El sábado 15 de enero finalizó la moratoria de desalojos en Nueva York, lo que podría permitir a los tribunales de vivienda abrirse camino para avanzar en el cúmulo de casos por resolver que tienen apiñados en sus escritorios sobre las “ordenes de desalojo”.
Autoridades electas y grupos defensores de vivienda sabían que este recurso sería provisional, pero el día después de esta fecha, marca un momento crucial hacia una batalla política muy tensa, en la que los inquilinos continúan obteniendo protecciones legales que les permite mantenerse en sus hogares, mientras se sobrelleva esta crisis.
Una batalla que organizaciones sociales defensoras de los inquilinos están lidiando desde antes que llegara esa fecha, para que conozcan sus derechos, especialmente porque “los caseros” se apresuran a tocar las puertas de las personas que podrían enfrentar posibles desalojos.
Esta crisis gradual que se ha aferrado contra las comunidades más vulnerables, especialmente latinas y negras, parece no dar tregua en un momento en que los inquilinos tienen pocas protecciones reales y la pandemia del COVID-19 continúa generando estragos en Nueva York.
Desde que Nueva York se convirtió en el epicentro de la pandemia mundial, ha sido difícil poder descifrar este virus y sus diferentes mutaciones que ha generado una crisis de salud pública y consecuencias graves en miles de familias que quedaron sin empleos, ni ingresos económicos, por ende, sin la posibilidad de poder pagar la renta.
El durante y el después, de esta crisis de vivienda es para muchos líderes y autoridades electas la crisis central que está vinculada a otras crisis que enfrentan los neoyorquinos día a día más allá de los tribunales y echar a las personas a las calles podría provocar un aumento de la delincuencia, problemas de salud mental, aumento de personas contagiadas, etc.
Si es importante reconocer que el Programa de Asistencia de Emergencia de Alquiler (ERAP), se había convertido en un salvavidas para que miles de familias no estuvieran expuestas a situación de calle o a una situación precaria de vivienda.
En marzo de 2020 cuando se declaró la emergencia sanitaria en Nueva York, los inquilinos han pasado por un ciclo interminable de vencimientos y extensiones de última hora de la moratoria de desalojo, causando pánico y ansiedad en personas que han estado al borde de perder sus hogares.
La moratoria se implementó durante la administración del exgobernador Andrew Cuomo, y desde esa fecha se extendió varias veces el año pasado. La actual gobernadora Kathy Hochul la extendió desde el primero de octubre de 2021 hasta el 15 de enero de 2022.
Según la Asociación para el Desarrollo de Vecindarios y Viviendas, en Nueva York, los inquilinos deben entre $10,000 a $15,000 en pago de renta, siendo los barrios predominantemente latinos de los condados de El Bronx, Brooklyn y Queens los más afectados, y quienes han tenido y enfrentan actualmente la mayor cantidad de casos de desalojos.
La situación entre los inquilinos de perder su vivienda y los propietarios a realizar desalojos “pintan un retrato sombrío” en el estado de Nueva York, sobre todo, entre quienes aplicaron o no al Programa de Asistencia de Emergencia de Alquiler, después de quedarse sin fondos.
Un día antes que finalizara la moratoria de desalojos, decenas de personas se tomaron las principales calles de la ciudad en Manhattan, exigiendo la extensión de la moratoria de desalojos, al menos hasta junio de este año.
“Nos encontramos en estos momentos aquí sin importar las edades, aquí están personas de la tercera edad que deberían estar descansando en sus hogares. Queremos soluciones reales que realmente otorguen los fondos necesarios para tu programa”, demandó Ana Gálvez a la gobernadora Hochul.
La Sra. Gálvez residente de El Bronx y miembro de la organización CASA, estuvo entre los manifestantes y gritó a través de un megáfono frente a la oficina de la gobernadora Hochul en Manhattan que van a continuar en las calles “porque todos tenemos una historia. Lo que necesitamos es una solución y no desalojos”, agregó.
CÓMO EVITAR UN DESALOJO
Es importante tener en cuenta que Nueva York aún brinda sólidas protecciones para que los inquilinos no puedan ser desalojados arbitrariamente y varias organizaciones ofrecen una serie de recomendaciones.
Si las personas tienen dudas sobre qué hacer, si su acceso a computadoras o internet es limitado, las personas pueden llamar a la línea directa de Respuestas sobre la Corte de Vivienda (Housing Court Answers): 212-962-4795 para consultas y apoyos individuales.
Si bien antes del 15 de enero, en Nueva York había una ley que decía que, si presentaba una Declaración de Dificultades, no podía ser desalojado, esta ley ha finalizado, lo que significa que ahora los casos de desahucio y desalojos pueden proceder.
No obstante, existen protecciones relacionadas a COVID-19 que podría aplicar para miles de personas.
Días antes que finalizara la Moratoria de desalojos se anunció que el portal web de aplicaciones del Programa de Asistencia de Emergencia de Alquiler (ERAP) del estado de Nueva York reabrió sus solicitudes, luego de que la Jueza de la Corte Suprema del Estado, Lynn Kotler, emitiera una orden judicial que ordena a la Oficina de Asistencia Temporal y Discapacidad (OTDA), reabrir las solicitudes para el alivio de renta.
Si bien en estos momentos el programa no cuenta con los fondos, las personas que soliciten un alivio de alquiler esencialmente están protegidos mientras su solicitud se encuentra pendiente para ser procesada en los tribunales de vivienda. Cualquier caso de desalojo actual se detendrá, mientras se esté procesando su solicitud de ERAP.
El casero no puede demandarle en caso de toma de posesión sin causa (no-cause holdover) durante 1 año excepto en edificios con 4 unidades o menos donde el propietario o miembro de su familia quiere ocuparlo inmediatamente, y excepto donde el propietario diga que el inquilino intencionalmente causa daños significativos a la propiedad, persiste en una conducta que infringe en otros inquilinos o crea un peligro sustancial para la seguridad de los demás.
En pleno apogeo de la pandemia se aprobó una ley estatal que evita los desalojos en algunos casos para aquellos que enfrentan dificultades financieras. La Ley de Refugio Seguro para Inquilinos (Tenant Safe Harbor), permite que los inquilinos presenten las dificultades económicas por causa del COVID-19 como defensa en casos de impago de renta, si se les demanda por deudas que originan entre el 7 de marzo, 2020 y el 15 de enero de 2022.
Los inquilinos deben demostrar en la corte que el COVID-19 les perjudicó financieramente. Si la corte decide que el inquilino demostró su dificultad económica, los caseros no pueden desalojarlo por ese dinero que debe. Pero sí que pueden iniciar casos de desalojo y obtener adjudicaciones monetarias en la corte.
En caso de que las personas tengan una fecha en la Corte sobre su caso de desalojo, los defensores de vivienda recomiendan que no se mude y luche contra su desalojo. Aunque hayan expirado las protecciones del inquilino el pasado 15 de enero, esto no significa que tenga que mudarse.
Para este proceso recomiendan que utilice el Derecho a un Abogado (RTC) para luchar contra su desalojo. Según la ley de derecho a un abogado (RTC) de la ciudad de Nueva York, los servicios legales son gratuitos, están disponibles en todos los códigos postales y están disponibles independientemente del estado migratorio.
Los inquilinos en la ciudad de Nueva York pueden llamar al 718-557-1379 o 212-962-4795 de lunes a viernes desde las 9:00 A.M. hasta las 5:00 P.M. donde se pueden conectar con un abogado de RTC.
Si las personas no pueden pagar la renta, además de la solicitud en línea del Programa de Emergencia de Asistencia de Alquiler https://otda.ny.gov/ERAP, pueden llamar a la línea telefónica de ayuda con la asistencia de renta al teléfono: 1-844-NY1-rent (1-844-691-7368)
En la ciudad de Nueva York, los inquilinos pueden solicitar a la Administración de Recursos Humanos (HRA) una ayuda única (One Shot Deal), para cubrir los atrasos de renta. Esto puede ser útil si usted no recibe ayuda a través de ERAP o si los fondos de ERAP no cubren toda la renta que debe.
Según la página oficial de la ciudad, para obtener el One Shot Deal, no es necesario demostrar que su deuda de renta está relacionada con la pandemia. También puede calificar para un subsidio de alquiler continuo bajo el programa FHEPS de la ciudad de Nueva York.
Los defensores de vivienda recomiendan que obtener representación de Derecho a un Abogado es una buena manera de acceder a todos estos tipos de asistencia de renta.
En Nueva York se han dado casos que el propietario de la vivienda le impide el acceso a una persona. Si los “caseros” realizan este acto, los inquilinos pueden solicitar que le permitan reingresar a su hogar ante una corte de emergencia.
Se recomienda que llame a Housing Court Answers: 212-962-4795 para que le refieran a un proveedor de servicios legales gratuitos.
Independientemente de su estado migratorio, es ilegal que alguien lo presione u obligue a abandonar su hogar sin pasar por un proceso judicial formal. Llame al 311 y solicite la Línea de ayuda para inquilinos para obtener más información sobre sus derechos.
Los abogados defensores de los inquilinos recomiendan que es importante responder a todos los avisos oficiales enviados por la Corte, incluso si presentó una declaración de dificultades económicas o una solicitud de ERAP.
Llame al 311 y solicite la Línea de ayuda para inquilinos para conectarse con un abogado gratuito o asesoramiento legal si recibió un Aviso de desalojo.
DEMANDA PARA MÁS FONDOS
Según el Laboratorio de Desalojos de las 81,530 presentaciones de demandas a inquilinos en Nueva York desde el inicio de la pandemia 28,541 se presentaron en el condado de El Bronx, 21,152 en Brooklyn, 15,405 en Manhattan, 14,814 en el condado de Queens y 1,618 en el condado de Staten Island.
El estado de Nueva York ha recibido más de 291,000 solicitudes para un programa de alivio de alquiler por la pandemia desde el verano pasado y el programa de $2.4 mil millones no tiene fondos.
Según la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad (OTDA) se han entregado unos mil millones de dólares, y se han comprometido otros $ 1.1 mil millones, sin embargo, no se han pagado hasta que el estado reciba documentación adicional por parte de los propietarios. Pero más de 70,000 solicitudes pendientes podrían quedar en el limbo sin más fondos federales.
En las últimas semanas la agitación social se ha incrementado en la ciudad de Nueva York con varias manifestaciones exigiendo más fondos.
El Defensor Público de la ciudad de Nueva York, Jumaane Williams, demandó que los desalojos “no se pueden permitir en pleno invierno y durante una ola de COVID-19… esto no puede ocurrir”, al mismo tiempo, dijo que “debemos aprobar el desalojo por buena causa que mantendrá a familias fuera de las calles y salvará vidas”.
Para la asambleísta de origen peruano, Marcela Mitaynes, quien ha sido una fiel defensora de los derechos de los inquilinos, evitar los desalojos se ha convertido en una lucha personal, luego de que ella junto a su familia fueran desalojadas de su apartamento en 2006.
Durante una manifestación en Manhattan dijo: “Estoy aquí porque aquí es donde tengo que estar. Tenemos que responder por la clase pobre, obrera y los inquilinos, es una lucha para todos. Que la gobernadora nos escuche. No se puede permitir un desalojo más”.
LEY DE DESALOJO POR BUENA CAUSA
Mantenerse en los hogares es incierto y varios legisladores estatales quieren ir más allá y defender a los inquilinos luego de que el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERAP), se quedara sin fondos.
Aspiran a realizar protecciones permanentes y a largo plazo al demandar la aprobación del proyecto de ley de Desalojo por Buena Causa, patrocinado por la senadora Julia Salazar y la asambleísta Pamela Hunter (A.5573/S.1603).
Esta legislación se refiere a la prohibición del desalojo sin causa justificada y permite otorgar a los inquilinos el derecho a permanecer en sus hogares y la capacidad de desafiar los aumentos de alquiler exorbitantes.
El Contralor de la ciudad también demandó que es necesaria la aprobación de la Ley de Desalojos por Buena Causa, ya que esta, no permitirá echar a las “personas de sus casas” y protegería a “las madres, los niños y las familias de esta ciudad”, dijo Bran Lander.
Esta legislación limitaría las razones que los propietarios podrían usar para desalojar a los inquilinos, protegiendo a aquellos que no pueden pagar aumentos de alquiler “irrazonables”.