EDITORIAL

Algo profundamente inquietante ocurre cuando el sistema de justicia de un país se convierte en una trampa. Hoy, bajo la administración de Donald Trump, esa es la realidad que enfrentan miles de inmigrantes en Nueva York y en todo Estados Unidos.

El regreso a una política migratoria de “tolerancia cero” ha desatado una ofensiva silenciosa pero brutal: la presencia de agentes de ICE en las cortes migratorias, esperando el momento en que una persona se presente a cumplir con su obligación legal para capturarla.

Es una paradoja cruel. El sistema exige a los inmigrantes comparecer ante un juez, entregar documentos, explicar su situación, responder preguntas. Y cuando lo hacen, cuando cumplen con ese mandato legal, son castigados. Arrestados. Esposados. Deportados. Como sociedad, deberíamos preguntarnos: ¿qué tipo de justicia es esa que penaliza la obediencia y premia la clandestinidad?

Lo que está ocurriendo en las cortes de inmigración, particularmente en Nueva York, es una señal alarmante de cómo la ley puede ser utilizada para infundir miedo, paralizar comunidades y debilitar los principios del debido proceso.

Cuando un inmigrante teme acudir a su audiencia porque sabe que ICE puede estar esperándolo a la salida, el sistema ya no está funcionando. Y cuando esa vigilancia se vuelve política de Estado, el riesgo deja de ser individual y se convierte en estructural.

El caso de Alejandro, el joven venezolano que fue detenido al salir de su cita legal, es sólo un ejemplo de una estrategia sistemática. Personas sin antecedentes penales, con procesos abiertos, muchas veces solicitantes de asilo o protección humanitaria, están siendo detenidas simplemente por presentarse a corte. Y lo más alarmante: estas detenciones ocurren sin previo aviso, sin oportunidad de defensa, sin que el abogado pueda intervenir.

El incidente que vivió el Contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander, la semana pasada, es particularmente revelador. Al acompañar a un inmigrante guatemalteco a su cita judicial, fue testigo directo de un operativo de ICE que intentó detener al hombre frente a sus ojos.

Lander cuestionó la legalidad del procedimiento. Pidió ver una orden. No la había. Aun así, los agentes procedieron con intenciones claras. La detención no se concretó, pero el mensaje fue contundente: ni siquiera la presencia de un alto funcionario local detiene el brazo federal de una agencia que actúa con una autonomía inquietante.

Este tipo de acciones tienen consecuencias profundas. Generan un efecto paralizante en la comunidad inmigrante. Muchas personas prefieren no acudir a sus audiencias, aunque eso signifique recibir una orden de deportación en ausencia. Se esconden. Se marginan. Y en ese proceso, pierden la oportunidad de presentar sus casos, defender sus derechos, reconstruir sus vidas.

El miedo también se traslada a los hogares. Niños que esperan a sus padres y nunca los ven regresar. Familias que se quiebran de un día para otro. Comunidades enteras que viven bajo la sombra del arresto invisible. El trauma es real. La angustia es constante. Y el daño emocional es incalculable.

Desde Impacto Latino, creemos que esta situación no puede ser normalizada. Las cortes deben ser espacios de justicia, no campos de captura. ICE no debería tener la potestad de operar como una fuerza encubierta en lugares donde las personas acuden a ejercer sus derechos. El debido proceso, la presunción de inocencia, y el acceso a la justicia no son concesiones políticas: son pilares de un Estado de derecho.

Nueva York ha hecho esfuerzos por declararse ciudad santuario, pero lo que estamos viendo pone en cuestión esa condición. Si no se puede garantizar que una persona acuda a su audiencia sin ser detenida arbitrariamente, entonces hay una falla institucional que debe corregirse de inmediato. El alcalde, el concejo municipal, las oficinas de defensa legal y los representantes estatales deben actuar con urgencia. No basta con indignarse: hay que legislar, proteger y, sobre todo, acompañar.

Las organizaciones comunitarias ya están haciendo su parte. Acompañan a inmigrantes a las cortes, documentan detenciones, educan sobre derechos, ofrecen asistencia legal gratuita. Pero no deberían estar solas. Necesitan respaldo, recursos, reconocimiento y seguridad. Porque lo que están haciendo no es solo ayuda humanitaria: es defensa de la democracia.

Este editorial es también una invitación. A no mirar hacia otro lado. A no acostumbrarnos a lo inaceptable. A defender la justicia incluso cuando esta parece estar en retirada. Porque si permitimos que la ley sea usada como un instrumento de miedo, todos, sin importar nuestro estatus migratorio, salimos perdiendo.

Presentarse a corte no debe ser una sentencia. Debe ser una oportunidad. Una esperanza. Una garantía. Y como sociedad, debemos luchar para que así sea. Que un sistema migratorio funcione no se mide sólo en cifras de deportaciones, sino en su capacidad de garantizar humanidad, legalidad y respeto. Esa es la verdadera justicia.

Vigilados y Detenidos: La nueva era de ICE en las cortes migratorias de Nueva York