La revelación de que Salud de Puerto Rico pagó un sobreprecio de más de 1.000% por unas pruebas rápidas de detección del COVID-19, la mitad de las cuáles no han sido entregadas, empaña, junto a otras revelaciones anteriores, la gestión inicial del Gobierno frente a la pandemia.
El Departamento de Salud de Puerto Rico compró a la empresa local 313 LLC más de 100.000 pruebas rápidas de detección por 3,6 millones de dólares a un precio cercano a los 45 dólares por test a través de una sociedad intermediaria en México.
La adquisición del material sanitario se realizó a pesar de que las pruebas pueden conseguirse directamente a los fabricantes en China por menos de 3 dólares la unidad.
La compra las llevó a cabo la agencia puertorriqueña los días 20 y el 24 de marzo a la sociedad 313 LLC, que a su vez las adquirió a la mexicana Zogen Genética Molecular, de la cual la compañía puertorriqueña es representante.
El diario "El Nuevo Día" informa en su edición de hoy que Zogen Genética Molecular consiguió las pruebas a través de la compañía china AtlasLink.
El rotativo revela que hasta la fecha, después de casi 4 semanas de la adquisición, 313 LLC no había entregado 51.000 del total de 101.500 pruebas.
El periódico subraya que por ello el Departamento de Salud prevé recurrir a la vía legal como forma de recuperar el dinero.
NUEVO TROPIEZO DEL GOBIERNO
La fallida compra a la empresa 313 LLC supone un nuevo tropiezo del Gobierno puertorriqueño en la adquisición de pruebas rápidas de detección.
Es la segunda vez que la agencia puertorriqueña intenta adquirir ese material a un precio muy por encima del que se paga en el mercado y a compañías sin experiencia en el sector, por medio de empresarios supuestamente vinculados al gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP).
La polémica por las compras a 313 LLC llega cuando todavía hay interrogantes por la adquisición fallida de pruebas rápidas por 38 millones de dólares, el 26 de marzo, a Apex General Contractors, una pequeña compañía de construcción de la isla sin experiencia en el sector sanitario.
La adquisición fue una operación frustrada, ya que la empresa no fue capaz de entregar las pruebas en la fecha acordada.
Este episodio supuso un escándalo mediático todavía sin aclarar y que como el secretario de Salud, Lorenzo González, señala es investigado tanto a nivel de la justicia local como por agencias federales estadounidenses.
COORDINADOR MÉDICO RECHAZA IMPLICACIÓN EN COMPRAS
El coordinador del grupo de trabajo del Gobierno para hacer frente a la crisis del COVID-19, Segundo Rodríguez, una de las principales figuras ligadas a la polémica, negó el miércoles durante su participación en las vistas de la Cámara de Representantes cualquier responsabilidad relacionada con esas compras.
Rodríguez rechazó estar implicado con las decisiones tomadas desde la División de Compras del Departamento de Salud, después de incidir en su papel restringido a asesorar sobre la estrategia sanitaria en el combate al COVID-19.
Indicó durante su comparecencia que fue la División de Compras de Salud la que tomó las decisiones sobre la compra por 38 millones de las pruebas a Apex General Contractors.
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DESACELERACIÓN EN CURVA
Por otra parte, el epidemiólogo del Estado, David Capó, dijo que la información del Gobierno apunta a una desaceleración de la curva epidemiológica, en especial, en intensidad y severidad de contagios. Capó reconoció, no obstante, que no hay certeza sobre el número de casos positivos.
Matizó que la desaceleración no supone que Puerto Rico pueda modificar ya las restricciones a la actividad comercial o el toque de queda, y aclaró que el sistema hospitalario no se encuentra bajo presión para responder a la crisis sanitaria debido a la desaceleración de los contagios.
La crisis del COVID-19 ha provocado un aumento histórico en las solicitudes de ayudas, tanto del seguro del desempleo como del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
UN TOTAL DE 173.000 SOLICITUDES DE DESEMPLEO
En cuanto a la ayudas por desempleo, la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Briseida Torres, dijo que el número de solicitudes asciende a más de 173.000, lo que provocó una avalancha todavía sin respuesta en el centro de llamadas de la agencia.
El DTRH gestiona el dinero del desempleo federal, fondos que todavía no se han distribuido pese a que ya llegaron a la isla, según la agencia por problemas administrativos.
La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció que a partir del día 25 los beneficiarios del Programa de Seguro por Desempleo comenzarán a recibir la ayuda suplementaria de 600 dólares.
El PAN ha recibido 79.000 solicitudes, pero Familia ha procesado solo 16.000 y 9.000 han sido denegadas.
La población espera además por el incentivo federal de 1.200 dólares anunciado por el presidente Donald Trump.
El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, informó de que está previsto para el día 27 el desembolso del dinero, aunque se espera todavía la autorización del Departamento del Tesoro.
Por otro lado, la alcaldesa de Ponce, María Meléndez, tras una reunión con el equipo económico para el sur de la isla mostró su apoyo a la reapertura por fases de las oficinas dedicadas a los servicios de la salud, seguido por el comercio y otras industrias.
En cuanto al control en el Aeropuerto de San Juan el miércoles, 73 personas que dieron positivo a COVID-19 con la prueba rápida, mientras que un total de 1.036 agentes de la Policía permanecen aislados preventivamente. EFE News