La asambleísta de Queens, Jessica González-Rojas y el senador estatal, Andrew Gounardes, presentaron un proyecto de ley que prohíbe a cualquier persona realizar acciones discriminatorias o de represalias contra quienes denuncian acoso sexual.
Durante varias décadas el acoso sexual dentro del Capitolio estatal había sido un secreto a voces que no había salido a la luz pública hasta que Lindsey Boylan, abrió la puerta para que 10 mujeres más denunciaran al gobernador Andrew Cuomo.
Lo que ha permitido crear cambios en la ley de acoso sexual dentro del estado de Nueva York, brindando mayor protección hacia las víctimas para que no tomen represalias en su contra cuando denuncien las irregularidades de los acosadores.
La medida propuesta por Jessica González-Rojas en la Asamblea y Andrew Gounardes ante el Senado estatal, tiene su punto de inflexión en las acciones descubiertas en el informe de la fiscal general por parte de la principal asistente de Cuomo, Melissa DeRosa.
La Sra. DeRosa que su nombre aparece 187 veces a lo largo del informe, actuó en varias ocasiones para desacreditar a la primera mujer que acusó de acoso sexual al gobernador, Lindsey Boylan, lo que ayudó también a cultivar un ambiente laboral “tóxico” hacia varias empleadas.
“Los ataques personales a Lindsey Boylan expusieron un ejemplo de las lagunas que existen actualmente en las leyes de derechos humanos y debemos hacer todo lo posible para reducir el daño potencial a las víctimas”, dijo González-Rojas en un comunicado.
La representante de la Asamblea estatal ante el Distrito 34, explicó que la legislación A7101 / S5870, protegerá a los sobrevivientes de violencia sexual de cualquier posible represalia cuando determinen presentar una denuncia y les dará capacidad para emprender acciones legales y recibir una indemnización por “daños y perjuicios”.
El proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en junio pasado en el Senado, se encuentra ahora a la espera de someterse a votación en la Asamblea estatal.
González-Rojas, aseguró que su legislación ha ganado apoyo bipartidista en la Asamblea, recibiendo el apoyo de más de 30 copatrocinadores, debido a la urgente necesidad de aprobar una legislación de esta magnitud que protegerá a las víctimas.
Por su parte, el senador Gounardes explicó que las represalias encontradas en el informe contra Lindsey Boylan, tienen un “efecto escalofriante” que desdice las acusaciones que fueron presentadas por las 11 mujeres en los últimos meses. Provocando que más mujeres pierdan el temor de realizar sus denuncias.
“Existe un miedo increíble y ese miedo se convierte en un arma cuando la gente sufre represalias”, dijo el legislador Gounardes en una entrevista al programa de televisión “Capital Tonight”.
for multiple reasons,” González-Rojas said.
“That is why legislation like A7101/S5870, which I carry with Senator Gounardes, is important because we must protect survivors of sexual violence from any potential retaliatio...”https://t.co/OHZChlT7qs
— Jessica González-Rojas (@votejgr) August 10, 2021
La asambleísta González-Rojas prometió seguir presionando para que la legislación sea aprobada por la Asamblea lo antes posible, lo que indica la posibilidad de ser aprobada debido a la acogida que recibió por sus pares demócratas y republicanos.
De ser aprobada, la legislación quedará en manos de la nueva gobernadora Kathy Hochul, quien en su discurso pronunciado el día de ayer, tomó distancia de Cuomo y prometió pasar la página una vez que asuma su cargo, el próximo 24 de agosto.
Hochul que viene con la espada desenvainada, aclaró que destituirá a los empleados del gobernador Cuomo que actuaron mal y de manera poco ética.
“Nadie que haya sido mencionado por hacer algo poco ético en el informe permanecerá en mi administración. Habrá rotación”, dijo la próxima gobernadora número 57 del estado de Nueva York.
Si bien esta iniciativa tiene su punto inicial en las acusaciones realizadas en el sistema público, también se traslada al ámbito privado.
“Toda persona que afirme haber sido agraviada por un acto discriminatorio ilícito tendrá una causa de acción en cualquier tribunal de jurisdicción apropiada por daños y perjuicios, incluso en casos de discriminación laboral relacionados con empleadores privados”, indica parte de la legislación.
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