El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y el presidente del Comité de Vivienda, Steven Cymbrowitz, anunciaron hoy que el presupuesto del estado de Nueva York aprobado para el año fiscal 2018-19, ayudará a estimular la inversión privada en viviendas asequibles haciendo cambios clave en la forma en que se administran los créditos tributarios por vivienda de bajos ingresos (SLIHC, siglas en inglés) son administrados mediante el proceso de bifurcación y certificación.
“Con tantos neoyorquinos en extrema necesidad de residencias seguras y asequibles, tenemos que trabajar más inteligentemente y rápidamente para abordar la escasez de vivienda”, dijo el presidente de la Asamblea Heastie. “El presupuesto aprobado proporciona una medida de sentido común que potencia los fondos privados para el bien público”, agregó Heastie.
“Luego de discusiones con las partes interesadas durante las audiencias presupuestarias de este año, mis colegas y yo reconocimos la necesidad de una acción creativa y responsable para desarrollar viviendas más asequibles sin sobrecargar a los contribuyentes”, dijo el asambleísta Cymbrowitz. “Permitir la bifurcación y certificación del SLIHC agudiza una de las herramientas más útiles en nuestra caja de herramientas para ayudar a construir un estado más sólido desde los cimientos”.
Para los desarrolladores de nuevas unidades de vivienda para personas de bajos ingresos que reciben el SLIHC, la bifurcación y la certificación permitirían la venta de créditos estatales entre socios de inversión separada de la asignación de créditos federales. Esto asegurará que los créditos estén disponibles para una audiencia más amplia, proporcionando un incentivo adicional para la inversión tan necesaria en desarrollos de viviendas asequibles.
El presupuesto estatal de este año también rechaza la propuesta ejecutiva de diferir el pago de ciertos créditos fiscales -incluidos los SLIHC-, el crédito fiscal para la reconstrucción de Brownfield y los créditos para la rehabilitación de propiedades históricas- hasta 2021. Esta estrategia de aplazamiento tenía el potencial de poner en peligro la situación financiera de proyectos de vivienda asequible planificada y construcción ya en marcha.