El 14 de febrero para la comunidad inmigrante en Nueva York tuvo un significado muy especial. Estuvo marcado por una serie de actividades luego de la convocatoria realizada por el influencer de padre uruguayo y madre mexicana, Carlos Eduardo Espina, al pedir a los inmigrantes que interrumpan el día de San Valentín y no se presentaran al trabajo, la escuela o las tiendas, como una manera de poner en evidencia el impacto económico que la ausencia de este sector de la población tiene en la economía estadounidense.
La respuesta de las organizaciones a esta convocatoria es en demanda a las promesas de campaña del presidente Joe Biden al trabajar por una reforma migratoria que creara un camino a la ciudadanía para 11 millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven en el país.
Los activistas y defensores de los inmigrantes pretenden crear presión en los legisladores para que se les garantice un estatus legal y se reconozca el trabajo que han venido desarrollando en el país durante varias décadas.
Desde Times Square la directora ejecutiva interina de New Inmigrant Community Empowerment (NICE), Diana Moreno, remarcó que “es nuestro sudor y nuestra mano de obra la que está construyendo este país”. Sin embargo, las autoridades olvidan que, “si quitamos esa mano de obra, todo se detiene, esta economía se paralizaría y este país no podría continuar”, dijo Moreno.
Las principales demandas de los inmigrantes son obtener los mismos derechos y beneficios que tendría cualquier otro residente con documentos legales. Aseguraron que van a continuar luchando “hasta conseguir los derechos que merecemos para todos” y vivir con dignidad en el país al que llaman “hogar”, y al cual contribuyen económica, política y socialmente.
Esta iniciativa lanzada por primera vez en Texas a través de redes sociales tuvo el apoyo de varias organizaciones sociales a nivel nacional y algunos congresistas, entre ellas, Alexandria Ocasio-Cortez. La demócrata de Nueva York reconoció el valor de los inmigrantes en el país, quienes continúan siendo maltratados y se les niega un camino hacia un estatus legal permanente.
“Huelgas, huelgas generales, lo que sea necesario para que la gente se dé cuenta del valor de la mano de obra inmigrante. Apoyo cualquier tipo de acción o esfuerzo para que nuestra comunidad inmigrante y quienes se solidarizan con ellos se comprometan a resaltar la necesidad que tienen en nuestro sistema”, dijo la representante de El Bronx en una entrevista a Latino Rebels.
La Sra. Elsa Samaniego, miembro de la organización Iglesias Unidas por la Vivienda Justa (CUFFH), demandó que se "abran las puertas de una ciudadanía para millones de inmigrantes y que sus voces sean escuchadas".
“No queremos más separación de familias, los inmigrantes hemos aportado a este país, antes, durante y después de la pandemia. Merecemos la ciudadanía. No nos vamos a rendir, no nos vamos a cansar, todos unidos siempre vamos a luchar con más fuerza y poder”, afirmó.
En esta misma lucha varias organizaciones de la ciudad y el estado de Nueva York se reunieron en Union Square para anunciar que realizaran días de acción para presionar a la gobernadora Kathy Hochul y los legisladores estatales la aprobación de legislaciones que beneficiaran a los inmigrantes indocumentados.
Luego de que finalizara la moratoria de desalojos, los activistas demandan garantizar que las familias de hogares de bajos ingresos que se encuentran en riesgo de desplazamiento, puedan permanecer en sus hogares a través de la aprobación de la legislación “Desalojo por buena causa”.
Organizaciones como Make The Road se han planteado varios retos, entre ellos demandar a las autoridades estatales la “necesidad urgente de una segunda ronda para el Fondo de Trabajadores Excluidos (EWF), que se quedó sin recursos rápidamente después de su apertura”.
El histórico fondo aprobado en abril de 2021 representó para la comunidad latina e inmigrante un “salvavidas crítico para aquellos que pudieron acceder a él”, sin embargo, la alta demanda y las diferentes trabas que se presentaron al momento de acceder no permitió que miles de personas tuvieran la misma oportunidad.
Los activistas demandan corregir ese error e “invertir $ 3 mil millones para satisfacer plenamente la necesidad”, de estos trabajadores esenciales.
También exigen que la gobernadora Hochul apruebe una propuesta de ley conocida como Cobertura para Todos (A880/S1572) que tiene como objetivo principal ampliar la cobertura médica y crear un seguro de salud en todo el estado para los neoyorquinos que están excluidos de la elegibilidad debido a su estado migratorio.
Los vendedores ambulantes sin permiso legal para operar exigen ser incluidos en el presupuesto estatal destinado para las pequeñas empresas para que legalicen la venta ambulante pasando las leyes S1175 en el Senado y A5081 en la Asamblea. Que quitaría el tope por completo al límite que existe para vendedores de comida y mercancía general.
“Le pedimos a las autoridades que escuchen nuestra voz. Nosotros queremos los permisos, no cuantificados sino permisos abiertos de tal manera que las personas que no tienen cómo llevar el pan de cada día a sus casas puedan tener el permiso que les permita trabajar dignamente para llevar el pan de cada día a su casa”, demandó Elsy López, Vendedora ambulante de Queens.
La aprobación de la reforma migratoria, un reto humanitario para las autoridades