Defensores de los migrantes en California anunciaron este lunes un proyecto de ley que protegería a los extranjeros residentes del estado de posibles prácticas abusivas por parte de compañías de fianzas y garantizaría el acceso a servicios en idiomas como el español.
El líder de la mayoría demócrata del Senado estatal, Bob Hertzberg, junto a la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes y la Coalición de Consumidores de Bajos Ingresos de California presentaron el proyecto encaminado a proteger a migrantes arrestados por las autoridades de migración y que necesitan una fianza.
"Queremos acabar con una práctica de abuso que nuestra comunidad ha enfrentado año tras año" dijo Angélica Salas, directora de CHIRLA, en una conferencia de prensa en Los Ángeles.
La activista advirtió que los migrantes detenidos "están en una de las situaciones más vulnerables de sus vidas y sin embargo tienen que enfrentar a compañías de fianzas que no están respetando las leyes del protección al consumidor y en vez de ayudarlos crean situaciones más difíciles para ellos".
Por su parte Hertzberg destacó que las leyes de protección financiera al consumidor no se aplican de manera equitativa a los migrantes que usan las compañías de fianzas.
"Cuando se trata de la ley de inmigración y hay una familia que tiene a alguien en la cárcel y debe pagar la fianza y defender su caso, un derecho que todos tienen en este país, las reglas son diferentes", aseveró el legislador. "Las reglas de protección al consumidor no se aplican", añadió.
En la actualidad se requiere que muchas personas firmen contratos legalmente complejos y, a menudo, injustos con fiadores, que después ponen sus propios recursos en juego, advirtió Salas.
El proyecto de ley requeriría que las compañías de fianzas traduzcan los documentos legales, como los contratos, al idioma natal del migrante y que garanticen la transparencia en la prestación de sus servicios.
Los activistas aseguran que la industria de fianzas y bonos de migración de California ha evitado repetidamente la regulación bajo las leyes estatales de protección financiera al consumidor.
Según datos del centro TRAC, un proyecto de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, el monto promedio de la fianza en el año fiscal 2018 fue de 7.500 dólares, y aumentó a 8.000 durante los primeros dos meses de 2019. EFE News