El lunes 12 de agosto desde la Casa Blanca, el Director Interino de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), Ken Cuccinelli, en una conferencia de prensa anunció la nueva normativa sobre inmigrantes que son carga pública para Estados Unidos.
Según Cuccinelli, es un recurso del gobierno para lograr que los inmigrantes que lleguen sean “autosuficientes” y no personas que ingresen para “agotar” los recursos públicos y satisfacer sus necesidades y añadió: “El beneficio para los contribuyentes será a largo plazo, buscando asegurar que nuestro sistema migratorio atraiga a gente para que se nos una como ciudadanos, primero como residentes permanentes, que sí son capaz de sostenerse por sí solos, que no vaya a depender de los sistemas de bienestar, sobre todo en esta época en que es tan costoso y extenso…A través de la ley de la carga pública, la administración federal está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal, asegurando que los inmigrantes puedan mantenerse y tener éxito aquí en Estados Unidos", dijo Cuccinelli, evocando la ascendencia italiana de su familia, para caracterizar a las generaciones anteriores de inmigrantes como emprendedores. "Esta administración está promoviendo nuestra historia compartida y alentando los valores centrales necesarios para hacer realidad el sueño americano".
La nueva regulación de Carga Pública fue anunciada en octubre del 2018 en el Registro Federal y entrará en vigor a los 60 días después de ser publicada, contados a partir del 14 de agosto.
Esta regulación incluye un requisito de que, extranjeros que buscan una extensión de estadía o cambio de su estatus, por ejemplo que apliquen para una residencia permanente, demuestren que no han solicitado asistencia pública al gobierno desde que obtuvieron el estado migratorio de no inmigrante, que buscan extender o cambiar y tampoco recibieron beneficios públicos.
La asistencia pública se refiere a programas de ayuda en efectivo o beneficios en especie, a individuos y familias por parte de cualquier entidad gubernamental.
CARGA PÚBLICA
Es un concepto de criterio usado por funcionarios de inmigración para referirse a una persona que depende de ayuda del gobierno (asistencia con fondos públicos) para su subsistencia.
Los nuevos criterios de "Inadmisibilidad por motivos de carga pública", que entrarán en vigencia el 15 de octubre, establecerán estándares más estrictos para los solicitantes que buscan la residencia legal permanente en los Estados Unidos.
La seguridad económica, educación, edad y habilidades en el idioma inglés, cobrarán mayor importancia en el proceso de obtención de residencia, que es el principal obstáculo en el camino hacia la ciudadanía.
La nueva regulación considerará el bienestar financiero de migrantes que estén en Estados Unidos de manera legal, con visas temporales y será revisado minuciosamente cuando soliciten residencia.
Los funcionarios migratorios considerarán la edad, salud, estatus familiar, bienes, recursos, estado financiero y educación de los inmigrantes.
Los oficiales de inmigración tendrán un amplio margen para determinar si un inmigrante posiblemente vaya a necesitar recursos públicos, para negarle la residencia e incluso ordenar su deportación.
La nueva regla no afecta a personas que ya son ciudadanos por naturalización o que ya tienen residencia permanente, ya que no es retroactiva.
EXCENCIONES DE LA NUEVA REGULACIÓN
La nueva regulación no aplica para ciudadanos estadounidenses, incluso si el ciudadano está relacionado con un extranjero sujeto a la carga pública de inadmisibilidad.
La regla tampoco aplica para extranjeros a quienes el Congreso eximió de la carga pública de inadmisibilidad, como asilados, refugiados u otras poblaciones vulnerables, enumeradas como exentas en esta regulación final.
Tampoco se aplica esta regla a extranjeros para quienes el DHS tiene discreción legal para renunciar a este motivo de inadmisibilidad, si el DHS ha ejercido tal discreción.
Esto incluye disposiciones especiales sobre cómo DHS considerará la recepción de beneficios públicos, según se define en esta regla, por ciertos miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. y sus familias; ciertos adoptados internacionales; y la recepción de Medicaid en ciertos contextos, especialmente por extranjeros menores de 21 años, mujeres embarazadas y mujeres hasta 60 días después del parto, y por ciertos servicios financiados por Medicaid bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) o en un ambiente escolar.
El DHS solo considerará beneficios públicos recibidos directamente por el extranjero para su beneficio propio, o cuando sea beneficiario listado del beneficio público.
El DHS no considerará los beneficios públicos recibidos en nombre de otro.
COSTOS DE ASISTENCIA PÚBLICA
Programas federales de asistencia en efectivo incluyen Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, Ingreso de Seguridad Suplementario y Crédito por Ingreso del Trabajo.
Algunos ejemplos de los principales programas federales de beneficios en especie incluyen Medicaid, cupones de alimentos y asistencia para la vivienda.
La economía ha mejorado pero el costo de vida ha aumentando y los ingresos se han estancado, provocando que muchos gobiernos estatales y locales sigan gastando miles de millones en bienestar público anualmente.
A nivel nacional se gastaron más de $637 mil millones en asistencia social en el 2016, según la encuesta anual de la Oficina del Censo de los gobiernos estatales y locales.
Pero algunos estados son más afectados por los gastos de asistencia social que otros.
California, por ejemplo, tiene los gastos totales más altos de bienestar público por $ 98.5 mil millones, pero no figura como uno de los estados que más gasta en bienestar per cápita, pero Nueva York sí, gasta $3.305 en asistencia social per cápita, mientras que sus gastos totales de asistencia pública son de solo $19.85 mil millones.
El factor más importante que contribuye al problema es el alto costo de vida del Estado, que es el quinto más alto del país.
Según GoBankingRates.com Nueva York ocupa el primer lugar entre los diez estados que más gastan en bienestar social per capita seguido de Alaska, Massachusetts, Vermont, Minnesota, Nuevo México, Delaware, Maine, Oregon y Kentucky.
ASISTENCIA A NIVEL ESTATAL
Aproximadamente el 64% de la población del Estado vive en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York y el 40% en la ciudad de Nueva York.
Según un informe del Contralor del Estado de Nueva York Thomas P. DiNapoli, la inscripción en asistencia pública en el Estado en el 2016 aumentó ligeramente, debido a una mayor inscripción de la asistencia de red de seguridad (SNA) en la ciudad de Nueva York, pero la inscripción disminuyó en áreas fuera de la ciudad de Nueva York por primera vez en ocho años.
Esa asistencia familiar brinda hasta sesenta meses de asistencia en efectivo a familias necesitadas elegibles; Safety Net Assistance brinda asistencia en efectivo o no en efectivo a adultos solteros elegibles, parejas sin hijos, personas que han excedido el límite de 60 meses de asistencia familiar, niños que viven separados de parientes adultos y otras personas.
El número mensual promedio de beneficiarios de asistencia pública en el estado de Nueva York aumentó en 0.8 %; en la ciudad de Nueva York aumentó en 5,2 % y en las áreas fuera de la ciudad de Nueva York disminuyó en 5.7 %.
La inscripción en programas como FA y SNA aumentó en la ciudad de Nueva York, pero disminuyó en áreas fuera de la ciudad de Nueva York. SNA es financiado en gran parte por el Estado y los condados, mientras que FA es financiado por el gobierno federal.
IMPACTO EN LA CIUDAD
De los 4.4 millones de residentes nacidos en el extranjero en el Estado de Nueva York, 3.3 millones viven en la ciudad de Nueva York.
La ciudad de Nueva York es una ciudad de inmigrantes y cambios en política migratoria tienen implicaciones directas en la ciudad.
El 38% de los residentes de la ciudad son inmigrantes, con un total de 3.1 millones, el mayor número en la historia. Más de la mitad de los niños de la ciudad tienen un padre nacido en el extranjero y aproximadamente 4.9 millones, equivalente al 60% de los neoyorquinos, viven en hogares con al menos un miembro inmigrante.
Los inmigrantes representan el 45 por ciento de la fuerza laboral de la ciudad y en el 2017, los inmigrantes contribuyeron con un estimado de $195 mil millones al Producto Interno Bruto de la ciudad.
Se estima que 304.000 neoyorquinos de bajos y medianos ingresos, incluidos ciudadanos estadounidenses y titulares de tarjetas verdes que no estarían sujetos a determinación de admisibilidad de carga pública, podrían dejar de participar en programas de beneficios públicos porque no son ciudadanos o viven con un no ciudadano, debido a la confusión y el miedo sobre el alcance del cambio de la ley de carga pública, incluyendo un estimado de 72.000 niños ciudadanos estadounidenses y 29.000 personas con discapacidades.
La regulación podría impactar significativamente en la pobreza.
Si el 20% de inscritos en programas de beneficios públicos se retiraran, el porcentaje de pobreza para esta población aumentaría hasta 3.8%.
El porcentaje de pobreza infantil para esta población aumentaría en 9.1 puntos porcentuales.
GRUPOS AFECTADOS EN NYC
La nueva regulación causará daños potenciales a cientos de miles de personas en la ciudad de Nueva York.
Según datos proporcionados por el Depto. de Servicios Sociales de la Ciudad, un ejemplo del impacto económico potencial del efecto de enfriamiento para ciertos beneficiarios de ayuda pública, provocaría una pérdida anual de $235 millones en beneficios.
Esto produciría $420 millones en actividad económica reducida en la ciudad en general.
El daño potencial incluye impactos negativos en la seguridad económica de los residentes, que no reclamarían beneficios para los que pueden ser elegibles por temor a comprometer su propia status migratorio o el de los miembros de su hogar.
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Esto significará una pérdida de ingresos para estas familias, que afectará negativamente la actividad económica de la ciudad y los niveles de pobreza de familias de bajos ingresos con al menos un miembro no ciudadano.
También posibles impactos negativos en la capacidad futura de algunos no ciudadanos para ajustar su estatus migratorio, incluso si de otro modo son legalmente elegibles para hacerlo.
En la ciudad hasta 400.000 no ciudadanos podrían enfrentar consecuencias migratorias negativas, incluyendo aprox. 6.000 discapacitados, 17.000 mayores de 62 años y 49.000 niños.
En la ciudad de Nueva York, aproximadamente 495.000 no ciudadanos participan en el programa Medicaid.
La nueva regulación advierte sobre consecuencias negativas de la inmigración por el uso del seguro y beneficios de salud, incluso cuando un individuo es elegible, socavarán la participación y aumentarán el estrés en los hospitales y clínicas que tratan a no asegurados, a la vez que impactan la salud pública de todos los residentes.
Además se reduciría el uso de servicios preventivos e incrementarla el uso de servicios de emergencia.
También habría un menor uso de programas de asistencia de vivienda como la Sección 8, que causaría aumento en vivienda inestable, hacinamiento y el uso de refugios y, en última instancia, aumentar los niveles de falta de vivienda y por ende de mendicidad.
REACCIONES EN NYC
Varias han sido las reacciones de los oficiales electos en la Ciudad de Nueva York, por su parte el alcalde Bill de Blasio dijo: “El presidente está lanzando un asalto directo a nuestros hermanos inmigrantes. La América (nación) que conocemos fue construida por soñadores trabajadores de todo el mundo. Esa es la América (nación) que estamos luchando para proteger. A nuestros inmigrantes neoyorquinos: estamos con ustedes ahora y siempre. A nuestro presidente: nos vemos en la corte".
Según la comisionada de la Oficina de Asuntos Inmigrantes de la Alcaldía, Bitta Mostofi: “La regla de carga pública es otro intento más de la administración Trump para infundir miedo y preocupación entre las familias inmigrantes que trabajan, pero puede estar seguro de que los neoyorquinos son combatientes y que la Ciudad hará todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que las personas tengan los recursos que necesitan en este momento crítico”.
El concejal demócrata de Queens, Daniel Dromm expresó: "La pobreza nunca debería ser una barrera para alcanzar la ciudadanía. Estados Unidos tiene una larga historia de acoger a los pobres. Inscritas en nuestra propia Estatua de la Libertad están las palabras indelebles 'Dame tu cansado, tu pobre, tus masas acurrucadas que anhelan respirar libremente'. Nuestra nación va a perder mucho por esta regla. Nunca debemos darle la espalda a las personas con dificultades económicas. Como funcionario electo que representa a uno de los distritos más ricos en inmigrantes de Nueva York, continuaré haciendo todo lo que esté en mi poder para luchar contra esta terrible regla".
Si tiene preguntas sobre cómo la nueva regulación de carga pública puede afectarle, llame a: ActionNYC al 311 o al 1-800-354-0365 y diga “carga pública” para acceder a asesoramiento legal confiable financiado por la ciudad en varios idiomas.