La ciudad de Nueva York sufrió los embates de la pandemia del COVID-19, afectando principalmente a trabajadores más vulnerables del área de la construcción, limpieza, restaurante, salones de belleza, el cuidado de la salud, entre otras.
Son estos mismos trabajadores que a lo largo de los años han venido enfrentando robos de salario, luchando incansablemente para que les paguen por el trabajo realizado y demandando el cumplimiento de las leyes laborales.
Este lunes decenas de trabajadores se manifestaron entre las calles Marcy y Division en la zona de Williamsburg, Brooklyn, en una pequeña plaza conocida popularmente como “La Parada”, donde se reúnen cientos de mujeres diariamente a la espera de ser contratadas para realizar cualquier tipo de labores domésticas.
Pedro Guzmán, un trabajador de la construcción al alzar su voz, expone dos casos personales de robo de salario, que luego de exigir que le pagaran, y no recibir respuesta, decide llevarlos al Departamento de Labores de la ciudad de Nueva York.
“Exijo mis derechos como ciudadano que trabajamos acá en Nueva York, tengo los textos y mensajes que le envié a mi patrón, él nos dijo que se haría cargo de pagarnos y hasta ahora no nos han dado nada. Son más de tres mil dólares que me deben, no solo a mí, sino a diez compañeros más”, expresó Guzmán en su intervención.
Ligia Guallpa, directora de Proyecto Justicia Laboral, recordó como los trabajadores inmigrantes en la ciudad de Nueva York con bajos ingresos han trabajado construyendo esta ciudad, y mientras todos estaban desde sus hogares ejerciendo sus labores, estas personas se exponían a ser contagiados por el virus.
“Nuestras comunidades ya se han quedado al margen para sobrevivir sin ayuda económica y sin protecciones. Nueva York y el gobernador Cuomo tienen el poder de garantizar la recuperación de miles de millones en salarios robados”, subrayó Guallpa.
Mientras se aprueba un alivio económico en el Senado de los Estados Unidos, miles de indocumentados no recibirán ningún tipo de ayuda, por ello, al menos exigen al gobernador Andrew Cuomo que apruebe el proyecto de ley SWEAT, que dará a los trabajadores y defensores del trabajo las herramientas necesarias para cobrar los salarios robados, hacer cumplir la ley y “asegurarse de que los jefes obedezcan la legislación laboral”.
El proyecto de ley SWEAT (sudor) fue aprobado por la legislatura del Estado de Nueva York en 2019, pero el gobernador Cuomo lo vetó de manera decepcionante. El proyecto de ley SWEAT se ha reintroducido con el número de proyecto de ley A9008 / S7256 y esperan que se promulgue el próximo año.
Según la ley actual, si un empleador le debe dinero a un trabajador, es realmente difícil cobrar dinero porque los empleadores pueden ocultar fácilmente sus activos.
La ley SWEAT permitirá a los trabajadores congelar los activos del empleador (llamado 'gravamen'). Este gravamen es importante porque significa que cuando los trabajadores son engañados con su pago, en realidad podrán recuperarlo.
La senadora estatal de origen colombiano, Jessica Ramos junto a la asambleísta del estado Linda Rosenthal, son las principales impulsadoras de esta iniciativa, quienes en gran medida reconocen la labor que realizan estos trabajadores.
Jessica Ramos en su intervención recordó sus orígenes como hija de inmigrantes colombianos, y de ahí, su interés en proteger a la comunidad inmigrante para que no se dejen robar porque en estos tiempos de crisis “nadie está para trabajar gratis”.
Miles de neoyorquinos inmigrantes están experimentando crisis económica, no “es justo que los empleadores se salgan con la suya” cuando los trabajadores se sacrifican diariamente para proveer a sus familias.
“El próximo año necesitamos estar mucho más organizados, especialmente considerando la recuperación económica de Nueva York, que esto sea parte de la recuperación económica, propongámonos para el 2021 pasar esta ley en ambas Cámaras y ojalá que el gobernador Cuomo por fin deje de ser cómplice de los empleadores que les roban los salarios a nuestros inmigrantes”, agregó la senadora Ramos.
Según miembros de la organización Proyecto de Justicia Laboral, se estima que se han robado $ 1 mil millones en salarios de los trabajadores en todo el estado, y mientras los trabajadores van a juicios, esos procesos legales únicamente quedan en papel. Las personas que experimentan esta situación continuarán estando vulnerables y expuestos a más robos sino se aprueba una ley que los proteja.
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