El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y el asambleísta Harry Bronson anunciaron hoy la aprobación de una legislación para garantizar que todos los profesionales y trabajadores contratados en proyectos de construcción que reciben financiamiento público o incentivos públicos reciban el salario prevaleciente.
“Es una vergonzosa realidad que a los trabajadores se les pague menos que las tarifas competitivas por su trabajo, especialmente en proyectos de obras públicas”, dijo el presidente de la Asamblea Heastie. “Todos los trabajadores merecen que se les pague un salario justo y con el que se pueda vivir que no erosione el valor de su trabajo ni ponga en peligro sus medios de subsistencia”, añadió Heastie.
“Este proyecto de ley presenta una línea dura contra los contratistas que disfrutan de los beneficios de los contratos estatales, subvenciones y otros incentivos mientras se aprovechan de los trabajadores que hacen posibles estos proyectos”, dijo el asambleísta Bronson, el patrocinador de la legislación. “Al definir claramente la intención de la legislatura de proteger a los trabajadores y garantizar que reciban un salario justo y digno, podemos eliminar la ambigüedad que permite que continúe la explotación y evitar costosos litigios derivados de disputas salariales después del hecho”.
La Constitución del Estado de Nueva York requiere el pago del salario prevaleciente en todos los proyectos de obras públicas. Debido a décadas de debate y opiniones judiciales estrechamente aplicadas sobre la definición de lo que es una “obra pública, ha habido incoherencia en la implementación del requisito del salario predominante, en detrimento de los trabajadores. El proyecto de ley 5498-A (Bronson) restablecería la intención constitucional de la ley de salario vigente al establecer una definición clara de trabajo público que incluya cualquier proyecto de construcción pagado en su totalidad o en parte con fondos públicos. Según el proyecto de ley, los “fondos públicos” incluirían los pagos de dinero, la emisión de bonos y donaciones emitidos por el estado, una entidad pública o un tercero que actúe en nombre de un tercero, la transferencia de un activo público por un valor de mercado inferior al justo, así como ciertos préstamos, créditos fiscales y otras formas de subsidios públicos.
Además, el proyecto de ley:
•proporciona estándares para la aplicabilidad del salario prevaleciente a ciertos proyectos de beneficio público realizados bajo contrato privado;
•proporciona exenciones para los propietarios y ciertas organizaciones sin fines de lucro;
•eximir proyectos de viviendas asequibles en los que al menos el 75 por ciento de las unidades sean accesibles para familias que ganen hasta el 60 por ciento del ingreso medio del área;
•excluye proyectos que son elegibles para recibir beneficios bajo el programa 421-a;
•aclara los requisitos de aviso para los sitios de trabajo;
•establece pautas para la imposición de órdenes para detener los trabajos por violaciones a la ley de salarios vigente por parte del Departamento de Trabajo; y
•proporciona directrices para la continuación del trabajo una vez que las disputas se hayan resuelto suficientemente.
Las leyes federales y estatales de salario prevalecientes se promulgaron para garantizar que los proyectos de construcción pública no reduzcan los salarios y eliminen a los trabajadores de importantes beneficios complementarios como seguro de salud, límites salariales y horarios y otras protecciones. Si se aprueba, esta medida resolvería disputas de larga duración sobre el alcance del salario prevaleciente y proporcionará un estándar claro en el futuro que dificultará que los contratistas inescrupulosos paguen menos a los trabajadores en proyectos con apoyo público.