EDITORIAL

Los retos que enfrenta el presidente Joe Biden, no son nada fáciles luego de las políticas implementadas por su antecesor durante sus cuatro años de mandato, bajo deliberaciones animadas por el impulso de la xenofobia y el racismo.

Aunque la política actual de inmigración que pretende implementar el presidente no es
del todo completa, si se convierte en un gran avance para la política nacional y las promesas de campaña de Joe Biden.

Pero, de no llegar a convertirse en ley, tales conceptos y argumentos que ofrezcan sus
desertores serán contrarios a las tradiciones e ideales históricos que caracterizan al
país.

Crear una vía para la ciudadanía a 11 millones de indocumentados esenciales, es un reflejo de los impulsos humanitarios del pueblo estadounidense, que históricamente desde sus primeros pasos como país, han mostrado la tradición de “acoger a las personas sin hogar, y dar refugio a los oprimidos”.

Si bien esta reforma migratoria propuesta por el presidente Joe Biden, no resolverá el problema de raíz por el que huyen las personas de sus países de origen.

Es importante demostrar que existe un lugar para ellos, al escapar de las políticas económicas, sociales e incluso desastres naturales, porque simplemente sus autoridades no han sabido administrar sus recursos.

Prueba de ello, el devastador impacto que dejó los huracanes Eta y Iota en Centroamérica, arrasando todo a su paso.

Los dos huracanes dejaron solo en Honduras al menos 94 muertos y casi 4 millones de
damnificados en el país y, según analistas, podrían provocar un incremento del nivel de
la pobreza de un 10%, superando el 70% de la población.

Es como echarle vinagre a la herida, debido a que los ciudadanos hondureños en los
últimos años les ha tocado sobrellevar diferentes crisis, entre ellas represión estatal,
violencia organizada, problemas económicos, devastación ambiental, y más
recientemente, la pandemia del COVID-19.

La inmigración irregular hacia los Estados Unidos es esencialmente una consecuencia del desequilibrio y la inestabilidad social entre la demanda laboral en los países de destino y la capacidad o voluntad de los gobiernos a establecer los canales legales de inmigración.

Para Donald Trump la inmigración se convirtió en un slogan de campaña, creando un
efecto discursivo para incrementar el odio y el racismo hacia las comunidades
inmigrantes.

Unas políticas que han tenido efecto en este 2021, al afirmar que los inmigrantes no
son cualificados y representan un peligro para la sociedad.

Es muy importante aclarar, que esto no significa que los inmigrantes que, si
representan un peligro para el país, vayan a recibir los mismos beneficios y prioridades
que un indocumentado que no representa un peligro.

Este enfoque es evidente en Estados Unidos, donde hay más de 11 millones de
inmigrantes indocumentados, pero en conjunto con las organizaciones proinmigrantes
se puede garantizar que la migración puede tener lugar con condiciones de legalidad,
seguridad y dignidad, y que los derechos de los migrantes y sus comunidades pueden
ser plenamente reconocidos.

La obsesión del expresidente Trump por construir un muro no hizo nada para abordar los desafíos de seguridad, sino más bien, les costó a los contribuyentes miles de millones de dólares.

La mayor cantidad de personas llegan a través de los puertos de entrada legales.
Según varias organizaciones, se estima que casi la mitad de los millones de
indocumentados que viven en los Estados Unidos en la actualidad se han quedado
más tiempo de lo que les permite la visa, es decir, no han cruzado una frontera
ilegalmente.

El presidente Joe Biden, consciente de la labor que representa la comunidad
inmigrante e indocumentada, envió al Congreso un proyecto de ley de inmigración que
incluye ofrecer un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados.

Los mayores beneficiados serían Los Dreamers quienes tendrán derecho a solicitar directamente la Green Card.

Para atacar el problema de la inmigración centroamericana, Joe Biden propone implementar una estrategia integral con un paquete de ayuda de “4 mil millones de
dólares anuales”.

Ha propuesto también, reunificar a las familias en la frontera y mantener una mayor
vigilancia para endurecer las políticas contra los traficantes de personas.

Aprobación de los legisladores

Todo lo que pretende implementar el presidente Joe Biden, está contenido en un proyecto de reforma que está en manos del Congreso.

Para que se implemente, tendrá que convertirse en ley, y para eso deben votar las dos Cámaras del poder legislativo, la Cámara de Representantes y el Senado.

Si bien los demócratas tienen capacidad de maniobra porque tienen control en las dos
Cámaras, el punto débil se encuentra en el Senado, pues actualmente está conformado
por 50 demócratas y 50 republicanos, con la ajustada mayoría que puede dar el voto
del desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, también presidenta del Senado.

Es importante recordar que, para aprobar este tipo de reformas no basta con una
mayoría simple, sino que hacen falta 60 votos con los cual se necesitaría sumar una
decena de republicanos.

Recordemos que bajo la administración del expresidente Barack Obama en 2013, un
proyecto de ley de reforma parecido, aunque menos ambicioso, se vio también
truncado en el Congreso pues no obtuvo los suficientes votos.

Otra vía para poder lograr esta reforma migratoria podría ser que Biden utilice varios decretos ejecutivos para poner en marcha algunos de los puntos de su proyecto, pero de momento el plan se debatirá en el Congreso y queda ahora en sus manos el futuro de esta ambiciosa reforma migratoria.

11 millones de indocumentados esenciales piden ciudadanía ahora