En diciembre de 2021 los miembros del Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York con una abrumadora mayoría aprobaron una legislación histórica que permitía a más de 800.000 personas no ciudadanos poder votar en las elecciones locales de la ciudad.
La legislación “Nuestra ciudad, nuestro voto” entró en vigor automáticamente en enero de este año, siendo una medida histórica a nivel nacional que generó varios desafíos legales por parte de algunos miembros del partido republicano.
Autoridades electas y líderes políticos republicanos encabezados por el presidente del Condado de Staten Island, Vito Fosella, presentaron estratégicamente una demanda en la Corte Suprema estatal del Condado de Richmond, argumentando que la expansión del electorado en la ciudad era ilegal, según la constitución estatal y la ley electoral estatal.
Al momento de presentar la demanda en enero de este año el presidente del Partido Republicano del estado de Nueva York, Nick Langworthy, dijo a través de un comunicado de prensa que prometerían utilizar todas las “herramientas legales para bloquear esta ley inconstitucional y antiestadounidense”.
Juez falló en contra de la ley La medida que se había convertido en una esperanza entre los demócratas para que otras ciudades del país la replicarán, llegó a su fin este lunes 27 de junio cuando un Juez del Tribunal de primera instancia dictaminó anular la Ley Local 11-2022.
El fallo emitido por el Juez, Ralph Porzio, favoreció a los demandantes diciendo que esta nueva legislación es ilegal y viola la constitución estatal, que sólo prevé que los ciudadanos estadounidenses voten, además de infringir la ley electoral del estado de Nueva York y la ley de autonomía municipal.
“La Constitución del estado de Nueva York establece expresamente que los ciudadanos que cumplan con los requisitos de edad y residencia tienen derecho a registrarse y votar en las elecciones”, expresa parte de la decisión del Juez.
El informe publicado por el Juez 7 meses después de disputas legales entre los defensores de la legislación establece que “la ciudad de Nueva York no tiene capacidad legal para emitir leyes inconsistentes que permitan a los no ciudadanos votar y exceder la autoridad que le otorga la Constitución del Estado de Nueva York.
Aunque votar es un derecho que muchos ciudadanos dan por sentado, la ciudad de Nueva York no puede ‘obviar’ las restricciones impuestas por la constitución”, indicó Porzio en su escrito.
Con esta decisión el Sr. Porzio, ha silenciado las voces de casi un millón de inmigrantes legales en la ciudad de Nueva York que eran elegibles de registrarse para votar en las elecciones locales a partir de diciembre.
Los beneficiarios de esta legislación como personas que forman parte del programa DACA, expresaron su frustración porque les han arrebatado un derecho a ser parte de un proceso democrático en la ciudad.
Estos mismos individuos que viven en alguno de los 5 condados han querido tener una voz dentro del sistema, son quienes también por años han pagado sus impuestos.
La beneficiaria de DACA, Eva Santos, quien ha vivido por más de 25 años en El Bronx compartió con Impacto Latino que los inmigrantes de la ciudad han contribuido de diferentes maneras a esta ciudad realizando trabajos esenciales que los ciudadanos no realizarían.
Eva Santos, organizadora comunitaria y madre de tres hijos, desde que llegó siendo una niña de República Dominicana, ha vivido con temor a que sus derechos en la única ciudad que ha vivido y la que llama su “hogar” sean vulnerados.
Cómo neoyorquina ella aspiraba ser igual que cualquier otra persona en esta ciudad, y poder elegir a sus representantes para que puedan tomar decisiones que tengan en cuenta su futuro, su seguridad y los mejores intereses de sus hijos.
Es ese mismo sentir de muchos otros padres de familia que también se hubieran visto beneficiados con esta legislación.
“Una vez más, enfrentamos ataques a nuestros derechos. Todos merecemos el derecho a tomar decisiones sobre nuestro futuro. Creo que el derecho al voto sería un paso adelante para garantizar que esto se haga realidad para todos los neoyorquinos, independientemente de nuestro estatus migratorio, el derecho a que se escuchen sus voces y a elegir personas que representen los valores e ideales por los que luchamos como comunidad”, expresó Santos.
Para los defensores de esta legislación, los políticos republicanos buscaron intencionalmente un Tribunal específico para su demanda porque sabían que en ese espacio encontrarían la puerta que les abriría el camino a un fallo favorable, sin importar que estos neoyorquinos que están construyendo sus vidas aquí e invirtiendo en nuestras comunidades tengan voz en la democracia local de la ciudad.
¿Quiénes eran los beneficiados de la legislación?
Cuando se presentó el proyecto de ley local se pretendía enmendar los estatutos electorales de la ciudad de Nueva York que permitiría a los inmigrantes con residencia permanente, permiso de trabajo, beneficiarios de DACA y TPS, poder ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales para los cargos de Alcalde, Contralor, Defensor Público, miembros del Concejo Municipal y Presidente de Condado.
Esto representaba un proceso trascendental para la política de la ciudad de Nueva York, al pretender realizar un cambio en los derechos civiles y electorales de los miles de residentes permanentes que viven en la ciudad.
Algunos legisladores que aprobaron la ley habían calificado a la ciudad de Nueva York como modelo a seguir por otras ciudades. Colocándose a la vanguardia como la ciudad más grande del país en otorgar el derecho al voto a los no ciudadanos.
La legislación indicaba que antes de votar, los electores primero tienen que haber cumplido con todos los requisitos de registro, según lo dispuesto en la junta electoral de la ciudad de Nueva York para registrar nuevos votantes. Esta ley no se aplicaba a elecciones estatales o federales.
Los defensores de la Ley Local 11-2022 y una coalición de organizaciones después de que los republicanos presentaron la demanda defendieron la legislación en la Corte Suprema del Condado de Richmond (Staten Island), para intervenir en el proceso y defender que este sector de la población sea escuchado.
Incluso algunos miembros del Concejo Municipal de la ciudad le habían pedido al alcalde Eric Adams que incluyera $25 millones en el presupuesto fiscal de este año para implementar la legislación al trabajar en la divulgación y educación de los nuevos votantes, aumentar el acceso al idioma y los servicios de traducción.
Este fallo despoja de sus derechos a la estudiante de leyes, Emili Prado, quien defendió ante los tribunales cómo la no aprobación de esta legislación le pondría obstáculos que durante mucho tiempo han sido víctimas los inmigrantes.
A pesar de que Emili desde que llegó a la organización comunitaria La Colmena ha realizado trabajo comunitario e incluido en varias campañas como apoyar el llenado del Censo y que los jóvenes voten en las elecciones presidenciales del año pasado, dijo sentirse decepcionada por la decisión de la Corte, sin embargo, “no sorprendida”.
La beneficiaria de DACA que llegó siendo una niña de su natal México, reclamó que cuando la ciudad necesita nuestros trabajos o nuestros impuestos, los toman con gusto.
Se llevan alegremente el trabajo que tanto nos cuesta. Sin embargo, cuando personas como Emili desean tener una voz en las elecciones municipales y ser partícipes de lo que afecta directamente a sus barrios, les niegan ese derecho.
“El sistema nos ha fallado una vez más. Nos dieron nuestro derecho al voto y luego lo tomaron de vuelta. Entonces no podremos tener voz en las elecciones municipales. No podremos elegir quién toma las decisiones por nuestros hermanos, nuestros hijos, por el futuro de nuestra comunidad”, dijo Emili Prado a Impacto Latino.
Fallo de la Corte un asalto a la democracia
Si bien en la ciudad de Nueva York se vive una democracia, esta, no es suficientemente sólida, debido que más de 800.000 neoyorquinos, a pesar de trabajar aquí y pagar miles de millones de impuestos cada año, no tienen voz al momento de elegir a sus autoridades.
Desde el punto de vista del significado de las cosas, la Ley Local 11-2022 resaltaba ese proceso electoral que nos permite tener una profunda aproximación a los candidatos políticos y sus programas de gobierno que afectan o benefician a la comunidad dentro del mundo sociopolítico.
Este fenómeno democrático de participación ciudadana refleja la nueva mirada y la visión política de una ciudad que va más allá del acto de adhesión hacia un liderazgo, sino más bien, en un intercambio valórico en donde los electores buscan construir y reforzar su identidad en sus deseos, sus miedos, sus necesidades, y que los políticos, sin duda, están dispuesto a satisfacer en mayor medida.
Los republicanos con esta decisión se han apuntado una importante victoria política, porque según el líder de la minoría del Concejo Municipal, Joseph Borelli, dijo que “el voto de los no ciudadanos en Nueva York es ilegal y es una vergüenza para aquellos que pensaron que podían eludir la ley para obtener ganancias políticas”.
Los argumentos del Sr. Borelli se basa en lo que indicó el Juez en su fallo al escribir que “la ciudad de Nueva York no tiene capacidad legal para emitir leyes inconsistentes que permitan a los no ciudadanos votar y exceder la autoridad que le otorga la Constitución del Estado de Nueva York”.
Según indicó el Juez, se requeriría de un referéndum para otorgar a los no ciudadanos los derechos de voto previstos en la legislación.
El alcalde, que apenas tenía unos días en el cargo, no firmó ni vetó el proyecto de ley lo que permitió que se convirtiera en ley después de 30 días.
Después del fallo un portavoz de su oficina Fabien Levy, respondió diciendo que la ciudad estaba decepcionada y evaluando sus próximos pasos”
“La ley de votación para no ciudadanos traería a miles de neoyorquinos más al proceso democrático y les daría una verdadera voz para determinar su futuro y el futuro de sus comunidades”, dijo Levy.
¿Qué viene después del fallo de la Corte?
Los defensores de la legislación estaban preparados sobre esta decisión, calificándola de “un momento sombrío”. Durante una conferencia de prensa frente al Ayuntamiento Municipal dijeron estar inundados de emociones que son difíciles de expresar en palabras.
Después de que los republicanos presentaron la demanda, los abogados de Latino Justice que defendieron la ley, esperan que los tribunales “reconozcan y reivindiquen” el derecho a participar en la democracia de la ciudad de Nueva York porque según explicaron fue una decisión con ningún compromiso sustantivo, en favor de los demandantes.
“Esto representa un enorme retroceso para nuestra democracia, y es una flagrante contravención de la voluntad del pueblo como acto de guerra. No se puede ni se aceptará. Estamos al lado de nuestros clientes y de los miembros de la comunidad afectados en estos momentos difíciles”, aseguró Cesar Z.
Ruiz, miembro legal de Equal Justice Works de Latino Justice. El abogado que también trabaja en el área de derechos del voto y redistribución de distritos aseguró que el sistema al que está inmerso la ciudad no ha sido construido para los inmigrantes, por ello, se comprometió a “seguir luchando en los tribunales y más allá”, porque no permitirá que ganen quienes pretenden suprimir las voces de los inmigrantes que han construido este país.
Los abogados prometieron durante una conferencia de prensa que apelarán el fallo, argumentando que, aunque la Constitución del Estado estipula que los ciudadanos pueden votar, tampoco excluye explícitamente del voto a los no ciudadanos de la ciudad de Nueva York.
“La Constitución del estado es el piso, no el techo, de quién puede tener derecho al voto. Vamos a seguir luchando para que casi un millón de neoyorquinos que están construyendo sus vidas aquí e invirtiendo en nuestras comunidades puedan opinar sobre su democracia local”, afirmó Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York.
El concejal Shekar Krishnan de Jackson Heights y Elmhurst Queens aseguró en una entrevista a Impacto Latino que como representante de uno de los barrios más diversos y vibrantes del mundo va a continuar en esta lucha porque esta decisión es “directamente un ataque a nuestros derechos civiles como comunidades de inmigrantes”.
Calificó el fallo como “injusto e inaceptable” y junto a la coalición de “Nuestra ciudad, nuestro voto”, que por años ha venido trabajando en la aprobación de la legislación, van a interponer una apelación y demostrar que la “Corte está totalmente desconectada con la realidad de nuestra ciudad. Es la hora que la Corte nos reconozca nos vea y no vamos a dejar de luchar hasta que ganemos”, aseguró Shekar Krishnan.
A pesar de la decisión de la Corte, que prácticamente se conocía el resultado en función del lugar donde se presentó la demanda, los abogados mantienen la esperanza porque hay más niveles de apelación y cómo continuar en este proceso.
También porque cuentan con el respaldo de la población y de la mayoría de los concejales de la ciudad que reconocen que esta legislación es fundamental para escuchar las voces de quienes habitan en los distintos barrios de la ciudad.