El proceso de expropiación de tierras para construir un muro en la frontera con México, ha iniciado con el envío de cartas de intención a los propietarios, y que ahora se presenta como un importante obstáculo mayor para que la gran promesa electoral del presidente Donald Trump, se haga realidad.
"El problema casi siempre consiste en la cantidad de dinero que el gobierno ofrece como compensación a los dueños de estos terrenos, por lo general siempre quieren pagar poco"dijo Anthony L. Francois, directivo de la Fundación Legal del Pacífico.
Aunque Trump ha declarado públicamente que proyecto promesa avanza rápidamente, el primer tropiezo para construir un muro y frenar la inmigración indocumentada y el tráfico de drogas, puede ocurrir en la población fronteriza de Los Ébanos en Texas.
Allí los dueños de terrenos cercanos a la línea fronteriza están recibiendo ya la notificación de la comprar a precios "justos" parte de sus tierras por parte de gobierno para dar inicio a la obra.
Algunos de los propietarios ya buscan asesoría legal para evaluar sus opciones, al considerar injusto los 2.900 dólares que le ofrecieron por un acre de su propiedad, que tiene una superficie total de veinte acres.
El muro, que el gobierno estima tendrá un costo de unos 21.600 millones de dólares, busca completar vallas ya construidas en la línea fronteriza, que tiene una extensión de 1.952 millas y comprende cuatro estados: California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Pero antes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tendrá que negociar con los propietarios de terrenos situados en la zona fronteriza.
Francois indicó que las negociaciones son complicadas ya que, además de la venta de terrenos, involucran otros factores como el acceso a las propiedades por parte del gobierno.
Precisó que se deben considerar factores como el uso de maquinaria pesada, la presencia de trabajadores, el ruido y en general la forma como serán compensadas estas familias por esas molestias.
Agregó además que es previsible que los dueños inconformes "inunden" las cortes con procesos legales.
Eloísa Tamez, por ejemplo, tardó siete años en resolver un litigio contra el gobierno de George W. Bush (2001-2009) para la venta de un solo acre de su propiedad para facilitar la construcción de una cerca en el condado de Cameron (Texas).
Al final, el gobierno tuvo que pagarle 56.000 dólares por un cuarto del acre (0,1 hectáreas) e instalar una puerta automática que se abre con un código para que Tamez pueda acceder al resto de su terreno en México.
Sin embargo, al parecer, el gobierno de Trump, que se propone construir un muro de 9,15 metros de altura, ya está preparando el terreno legal.
Su propuesta de presupuesto para 2018 incluye la contratación de 20 abogados para ayudar al gobierno federal a "obtener la tierra y los recursos necesarios para asegurar la frontera sur".
La Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense faculta al gobierno federal a expropiar los terrenos que requiera para proyectos, pero también indica que se debe compensar a los propietarios.
"Sin duda la construcción del muro fronterizo podría enfrentarse a muchos retos legales. Será interesante ver las decisiones que tomen los tribunales al respecto", manifestó Francois.
Algunos de esos pleitos legales serán con reservas indígenas, como los Tohono O'odham, cuyos líderes han expresado su oposición a la obra.
Esta tribu, establecida en parte de la línea fronteriza en Arizona, cuestiona que el muro separaría a los integrantes que viven del lado mexicano de sus tierras ceremoniales y cementerios.
Dentro de su propuesta de presupuesto, Trump solicita 1.500 millones de dólares al Congreso para comenzar la construcción del muro este año y 2.600 millones adicionales para 2018.
Actualmente en unos 1.300 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México hay una cerca simple; en 60 kilómetros existe una cerca doble y en 22,5 kilómetros) la valla de separación es triple, según la Oficina estadounidense de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).