Desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de los Estados Unidos en enero de 2025, su administración no ha perdido tiempo en reinstaurar una política migratoria de “tolerancia cero” que recuerda —y en muchos aspectos intensifica— las medidas más duras de su primer mandato.
Bajo el lema renovado de “restaurar el orden en la frontera y en el interior”, el nuevo gobierno ha dado luz verde a agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para actuar con mayor amplitud, discreción y autonomía en todo el territorio nacional.
Una de las estrategias más notorias y preocupantes de esta etapa es la intensificación de la vigilancia y detención de inmigrantes que acuden voluntariamente a sus audiencias en cortes migratorias. A diferencia de operativos en domicilios o centros de trabajo —que pueden ser más visibles o generar reacciones mediáticas— estas acciones se desarrollan en entornos que, en teoría, están diseñados para garantizar el debido proceso y la justicia.
Lo que ha sorprendido e indignado a defensores de derechos humanos y abogados migratorios no es solo la táctica en sí, sino la velocidad y agresividad con la que se ha reactivado desde los primeros días del nuevo mandato.
La instrucción ha sido clara: utilizar todos los recursos legales disponibles para detener y procesar a personas sin estatus migratorio regular, sin importar si están participando activamente en procedimientos legales para resolver su situación.
Esta política ha generado un ambiente de temor, confusión y desprotección, especialmente en ciudades con alta densidad de población inmigrante como Nueva York, Los Ángeles, Houston y Miami. En estos lugares, donde miles de personas se presentan cada semana ante jueces migratorios, la presencia silenciosa pero constante de ICE ha sembrado un mensaje implícito pero devastador: “presentarse a corte también puede costarte la libertad”.
En el caso de Nueva York, la situación es particularmente grave. Aquí convergen múltiples comunidades inmigrantes —latina, caribeña, africana, asiática y del Medio Oriente— que confían en el sistema judicial para resolver peticiones de asilo, TPS, visas humanitarias o ajustes de estatus.
Sin embargo, el simple acto de entrar a una corte se ha transformado en un riesgo calculado, en una decisión entre avanzar legalmente o exponerse a una posible detención y deportación.
Este resurgimiento de la vigilancia institucionalizada dentro y fuera de los tribunales representa no solo una táctica migratoria, sino un reto profundo al principio del debido proceso y a la integridad del sistema judicial estadounidense. Cuando la ley se convierte en una trampa, la confianza se quiebra, y el miedo se convierte en ley no escrita.
Un patrón silencioso, pero evidente
La nueva política no fue anunciada con bombos y platillos. No apareció en conferencias de prensa ni en comunicados oficiales. Simplemente comenzó a sentirse en la práctica: agentes de ICE patrullando las inmediaciones de los tribunales, deteniendo personas al salir de sus audiencias, y utilizando bases de datos internas para identificar quién estaría presente en un tribunal determinado.
En Nueva York, esto ha sido especialmente notorio en el tribunal de inmigración de Federal Plaza en Manhattan y en la corte de Varick Street, donde abogados y defensores han reportado un aumento marcado de la presencia de ICE desde marzo de 2025. En muchos casos, los agentes no entran directamente a las salas de audiencias, pero esperan fuera, en los vestíbulos, entradas o incluso a media cuadra del edificio, observando, siguiendo y deteniendo.
Los inmigrantes, incluso aquellos sin antecedentes penales o que están intentando regularizar su estatus de manera legítima, se han convertido en blanco de un sistema que ahora trata el cumplimiento de la ley como una oportunidad de captura.
La vigilancia como arma: redefiniendo la justicia migratoria
ICE ha recuperado herramientas que habían sido limitadas o suspendidas durante el periodo previo. Una de ellas es la vigilancia activa de personas en procesos legales, justificada por la supuesta necesidad de ejecutar órdenes de deportación pendientes o prevenir "fugas". Sin embargo, lo que se presenta como una operación técnica es, en la práctica, una estrategia deliberada de intimidación, que ha alterado radicalmente el sentido del sistema migratorio.
Muchos abogados describen esta nueva etapa como la más hostil y opaca que han enfrentado. Las detenciones no solo se dan fuera del tribunal, sino que se basan en criterios poco claros, como antiguos errores administrativos o solicitudes de asilo aún en revisión. En resumen: nadie está completamente a salvo, incluso si su proceso migratorio está en curso.
Esto ha generado una doble capa de injusticia: por un lado, los inmigrantes enfrentan un sistema legal complejo; y por otro, deben hacerlo bajo la amenaza latente de que el cumplimiento de ese proceso legal puede terminar en detención.
Un caso emblemático: Alejandro, el estudiante detenido
Uno de los casos que generó mayor indignación en la comunidad migrante de Nueva York ocurrió en mayo de 2025. Alejandro, un estudiante universitario venezolano de 24 años que había ingresado legalmente al país y solicitado asilo político, acudió a su cita en la corte migratoria como parte de su proceso legal. Acompañado de su abogado, respondió preguntas y entregó documentación. Sin embargo, al salir del edificio, fue interceptado por agentes vestidos de civil que lo esposaron frente a otros asistentes y lo trasladaron a un centro de detención en Nueva Jersey.
El caso de Alejandro no es aislado. Grupos comunitarios y abogados han reportado un aumento de este tipo de detenciones “post audiencia”, especialmente desde abril.
Aunque la administración Trump defiende estas acciones bajo el argumento de “hacer cumplir la ley”, la realidad es que se está minando la confianza de los inmigrantes en el sistema judicial.
Impacto en los procesos judiciales y el debido proceso
La consecuencia más inmediata de esta estrategia es el miedo generalizado a acudir a las cortes. Muchos inmigrantes están optando por no presentarse a sus audiencias, lo que puede resultar en órdenes de deportación en ausencia y pérdida automática de sus casos. Irónicamente, esto genera un efecto contrario al supuesto objetivo de “orden migratorio”, pues colapsa aún más el sistema y margina a personas que intentaban seguir el camino legal.
Abogados de inmigración en Nueva York reportan que al menos 1 de cada 5 clientes ha expresado dudas sobre acudir a su próxima audiencia, por miedo a ser detenido. Este tipo de situaciones también obliga a los defensores públicos a invertir tiempo extra buscando garantías o alternativas para proteger a sus representados, sin que exista actualmente ninguna protección legal efectiva.
Nueva York: ¿ciudad santuario bajo presión?
Aunque Nueva York se ha declarado ciudad santuario y ha implementado políticas para evitar la cooperación directa entre agencias municipales y ICE, la realidad bajo la administración Trump es que la presión federal ha aumentado. ICE ya no depende de la ayuda de la policía local para arrestar a un inmigrante: le basta con vigilar cortes públicas, usar herramientas de rastreo facial y coordinar con bases de datos judiciales.
Algunos funcionarios municipales han levantado la voz. En abril, el concejal Francisco Moya presentó una resolución para condenar las detenciones de ICE en cortes, mientras la Defensoría del Pueblo de la ciudad pidió formalmente al Departamento de Justicia que impida el uso de datos judiciales para operaciones migratorias.
Sin embargo, la administración federal no ha mostrado intención de frenar esta táctica.
Muy por el contrario, en discursos recientes, el presidente Trump ha dicho que "las cortes migratorias no deben ser santuarios de la impunidad", y ha elogiado a ICE por su “labor ejemplar en devolver a los ilegales a sus países”.
Las comunidades responden: miedo, rabia y organización
Ante el aumento de detenciones, organizaciones comunitarias en Queens, Brooklyn y el Bronx han intensificado sus esfuerzos de protección y educación legal. Grupos como Make the Road New York, Se Hace Camino, la NYIC y Catholic Charities ofrecen sesiones de “conozca sus derechos”, acompañamiento legal y monitoreo de detenciones.
Voluntarios ahora se posicionan fuera de los tribunales para grabar y documentar cualquier intento de detención por parte de ICE, y se han creado líneas telefónicas de emergencia para reportar agentes en las inmediaciones de edificios públicos.
Además, se ha visto un resurgir del activismo legal: organizaciones han comenzado a presentar demandas contra ICE por violación del debido proceso, discriminación y prácticas intimidatorias. Aunque los resultados judiciales aún están por verse, la presión pública está creciendo.
Entre la legalidad y la legitimidad
Jurídicamente, las detenciones fuera de cortes son difíciles de impugnar, ya que ICE puede operar en espacios públicos con órdenes administrativas. Pero el problema va más allá de lo legal: es ético. Estas prácticas disuaden a las personas de ejercer su derecho a una defensa. Si asistir a una audiencia puede terminar en detención, el sistema pierde su razón de ser.
Organizaciones legales están documentando abusos y preparando litigios para establecer límites claros a la actuación de ICE. La meta es proteger la integridad del debido proceso y evitar que la ley se convierta en una trampa.
Para muchos abogados y expertos en derechos civiles, estas prácticas representan un retroceso alarmante. “Estamos viendo una criminalización del acto de presentarse en corte”, dijo un defensor legal durante una protesta en Foley Square. “Es como si dijeran: ‘Si vienes a enfrentar tu proceso, te atrapamos’. ¿Entonces cuál es el mensaje?
¿Qué mejor te escondas?”
Esta estrategia también pone a prueba los valores fundamentales del sistema judicial estadounidense, que se basa en la presunción de inocencia, el debido proceso y el acceso igualitario a la justicia. Si los inmigrantes sienten que acudir a una audiencia puede llevarlos a una celda, el sistema se vuelve disfuncional y pierde legitimidad.
Justicia bajo amenaza
La vigilancia de audiencias migratorias por parte de ICE ha transformado el paisaje migratorio de Nueva York. Lo que debería ser un paso hacia la legalidad se ha convertido en un campo minado. El mensaje que emite la administración federal es claro: la era de la compasión migratoria ha terminado. Y en su lugar, reina una estrategia de intimidación institucionalizada.
Nueva York enfrenta una prueba de fuego. La pregunta no es si ICE está violando derechos fundamentales, sino si la ciudad y sus habitantes permitirán que el miedosustituya al debido proceso como instrumento de justicia. La resistencia está en marcha, pero el reto es enorme. Porque cuando la ley se convierte en amenaza, la justicia deja de ser un derecho y se vuelve un riesgo.
La vigilancia de audiencias migratorias por parte de ICE es, en muchos sentidos, una forma silenciosa de represión. No requiere redadas espectaculares ni discursos inflamatorios. Basta con esperar, observar y actuar en el momento justo. Es eficiente, es invisible para muchos, pero tiene un impacto devastador en quienes lo sufren.
Nueva York, a pesar de sus esfuerzos como ciudad santuario, enfrenta hoy una amenaza creciente que pone a prueba su compromiso con los derechos humanos y la dignidad de sus residentes inmigrantes.
El mensaje que envían las autoridades federales bajo el nuevo gobierno es claro: la era de la compasión migratoria ha terminado, y en su lugar, se impone una estrategia de vigilancia constante, detención selectiva y miedo como método de control.