
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) informó hoy que presentará su informe sobre la crisis de Nicaragua el viernes en Washington, luego de que el Gobierno de Daniel Ortega impidió que se divulgara en territorio nicaragüense.
"Lo vamos a tener que presentar en Washington, no aquí, como corresponde (...) lamentablemente el Gobierno no dejó que lo presentáramos", dijo el coordinador del GIEI, el italiano Amerigo Incalcaterra.
El GIEI esperaba presentar el informe la mañana de este jueves en Nicaragua, pero el Gobierno se adelantó a expulsar del país a los expertos un día antes de la presentación, junto con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
Los miembros del GIEI, Incalcaterra, Claudia Paz y Paz (Guatemala), Sofía Macher (Perú), y Pablo Parenti (Argentina) coincidieron en que preferían presentar el informe en Nicaragua, ya que es en este país donde se encuentran las víctimas.
El informe, de 460 páginas, incluye investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos entre el 18 de abril y el 30 de mayo, período que corresponde con la primera etapa de la crisis.
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La CIDH y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Organismos humanitarios locales elevan la cifra de muertos hasta en 545, y cuentan 674 presos, mientras el Gobierno reconoce 199 víctimas y 273 reos, que califica de "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
Ortega rechaza la responsabilidad y dice haber superado un intento de "golpe de Estado", aunque la Acnudh y la CIDH lo han desmentido.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones. EFE



























