingresos, de los cuales muchos de ellos, fueron invertidos en deudas pendientes, compra de alimentos o pago retrasados de alquiler.
Dominga Kempes, miembro de la organización Iglesias Unidas por la Vivienda Justa, en una entrevista con Impacto Latino dijo que sí recibió el fondo aprobado el año pasado. Sin embargo, ha participado en varias manifestaciones en apoyo a las personas que “están en espera para recibir la ayuda”.
Aclaró que cuando recibió la ayuda económica le sirvió para “pagar la renta, las facturas pendientes”, y, sobre todo, para “pagar el dinero prestado durante la pandemia”. “Necesitamos que la gobernadora sea consciente para agregar más dinero y la aprobación de un seguro médico para todos porque lo necesitamos”, exigió Kempes.
De los 128,000 trabajadores que recibieron el fondo el año pasado, representó un “salvavidas para aquellos que pudieron acceder a él”. Más del 90% de los aplicantes que cumplían con los requisitos recibieron pagos únicos de $15,600 y otros una suma menor de hasta $3,200.
La coalición del Fondo de Trabajadores Excluidos donde están incluidas varias organizaciones defensoras de los inmigrantes, han anunciado que realizarán una caminata desde la ciudad de Nueva York hasta Albany para presionar a los legisladores y la gobernadora Kathy Hochul la aprobación de varios proyectos de ley que beneficiará a la comunidad inmigrante e indocumentada.
Aseguran que, sí fueron capaces de aguantar 23 días en huelga de hambre, también serán capaces de caminar hasta Albany sin importar las adversidades que se presenten en el camino hasta que su voz sea escuchada.
Los activistas también demandan que las familias de hogares de bajos ingresos que se encuentran en riesgo de desplazamiento, puedan permanecer en sus hogares a través de la aprobación de la legislación “Desalojo por buena causa”.
Las vendedoras ambulantes sin permiso legal para operar exigen ser incluidos en el presupuesto estatal destinado para las pequeñas empresas para que legalicen la venta ambulante pasando las leyes S1175 en el Senado y A5081 en la Asamblea, que quitaría el tope por completo al límite que existe para vendedores de comida y mercancía general.