El Tribunal federal de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York paralizó temporalmente este jueves que se publique el historial disciplinario de los policías, como ordena una nueva legislación del estado, aprobada tras las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente en Mineápolis.
El panel de tres jueces federales votó 2-1 en favor del reclamo de los sindicatos que representan a policías, bomberos y oficiales de las cárceles, mientras se dilucida en los tribunales una demanda que presentaron el pasado 15 de julio, tras derogarse la controvertida sección 50-a de la ley de Ley de Derechos Civiles del estado.
Disturbios y arrestos en protesta en Nueva York por muerte de afroamericano Floyd
El pasado junio el gobernador del estado convirtió en ley un paquete de medidas, incluida la que derogó la controvertida sección 50-a, que desde 1976 evitó que se hicieran públicos los registros de investigaciones y acciones tomadas sobre la conducta de los agentes del orden.
Los que reclamaban su derogación y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, han sostenido que la 50-a impedía la transparencia y apertura necesarias para crear confianza entre la Policía y la comunidad.
El paquete de medidas firmadas por Cuomo se produjo luego de las protestas, a veces violentas, desencadenadas en el país por la muerte de Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis.
La batalla legal entre la ciudad y los sindicatos comenzó a mediados de julio cuando la ciudad anunció un plan para publicar en línea los registros disciplinarios de la policía, como resultado de la nueva legislación.
El pasado 21 de agosto la jueza federal Katherine Polk Failla dictaminó que la mayoría de los registros disciplinarios deben ser públicos, incluso si el funcionario fue absuelto de cualquier delito.
Los abogados que representan a aproximadamente 60.000 miembros de los sindicatos han argumentado que las acusaciones no probadas no deben ser divulgadas porque pueden poner en riesgo a los policías y afectar sus futuras perspectivas laborales.
El voto disidente del panel provino del juez Gerard Lynch, quien cuestionó el argumento de los sindicatos de daño irreparable si estos documentos fueran publicados, según el Post.
Indicó además que el departamento legal de la ciudad afirmó que se "continuará defendiendo enérgicamente el plan para divulgar estos registros para que la promesa de la Legislatura de una mayor transparencia a través de la derogación de 50-a se pueda cumplir lo antes posible". EFE News
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