Beatriz Pascual Macías
Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Barack Obama, recibió un nuevo revés judicial de manos de un tribunal de apelaciones, que decidió mantener la suspensión temporal que impide aplicar el alivio migratorio que el mandatario anunció hace seis meses para regularizar a cinco millones de indocumentados.
El primer golpe encajado por Obama se produjo en febrero, cuando el juez federal de Texas Andrew Hanen, a petición de 26 estados, en su mayoría republicanos y liderados por Texas, dictó la suspensión temporal de las medidas, horas antes de que comenzaran las solicitudes para la primera fase del programa.
La decisión de hoy de mantener la suspensión de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans (Luisiana), una de las más conservadoras del país, supone un nuevo golpe para Obama, al que los republicanos acusan de haber propugnado una "amnistía" con medidas "inconstitucionales" sobrepasando su poder como presidente.
Un portavoz del Departamento de Justicia consideró "decepcionante" la decisión de la Corte, aunque aseguró que las acciones ejecutivas del presidente son "coherentes" con la ley y con la Historia, pues "durante cinco décadas los presidentes han utilizado su poder para hacer cumplir las leyes migratorias".
"El Gobierno no tiene posibilidades de tener éxito en esta apelación, negamos la moción", determinó, no obstante, la corte de apelaciones en un escrito de 68 páginas, al que tuvo acceso Efe y en el que el tribunal se niega a intervenir en un asunto sobre el que el Congreso no ha llegado a un acuerdo.
Precisamente, el Senado aprobó en junio de 2013 un proyecto de ley bipartidista para una reforma migratoria, pero la propuesta ni siquiera fue sometida a voto en la Cámara de Representantes y, por ello, Obama decidió emitir unas acciones ejecutivas en noviembre para frenar las deportaciones.
Contra esta decisión, el Gobierno de EE.UU. puede interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, algo que podría favorecer a Obama, dado que la máxima instancia judicial de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Ejecutivo federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
La decisión judicial ha despertado la indignación entre grupos proinmigrantes, que urgieron hoy al Gobierno a elevar el tono y llevar la batalla legal al Tribunal Supremo.
"Hacemos un llamamiento al Departamento de Justicia para que continúe con sus esfuerzos para levantar esta suspensión y llevar el asunto, sin demora, ante la Corte Suprema", destacó en un comunicado Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Inmigrantes, una de las organizaciones más activas en esta pugna legal.
El fallo judicial también desató reacciones en el Congreso, donde el congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez consideró la decisión "decepcionante pero no inesperada", y se mostró convencido de que finalmente saldrá adelante porque "la ley está sin duda del lado del presidente".
"Cuanto más tarde el proceso judicial, más difícil será imaginar a un candidato republicano para la Casa Blanca, porque el tema migratorio será definitivamente un tema de campaña", advirtió Gutiérrez, uno de los rostros más visibles en la lucha migratoria con la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2016.
En el otro lado del espectro político, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, calificó de "victoria" para la Constitución y el Estado de Derecho el fallo judicial, que pone fin "a meses de ofuscación" del Gobierno de Obama, según dijo en un comunicado.
En el mismo sentido, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, advirtió de que los republicanos "seguirán de cerca" el caso para "frenar" la "extralimitación" de poderes del presidente.
Desde el primer tropiezo judicial, Obama ha reiterado en varias ocasiones su compromiso para regularizar a cinco de los once millones de indocumentados que viven en el país, una propuesta que formuló por primera vez en 2008, cuando prometió una reforma migratoria que finalmente no pudo sacar adelante el Congreso.
Ahora queda por ver cuál será el siguiente movimiento del mandatario en una batalla legal, en la que cuestión de fondo es quién tiene autoridad para legislar sobre política migratoria, el Legislativo o el Ejecutivo.
En varias ocasiones, el Gobierno federal ha asegurado que posee autoridad única para aplazar las deportaciones, mientras que los estados reivindican su autonomía para decidir sobre unas medidas, que, según aseguran, les supondrán grandes perjuicios económicos.
Grupos proinmigrantes urgen a Obama a seguir lucha por el alivio migratorio
Grupos proinmigrantes urgieron hoy al presidente de EE.UU., Barack Obama, a seguir la lucha por el alivio migratorio para regularizar a cinco millones de indocumentados, a pesar del duro revés judicial que le asestó hoy una corte de apelaciones al mantener la suspensión temporal sobre las medidas.
"Mientras millones esperan ansiosamente para ver cómo se desarrollan en los tribunales los desafíos legales a las iniciativas del presidente Obama, los inmigrantes que luchamos por la victoria y ganamos esta política nos negamos a ser espectadores pasivos", destacó en un comunicado el Centro Nacional de Inmigrantes.
Dicho centro, como otra decena de organizaciones, han recibido con decepción la decisión de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, que hoy decidió mantener la suspensión temporal sobre las medidas migratorias decretadas en noviembre por el presidente Obama.
En su escrito de 68 páginas y al que tuvo acceso Efe, la Corte de Apelaciones rechazó la petición del Gobierno para levantar la suspensión temporal sobre el alivio migratorio que dictó en febrero el juez federal de Texas Andrew Hanen, a petición de 26 estados, en su mayoría republicanos y liderados por Texas.
Contra esta decisión, el Gobierno de EE.UU. puede interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, algo que puede favorecer a Obama, dado que el máximo tribunal de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
Por eso, la directora ejecutiva del Centro Nacional de Inmigrantes, Marielena Hincapié, hizo un llamamiento al Ejecutivo estadounidense para que interponga "sin demora" un recurso ante el Supremo para conseguir que se levante la suspensión temporal que pesa sobre las medidas desde hace medio año.
"Las comunidades de inmigrantes han esperado suficiente", destacó Hincapié, que aseguró que su organización seguirá ayudando a los jóvenes indocumentados a prepararse para solicitar el programa de Acción Diferida (DACA), así como a los posibles beneficiarios del programa de acción diferida para padres (DAPA).
En este punto, la directora ejecutiva de "Mi Familia Vota", Ben Monterroso, aseguró que la decisión de la Corte del Distrito de Nueva Orleans "no es la última palabra", pues todavía esta pendiente el recurso que el Gobierno interpuso ante la corte del juez de Texas que suspendió temporalmente las medidas en febrero.
El Gobierno todavía no ha obtenido respuesta a este recurso para levantar la suspensión decretada por Hanen y, precisamente por esta tardanza, decidió interponer otro recurso con carácter de urgencia, que es el que hoy ha sido rechazado.
Por otro lado, una portavoz del Movimiento para una Reforma Migratoria Justa (FIRM), Kica Matos, aseguró que su organización "empujará agresivamente y vigorosamente" hasta que prevalezcan las medidas migratorias, cuya suspensión deja a las familias en el "limbo".
"Este es un revés temporal, pero no nos lo tomamos a la ligera (...) Nuestras familias están cansadas de esperar y están cansadas de vivir con miedo. Esta decisión refuerza nuestra determinación para continuar la lucha", destacó Matos en un comunicado.
Por su parte, la vicepresidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), Rocío Saenz, destacó que las organizaciones proinmigrantes ya sabían que "la lucha por la reforma migratoria no iba a ser fácil y que habría baches en el camino", y aseguró que el nuevo fallo judicial no les parará.
La semana pasada se cumplieron seis meses desde que Obama dictara las medidas migratorias y cientos de inmigrantes acudieran a celebrar ante la Casa Blanca la detención de las deportaciones entre pancartas y gritos de alegría, una imagen que contrasta con la incertidumbre que ha levantado la suspensión del alivio.