El gobernador de Rhode Island, Daniel McKee, convirtió en ley el proyecto que prohíbe a los empleadores denunciar o amenazar con denunciar el estatus migratorio de un empleado que haya informado irregularidades o que podría hacerlo, y que entró en vigor de inmediato.

Un comunicado de la Asamblea General del estado informó que con esa acción se enmendó la ley de protección de denunciantes para agregar la denuncia o amenaza por estatus migratorio.

 

La ley, de la autoría del demócrata David Morales, de la ciudad de Providence, prohíbe además amenazas de despido y recortes de salarios, entre otras penalidades al inmigrante, y triplica la cantidad que pueden reclamar por esta práctica los afectados.

Esta nueva ley fue aprobada el pasado 2 de julio y surgió luego de que los sindicatos y grupos comunitarios denunciaran "con demasiada frecuencia" que trabajadores testigos o víctimas de fraude temían denunciar la situación por miedo a que se llamara a las autoridades migratorias.

Los patrocinadores de la ley, que incluyen además a la senadora demócrata Meghan E. Kallman, destacaron que la nueva norma ofrece una mayor protección a todos los empleados y al público porque aumenta la probabilidad de que las actividades laborales ilegales o inseguras sean reportadas de manera apropiada, agrega el comunicado.

La legislación ha contado con el respaldo desde el trámite legislativo de varios sindicatos, el fiscal general Peter F. Neronha, y la Unión de Libertades Civiles de Rhode Island, entre otros grupos. EFE News

Los trabajadores esenciales inmigrantes merecen un estatus legal y protecciones

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