Grupos de derechos civiles, organizaciones cívicas y gobiernos locales hoy presentaron una demanda judicial para frenar el plan de la Administración Trump de obligar a la Oficina del Censo a que apresure el cierre del Censo de 2020 y así entregarle al presidente Trump los conteos para la redistribución de escaños del Congreso antes del 31 de diciembre de 2020.
Los demandantes, representados por el Brennan Center for Justice, el Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law y Latham & Watkins, LLP, incluyen a las organizaciones National Urban League y National League of Women Voters, la Black Alliance for Just Immigration y el gobierno de las ciudades de Los Ángeles, San José y Salinas (California) y del condado Harris (Houston). En esta causa judicial, presentada en el Tribunal Federal del Distrito del Norte de California, los demandados son el Departamento de Comercio y la Oficina del Censo, junto con sus líderes, el secretario de Comercio Wilbur L. Ross y el director de la Oficina del Censo Steven Dillingham.
“La decisión repentina de adelantar el cierre del Censo de 2020 en medio de una pandemia cada vez más recrudecida es injustificada e injustificable —afirmó Thomas Wolf, abogado experto y becario de la Fundación Spitzer del Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU. “Esta decisión contradice el sentido común y el derecho constitucional, y echa por tierra el deber de la Oficina del Censo de garantizar un conteo preciso, justo, completo y no discriminatorio sin motivo alguno”.
Los funcionarios de la Oficina del Censo solicitaron una ampliación de los plazos de recopilación, procesamiento y presentación de datos para facilitar un plan de emergencia al que el presidente Trump dio su apoyo públicamente. Sin embargo, el 3 de agosto, después de meses de haber seguido su plan de emergencia, Ross y Dillingham anunciaron de repente que la operación de recopilación de datos del Censo acabaría el 30 de septiembre, un mes entero antes del tiempo que los funcionarios de la Oficina habían dicho que necesitaban para completar el conteo.
“El contenido y el momento de la decisión sugiere que la motivación del gobierno federal en apresurar el plan es para facilitar otro acto ilegal: suprimir el poder político de las comunidades de color excluyendo a las personas indocumentadas del conteo final para la redistribución de escaños”, se lee en la demanda. “Para que el presidente pueda ejecutar su memorando, él tendría que recibir los números completos de la población mientras todavía ocupa su cargo.”
La causa pretende lograr que el tribunal declare inconstitucional la decisión de desbaratar el plan de emergencia de la Oficina del Censo, ya que viola la Cláusula de Enumeración y las garantías de protección igualitaria de la Constitución, así como también la Ley de Procedimientos Administrativos.