Valeria Luiselli, autora residente de Nueva York, presentó ayer su libro "Los niño perdidos (Un ensayo en cuarenta preguntas)" en Madrid, en la cual relata su experiencia como traductora en la Corte migratoria de Nueva York para defender los niños de inmigrantes y el proceso de la corte en la cual se enfrentan miles de centroamericanos.
Luiselli explicó que la llegada del Gobierno de Donald Trump ha destacado una "histeria masive" y un "pánico" ante los cambios.
El "pánico" que sucede tras la elección de Trump supone que hay muchas prisas para tratar de sacar los más casos posibles, antes de que se introduzca un cambio en las leyes.
La excritora mexicana relata que se acuerda de las leyes de George W. Bush del 2007 que protege las víctimas del tráfico humano, una ley que permite que los niños sean candidatos del asilo, pero igual la provisión excluyó los niños mexicanos al llegar a la frontera, que son departados inmediatamente sin derecho de presentar su caso ante un juez estadounidense.
"Hay niños tan pequeños que no pueden contar su historia de la forma en la que podrían explicar cosas que les harían candidatos al asilo, y por ello serán previsiblemente deportados, solo porque no cuentan con herramientas retóricas", relata.
Con una meta de llegar al orígen de los problemas que enfretan los menores, su obra, explica Luiselli, incluye unos pocos casos para discutir "las implicaciones en un desastre cuyas víctimas son los niños".
Cuarenta preguntas son las preguntas del cuestionario de los menores inmigrantes en Estados Unidos frente un tribunal para determinar si la posibilidad de pedir asilo existe, un proceso bien complicado en la cual asegura lo más importante y vital para su caso es un abogado.
Ante un juez en la Corte migratoria neoyorquina, los pequeños indocumentados que cruzan solos la frontera deben responder a una de las preguntas: "¿Por qué viniste a los Estados Unidos?".
Explica que hay una "política radical muy inhumana" por parte del anterior presidente, Barack Obama, ya que estableció un carácter prioritario de estos casos ante la corte: "Prioridad, pero para ser deportados".
Los niños tenían antes un año para poder encotrar un abogado que los defendieran, pero eso cambio y se redució a los 21 días. "¿Qué menor que no habla inglés puede encontrarlo en ese plazo?", pregunta la autora.