Durante años, el debate sobre las redes sociales y los menores ocurrió principalmente dentro de las casas. Padres preocupados por hijos que no podían soltar el teléfono, maestros intentando competir con TikTok, Instagram o YouTube por la atención de sus estudiantes, y especialistas alertando sobre problemas de sueño, ansiedad, comparación social y exposición a contenidos dañinos. Ahora esa discusión llegó con fuerza a los tribunales.
Meta, TikTok, Google, Snap y otras compañías tecnológicas enfrentan una ola de demandas que plantea una pregunta cada vez más incómoda: ¿hasta qué punto son responsables estas empresas cuando sus plataformas están diseñadas para conseguir que los usuarios permanezcan conectados el mayor tiempo posible, incluso cuando esos usuarios son niños?
La respuesta comenzó a tomar una dimensión histórica este 26 de agosto, cuando Meta, propietaria de Facebook e Instagram, alcanzó un acuerdo multimillonario para resolver acusaciones presentadas por estados de Estados Unidos. El acuerdo contempla pagos de hasta 16.680 millones de dólares en el litigio principal y forma parte de un paquete más amplio que podría acercarse a los 18.000 millones, dependiendo de determinadas condiciones y reclamaciones adicionales. Meta no admitió haber actuado incorrectamente y continúa rechazando las acusaciones.
Los estados sostenían que Meta había diseñado funciones de Facebook e Instagram capaces de fomentar un uso compulsivo entre jóvenes, que había minimizado los riesgos de sus plataformas y que había recopilado información de menores de 13 años en violación de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida como COPPA. El acuerdo puso fin a un juicio federal de alto perfil que ya había comenzado en Oakland, California. Pero quizás lo más importante no sea la cifra.
Por primera vez, un acuerdo de esta magnitud intenta cambiar directamente la forma en que los adolescentes utilizan las redes sociales. Meta aceptó introducir límites de uso para jóvenes, bloquear el acceso durante determinadas horas de la noche, restringir notificaciones durante la jornada escolar, reforzar la comprobación de edad y ampliar los controles parentales.
Entre las medidas figura un límite predeterminado de dos horas diarias y restricciones nocturnas entre medianoche y las seis de la mañana, salvo determinadas excepciones. También habrá interrupciones destinadas a evitar sesiones prolongadas y mayores restricciones sobre contenido considerado especialmente perjudicial para menores.
El cambio es significativo porque hasta ahora gran parte de la responsabilidad recaía sobre las familias. Se esperaba que los padres vigilaran el teléfono, establecieran horarios, supieran qué aplicaciones utilizaban sus hijos y aprendieran a manejar controles que muchas veces cambiaban constantemente.
Las demandas están planteando una pregunta diferente: si las plataformas utilizan algoritmos sofisticados para mantener a las personas conectadas, ¿por qué debería recaer únicamente sobre los padres la responsabilidad de conseguir que un niño se desconecte?
Una generación que vive conectada
Las redes sociales no son una actividad marginal para los adolescentes. Son parte de su vida cotidiana. Una investigación de Pew Research Center encontró que nueve de cada diez adolescentes estadounidenses utilizaban YouTube en 2024. Aproximadamente seis de cada diez utilizaban TikTok e Instagram, y 55 % Snapchat. Casi la mitad de los adolescentes entrevistados afirmó estar en internet prácticamente de manera constante.
Eso no significa que las redes sociales sean malas por definición. Para muchos jóvenes son una forma de conversar con amigos, encontrar comunidades, expresarse, aprender y descubrir intereses. Para adolescentes que se sienten aislados, una comunidad en línea puede incluso convertirse en una fuente importante de apoyo.
El problema aparece cuando el uso deja de complementar la vida y comienza a reemplazarla. Dormir menos para continuar mirando videos. Sentir ansiedad al separarse del teléfono. Revisar compulsivamente quién reaccionó a una fotografía. Comparar constantemente la propia apariencia con imágenes editadas. Exponerse repetidamente a contenido relacionado con trastornos alimenticios, autolesiones o estándares irreales de belleza.
El propio Cirujano General de Estados Unidos ha advertido que no existe suficiente evidencia para concluir que las redes sociales sean suficientemente seguras para niños y adolescentes. Su informe señala que los jóvenes que pasan más de tres horas al día en estas plataformas presentan aproximadamente el doble de riesgo de experimentar problemas de salud mental, incluidos síntomas de ansiedad y depresión.
También cita preocupaciones por la imagen corporal, la comparación social y la exposición a contenido dañino. Eso no significa que tres horas de Instagram causen automáticamente depresión.
La diferencia entre correlación y causalidad es fundamental. Un adolescente que ya está atravesando problemas emocionales podría utilizar más las redes sociales, y no necesariamente al revés. La salud mental depende además de la familia, la personalidad, las experiencias, la situación económica, la escuela y muchos otros factores.
Sin embargo, cuando hablamos de productos utilizados diariamente por decenas de millones de menores, incluso la posibilidad de un daño significativo merece atención.
El problema de una plataforma que nunca termina
Existe una diferencia importante entre las redes sociales actuales y muchas formas anteriores de entretenimiento.
Una película termina.
Un libro tiene una última página.
Un programa de televisión termina su episodio.
TikTok, Instagram, YouTube Shorts y plataformas similares prácticamente no tienen final. El usuario desliza el dedo y aparece otro contenido. Después otro. Y después otro. Las recomendaciones se ajustan a cada persona. El sistema aprende qué imágenes, personas, temas o videos consiguen retener su atención. Las notificaciones llaman al usuario cuando se encuentra fuera de la aplicación. Los “me gusta”, comentarios y nuevos seguidores producen pequeñas recompensas sociales que incentivan volver.
Esa capacidad de personalización explica buena parte del éxito de las plataformas. También está en el centro de las demandas. Los fiscales y numerosos demandantes argumentan que algunas características fueron deliberadamente diseñadas para aumentar la permanencia y la frecuencia de uso, incluso cuando las propias compañías conocían preocupaciones relacionadas con los usuarios más jóvenes.
Meta rechaza esa caracterización. La compañía sostiene que ha invertido durante años en herramientas de seguridad para adolescentes y cuestiona que pueda atribuirse a Facebook o Instagram un fenómeno tan complejo como la crisis de salud mental juvenil. Ese debate continúa.
Pero ya no es solamente un debate académico. Los casos comenzaron a producir consecuencias reales Antes del gigantesco acuerdo de Meta de esta semana, los tribunales ya habían comenzado a emitir decisiones importantes.
En marzo, un jurado de Los Ángeles otorgó 6 millones de dólares en daños en un caso relacionado con el uso de redes sociales por una joven. Meta y Google fueron responsabilizadas en el veredicto y ambas compañías anunciaron su intención de impugnarlo. El caso tenía especial importancia porque forma parte de miles de reclamaciones que podrían depender de cómo los tribunales interpreten la responsabilidad de las plataformas.
Meta también recibió golpes legales en Nuevo México, donde decisiones judiciales y de jurado produjeron sanciones que en conjunto se acercaron a 942 millones de dólares. La empresa ha señalado que apelará esas resoluciones.
Al mismo tiempo, más de 3.300 demandas por lesiones personales han sido consolidadas en California. Los reclamos incluyen acusaciones relacionadas con uso compulsivo, depresión, ansiedad y otros daños atribuidos a características de distintas redes sociales.
No todas las demandas terminan a favor de los demandantes. Una adolescente de Nueva Jersey retiró recientemente una demanda contra Meta, Google y Snap antes de que comenzara un juicio. Las compañías señalaron que no hubo pago por parte de ellas.
TikTok había alcanzado previamente un acuerdo con la joven. Es una distinción importante.
Una demanda contiene acusaciones. No constituye por sí misma prueba de responsabilidad. Pero el volumen de casos demuestra que la presión legal ya no es episódica.
TikTok también paga por la privacidad de los niños
La batalla no se limita al posible impacto psicológico. También existe una enorme disputa sobre qué información recopilan las plataformas de los menores.
El 21 de agosto, TikTok, ByteDance y compañías relacionadas acordaron pagar 400 millones de dólares para resolver un caso presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionado con COPPA.
El gobierno había acusado a las compañías de incumplir normas destinadas a proteger los datos personales de niños menores de 13 años. TikTok pagará 300 millones de dólares inicialmente y otros 100 millones sujetos a una condición relacionada con un decreto judicial anterior. El Departamento de Justicia describió el acuerdo como una de las mayores recuperaciones económicas obtenidas en un caso de COPPA. No hubo una determinación judicial de responsabilidad. El antecedente resulta especialmente llamativo.
En 2019, Musical.ly, la aplicación que precedió a TikTok, había pagado 5,7 millones de dólares para resolver acusaciones relacionadas con la privacidad infantil. Ahora hablamos de cientos de millones. La diferencia muestra hasta qué punto ha cambiado la escala del problema y la disposición del gobierno para perseguir estas infracciones.
Las escuelas dicen que también están pagando el precio
Las familias no son las únicas que han acudido a los tribunales. Más de mil distritos escolares han presentado reclamaciones relacionadas con el impacto de las redes sociales sobre sus estudiantes. El argumento es económico además de social.
Los distritos sostienen que han tenido que destinar más recursos a consejería, programas de salud mental, intervenciones escolares y personal para atender problemas que, según alegan, han sido agravados por plataformas diseñadas para promover un uso excesivo.
El distrito escolar de Breathitt County, Kentucky, se convirtió este año en uno de los casos más importantes. YouTube, Snap y TikTok alcanzaron acuerdos antes del juicio, y Meta posteriormente también resolvió su participación en el caso. El distrito había buscado más de 60 millones de dólares para financiar un programa de salud mental durante 15 años. El litigio había sido seleccionado como un caso de referencia entre aproximadamente 1.200 demandas similares de distritos escolares.
Esto amplía considerablemente la discusión. Ya no se trata solamente de cuánto tiempo pasa un adolescente con su teléfono. Se trata de quién paga cuando un problema individual termina produciendo costos para familias, escuelas y sistemas de salud.
¿Estamos frente al nuevo tabaco?
La comparación con las grandes tabacaleras aparece cada vez con mayor frecuencia. No es una comparación perfecta. Las redes sociales no son cigarrillos. Pueden ofrecer beneficios y no existe una conclusión científica comparable a la relación demostrada entre fumar y enfermedades graves. Pero existe una similitud histórica.
Durante décadas, el debate alrededor del tabaco pasó de concentrarse en la decisión individual del fumador a investigar qué sabía la industria, cuándo lo sabía y cómo comercializaba sus productos.
Algo parecido comienza a ocurrir con las redes sociales. La pregunta ya no es solamente por qué un adolescente pasa seis horas mirando su teléfono. Ahora los tribunales preguntan qué hicieron las compañías para conseguir que permaneciera allí. Qué sabían sobre los efectos de determinados diseños. Qué información tenían sobre los usuarios jóvenes. Y qué comunicaron —o no comunicaron— a padres y consumidores.
Los menores de 13 años: un problema difícil de resolver
Uno de los asuntos más complicados es la edad. Muchas plataformas establecen 13 años como edad mínima. Pero cualquier padre sabe lo fácil que puede ser para un niño introducir una fecha de nacimiento falsa.
Por eso los nuevos acuerdos enfatizan una verificación de edad más efectiva. Sin embargo, incluso esa solución crea nuevas preguntas.
¿Cómo demuestra una persona que tiene 14, 16 o 18 años?
¿Debe entregar un documento?
¿Tiene que mostrar su rostro a un sistema de inteligencia artificial?
¿Quién almacena esos datos?
Proteger la privacidad de los niños mientras se recopila suficiente información para verificar su edad será uno de los dilemas regulatorios más difíciles de los próximos años.
Lo que pueden hacer los padres ahora
Las demandas tardarán años en resolverse por completo y las nuevas reglas no eliminarán todos los riesgos.
Las familias no pueden esperar a que los tribunales terminen el trabajo.
Un primer paso consiste en mirar menos el número exacto de minutos y observar qué está
desplazando el teléfono.
¿El adolescente duerme suficientemente?
¿Continúa practicando deportes o realizando actividades fuera de la pantalla?
¿Mantiene relaciones personales?
¿Cumple con sus responsabilidades?
¿Puede pasar varias horas sin revisar el teléfono?
¿Se pone extremadamente ansioso cuando pierde acceso a una aplicación?
Los padres también pueden establecer momentos libres de teléfonos, especialmente durante las comidas y antes de dormir. Pueden conocer las plataformas que utilizan sus hijos, revisar las herramientas de seguridad disponibles y mantener conversaciones abiertas sobre acoso, sexualidad, desconocidos, imágenes editadas y contenido dañino.
Pero prohibir sin explicar tampoco suele ser suficiente. Los adolescentes necesitan comprender por qué existen los límites. Y necesitan adultos que modelen el mismo comportamiento que les están pidiendo.
Es difícil convencer a un niño de guardar el teléfono durante la cena cuando los adultos nunca apartan el suyo.
Una responsabilidad que ya no puede recaer sobre una sola parte
Durante demasiado tiempo este debate se convirtió en una acusación mutua.
Las empresas decían que los padres debían supervisar mejor a sus hijos.
Los padres reclamaban que las compañías estaban construyendo productos imposibles de
controlar.
Las escuelas pedían ayuda.
Los gobiernos reaccionaban lentamente.
Probablemente ninguna de esas partes puede resolver el problema sola.
Las familias tienen responsabilidades.
También las escuelas.
También los gobiernos.
Y las compañías que poseen algunos de los algoritmos más sofisticados jamás creados difícilmente pueden sostener que no tienen ninguna capacidad para modificar la manera en que esos algoritmos interactúan con un niño.
El acuerdo de Meta podría terminar siendo histórico no por los miles de millones de dólares, sino porque obliga a intervenir el producto.
Una multa puede convertirse en un costo empresarial.
Cambiar cómo funciona una aplicación puede modificar la experiencia de millones de jóvenes. Ahora habrá límites, interrupciones, restricciones nocturnas, controles escolares y mayores mecanismos de supervisión.
La verdadera prueba será comprobar si funcionan.
¿Dormirán más los adolescentes?
¿Pasarán menos horas conectados?
¿Se reducirán determinados problemas?
¿O simplemente encontrarán otra aplicación?
Todavía no conocemos esas respuestas.
Pero sí sabemos que algo fundamental ha cambiado.
Durante años, Silicon Valley construyó productos extraordinariamente eficaces para captar nuestra atención.
Los niños crecieron dentro de ese experimento.
Ahora padres, fiscales, escuelas y tribunales están exigiendo que las mismas compañías
respondan una pregunta que durante demasiado tiempo quedó sin contestar:
Si aprendieron a diseñar una tecnología capaz de conseguir que nuestros hijos nunca quieran dejar de mirar la pantalla, ¿pueden también diseñarla para saber cuándo es momento de dejarlos ir?