Juez suspende la aplicación de las medidas ejecutivas migratorias de Obama
Un juez federal de Texas anunció la suspensión temporal de las medidas ejecutivas migratorias anunciadas en noviembre por el presidente de EEUU, Barack Obama, que buscan regularizar a más de cinco millones de indocumentados.
El juez que instruye la causa de una demanda presentada por 26 estados contra las medidas ejecutivas de Obama, Andrew Scott Hanen, decidió que el presidente debe suspender "temporalmente" la implementación de su decreto, según el fallo.
La decisión del magistrado, con fecha del 16 de febrero, se anuncia la vísperas de que este miércoles comenzase el plazo de inscripción por el que miles de jóvenes indocumentados podrían acogerse al alivio migratorio de la Acción Diferida (DACA), que posterga por tres años su deportación y les permite obtener un permiso de trabajo temporal.
Aparte de la ampliación del DACA, un plan ideado en 2012 y con el que se ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes a los que se conoce como "soñadores", las acciones ejecutivas incluyen un nuevo programa que concedería permisos de trabajo a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente.
La inscripción para este último plan debía comenzar en mayo próximo y se calcula que ambos programas pueden beneficiar a unos 5 de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen en EE.UU.
En su fallo, el juez asegura que "al haber hallado que al menos un demandante satisface todos los elementos necesarios para mantener la demanda", concede "un mandato judicial temporal" para suspender la aplicación de las medidas hasta que haya "una resolución final de los méritos de esta causa o una orden ulterior de este tribunal".
La decisión del juez Hanen, quien fue propuesto para el puesto en 2002 por el expresidente George W. Bush, es vista como un indicio de que a la postre podría inclinarse definitivamente a favor de los demandantes y fallar en contra de las medidas ejecutivas.
La decisión del juez responde a una demanda liderada por Texas y presentada el pasado 3 de diciembre por una coalición de diecisiete estados, a los que se le han ido sumando otros hasta sumar un total de 26, uno más que la mitad de los 50 que integran la nación, que consideran que el presidente se extralimitó en sus poderes.
Se trata de Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin, además de Texas.
La gran mayoría de estos estados están en manos de los republicanos, que se oponen a la acción ejecutiva y también protagonizan un movimiento en el Congreso destinado a bloquearla dejando sin presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia encargada de su implementación.
Los fondos para financiar el DHS, una institución cuyas competencias además de inmigración incluyen terrorismo o ciberseguridad, se agotarán el próximo 27 de febrero en caso de que lo congresistas no lleguen antes a un acuerdo.
El nuevo gobernador de Texas, Greg Abbott, que el pasado mes sustituyó en el cargo a Rick Perry y que impulsó la demanda, reaccionó inmediatamente al fallo judicial y se mostró complacido.
"La decisión del juez Hanen detiene radicalmente las extralimitaciones del presidente en su camino (...) Vivimos en una nación gobernada por un sistema de equilibrios y controles, y el intento del presidente de pasar por encima de la voluntad del pueblo estadounidense fue hoy controlada", dijo Abbott en una declaración.
Los estados demandantes consideran que con sus medidas ejecutivas Obama "viola la Constitución de los Estados Unidos y la ley federal, elude la voluntad del pueblo estadounidense y afrenta a las familias y personas que siguen la leyes para migrar legalmente".
Frente a esto, otra coalición, esta vez integrada por doce estados y el Distrito de Columbia, anunció que defenderá las medidas ejecutivas migratorias del presidente, al argumentar que, lejos de suponer una carga, las medidas son beneficiosas al "aumentar sus ingresos" y "reducir la demanda de servicios sociales".
Los doce estados (California, Connecticut, Hawai, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington) y el Distrito de Columbia se presentaron como "amicus curiae" (amigo de la corte) en el proceso contra las medidas que buscan regularizar a más de cinco millones de indocumentados.
Los defensores creen que las medidas benefician a los estados porque mejoran de la seguridad, mantienen unidas a las familias y ayuda a la economía, porque los inmigrantes trabajadores, que pagan sus impuestos, "pueden salir de la sombra", según el procurador general de Washington, Bob Ferguson, impulsor de la coalición.
Por su parte, Abbott, que fue procurador general de Texas antes de ganar la gobernación, considera que las medidas ejecutivas, lejos de beneficiar a la nación, conllevarán más "inmigración ilegal" y más inseguridad en la frontera.
Obama anunció el pasado 20 de noviembre un conjunto de medidas unilaterales para regularizar a más de cinco de los once millones de indocumentados que hay en el país, la mayoría padres con hijos que son ciudadanos o tienen residencia permanente.
GOBIERNO EN TERRENO SÓLIDO
El Gobierno de EE.UU. afirmó que está en "terreno muy sólido" para que las medidas migratorias ejecutivas aprobadas por el presidente Obama, sean puestas en marcha.
En una teleconferencia con periodistas, la directora de política doméstica de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, dijo que el Gobierno de Obama está "en un terreno legal muy sólido" y confió en que podrán aplicar las medidas de alivio migratorio, que regularizarían temporalmente a 5 millones de inmigrantes indocumentados.
Por el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no va a aceptar solicitudes para la primera fase de regularización temporal, que iba a permitir a cerca de un cuarto de millón de jóvenes que han crecido y se han educado en Estados Unidos, dentro del programa conocido como Acción Diferida (DACA).
Muñoz aseguró que la Casa Blanca "tendrá éxito y podremos implementar el programa", aunque no aventuró plazos para reiniciar el proceso que permitiría que jóvenes que han echado raíces en el país no se vean abocado a la deportación, durante al menos tres años.
Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, consideró que el historial de este tipo de decisiones ejecutivas en temas migratorios "asegura que nuestra estrategia legal permitirá que se implanten" la DACA y a partir de primavera la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que beneficiará a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente.
BATALLA LEGAL
El Departamento de Justicia apelará la decisión del juez federal de Texas de suspender temporalmente las medidas ejecutivas sobre inmigración.
Tanto el Departamento de Justicia como juristas y expertos en inmigración "han determinado que las acciones del presidente están dentro de su autoridad legal", subrayó en un comunicado el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Además, tanto la Corte Suprema como el Congreso "han dejado claro que el Gobierno federal puede establecer prioridades en la aplicación de nuestras leyes de inmigración, que es exactamente lo que el presidente hizo", añadió el portavoz de Obama.
A juicio de Earnest, las medidas anunciadas por Obama son "consistentes" con leyes aprobadas por el Congreso y con decisiones de la Corte Suprema, así como "con cinco décadas de precedentes de presidentes de ambos partidos que han usado su autoridad para establecer prioridades en la aplicación de las leyes de inmigración".
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, también aseguró que las medidas son "coherentes" con leyes aprobadas por el Congreso y con decisiones de la Corte Suprema, que "han dejado claro que el Gobierno federal puede establecer prioridades en la aplicación de nuestras leyes de inmigración".
El secretario de Seguridad Nacional (DHS), Jeh Johson, mostró su total desacuerdo con la decisión del juez Hanen, pero aseguró que la respetarán y el DHS no aceptará las peticiones de la DACA que iban a comenzar a procesarse.
Los apoyos y las críticas al bloqueo del juez Hanen no se han hecho esperar y se han dividido entre las opiniones favorables de los republicanos, y las esperanzas de revocar el fallo de los demócratas y las organizaciones hispanas.
La congresista demócrata por California Linda Sánchez, presidenta del caucus hispano del Congreso, aseguró que hay precedentes en el uso del poder ejecutivo en asuntos migratorios, tal y como hizo en su momento el presidente republicano Ronald Reagan.
ACTIVISTAS
Grupos de activistas y jóvenes indocumentados mostraron su confianza de que las medidas ejecutivas migratorias del presidente Obama entren en vigor después de que suspenden temporalmente.
Brent Wilkes, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), aseguró que la postura adoptada por los republicanos ignora que la necesidad de que Obama recurriera a una acción ejecutiva se dio por la oposición de congresistas conservadores a la reforma migratoria consensuada entre senadores de ambos partidos.
"Confiamos en que las acciones del presidente serán encontradas constitucionales por un tribunal y se dará luz verde a su implementación.
Mientras tanto, LULAC asistirá a las familias que se preparan para el proceso de solicitud", explicó Wilkes.
Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), confió en que un tribunal revoque finalmente la decisión del juez tejano y "reafirme la legitimidad de ese alivio administrativo, poniéndose de lado de los incontables juristas que indicaron que el presiente estaba actuando dentro de autoridad".
"Esto es solo un retraso temporal por un juez de Texas, pero sabemos que al final ganaremos", dijo en su cuenta de Twitter la activista Erika Andiola, codirectora del grupo Dream Action Coalition.
A pesar del contratiempo, la joven pidió que las personas interesadas en estar amparadas bajo el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) o la ampliación del programa de Acción Diferida (DACA) que continúen preparando la documentación requerida por las autoridades migratorias.
"Aquellos que cumplen los requisitos para DACA y DAPA no deberían ser deportados independientemente del retraso", consideró Andiola, que recordó además que las renovaciones de la Acción Diferida siguen vigentes, por lo que animó a entregar su documentación a los "soñadores" que quieran ampliar dos años más su presencia legal en el país.
Cecilia Wang, directora del Proyecto de derechos de Inmigrantes en la Unión de Libertades Civiles (ACLU), dijo en Twitter que para aquellos que iban a aplicar para la ampliación de DACA y DAPA esta decisión judicial es apenas el "primer round" de este combate.
En su opinión, a pesar de la "inflamatoria retórica antiinmigrante", el fallo del juez no pone en duda la constitucionalidad de las medidas anunciadas por Obama en noviembre pasado.
En este sentido, la directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, María Rodríguez, dijo en un comunicado que van a continuar "educando a nuestra comunidad para que todos estén listos para solicitar DACA y DAPA cuando llegue el momento".
"Esta demanda es otra maniobra política por parte de políticos antiinmigrantes, y es sólo una piedra en el camino para tratar de asustar a nuestras comunidades y así lograr que no soliciten DACA o DAPA. Tenemos fe en que la Constitución va a ganarle a los políticos antiinmigrantes y mezquinos ", dijo Rodríguez.
En las redes sociales también se reflejó esta indignación y Eddie Carmona señaló en su cuenta de Twitter que la decisión judicial no los va a "disuadir" y que la "lucha sigue" en favor de las medidas ejecutivas.
Por su parte, un usuario llamado Jenna Abrams publicó en la misma red social el montaje de una fotografía en la que se ve a agentes de Inmigración escoltando a una docena de indocumentados detenidos a los que se les había sustituido su cara por la de un cabizbajo Obama.
NUEVA YORK
Nueva York se ha unido a las voces en contra de la decisión de un tribunal federal de Texas de suspender temporalmente las medidas ejecutivas sobre inmigración pero se mostró confiado en la apelación.
El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, destacó que la acción ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciada el pasado noviembre, "es lícita y consistente con los valores de este país de compasión, inclusión y libertad".
De Blasio se mostró confiado en que la Corte de Apelaciones, a la que recurrirá la Administración Obama "apoyará las muy necesarias y sensatas medidas" y advirtió que la ciudad continuará "defendiendo y abogando por la inclusión de los inmigrantes".
"La ciudad de Nueva York continuará preparándose para la implementación de las medidas ejecutivas del presidente y pidiéndole a los inmigrantes que se preparen para registrarse cuando estos programas comiencen", afirmó.
Para la presidenta del Concejo municipal, Melissa Mark-Viverito, la demanda presentada por los 26 estados liderados por Texas y en su mayoría republicanos, es "frívola" y "amenaza con cerrar agencias gubernamentales".
Mark-Viverito, de origen puertorriqueño, lamentó que esos estados intenten bloquear que las medidas sean aprobadas por el Congreso, lo que dejaría sin presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargada de su implementación.
"Los hechos son claros: el plan de alivio del presidente Barack Obama es constitucional y necesario", beneficiará al país y sigue el liderazgo de otros presidentes que han tomado acciones ejecutivas en materia de inmigración, indicó.
Por su parte, la Coalición del Inmigrante cree que la decisión del juez es de "poca visión" y "motivada políticamente" pero confía en que finalmente se puedan poner en marcha los alivios, que buscan regularizar a más de cinco millones de indocumentados.
Se estima que en Nueva York se beneficien más de 300.000 inmigrantes.
"La decisión equivocada del juez Andrew Hanen sólo retrasa temporalmente su puesta en marcha", aseguró Steven Choi, presidente de la Coalición.
Los estados de Nueva York y Nueva Jersey participarán de las marchas en repudio a la decisión del tribunal que se han convocado a través del país.
