La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció hoy un acuerdo con Ink Property Group LLC (Ink) por violar las leyes de estabilización de alquileres y acosar ilegalmente a los inquilinos.
Ink, administrado por Eden Ashourzadeh, Alex Kahen y el entonces infractor de la Lista de los peores propietarios de 2016 del Defensor público James, Robert Kaydanian, compró docenas de edificios con renta estabilizada en comunidades de color y de bajos ingresos con la intención de desregular ilegalmente las viviendas asequibles con fines de lucro.
A través de una variedad de actividades ilegales, Ink expulsó a los inquilinos con renta estabilizada para que sus unidades pudieran ofrecerse a precio de mercado. Ink también presentó intencionalmente documentos falsos a instituciones financieras, mintiendo sobre alquileres y ocupación para obtener préstamos.
Como parte del acuerdo, Ink pagará hasta $1.75 millones para preservar viviendas asequibles y más de $400,000 en restitución a los inquilinos. Ink también traerá al menos 28 apartamentos que fueron desregulados ilegalmente de nuevo a la estabilización de renta, haciéndolos permanentemente asequibles.
También se requiere que Ink instale un monitor y una empresa externa de administración de propiedades para garantizar el cumplimiento de las leyes de estabilización de alquileres y administrar sus edificios, que serán supervisados por la Oficina del Fiscal General (OAG).
“Mientras los neoyorquinos enfrentaban alquileres altísimos y luchaban por encontrar viviendas asequibles, Ink trató de enriquecerse rápidamente aprovechándose de los inquilinos vulnerables y sus familias”, dijo la Fiscal General James.
“Mentir y tomar atajos para evadir la estabilización de rentas es uno de los trucos más antiguos del oficio, pero los años de Ink de explotar a nuestros vecinos trabajadores sin consecuencias terminan aquí. Estos inquilinos se organizaron y se defendieron, y gracias a sus esfuerzos, serán compensados por el sufrimiento al que han sobrevivido. Mi oficina continuará luchando por los inquilinos y para preservar las viviendas asequibles al garantizar que los malos actores como Ink rindan cuentas”.
Entre 2014 y principios de 2019, Ink compró 32 edificios multifamiliares en la ciudad de Nueva York, principalmente en el norte de Brooklyn y otras comunidades predominantemente de color y de bajos ingresos. Ink también se desempeñó como administrador de propiedades para 12 edificios adicionales.
La empresa implementó una estrategia de compra de edificios de apartamentos de tamaño pequeño a mediano con unidades que tenían principalmente renta estabilizada.
Luego, Ink participaría en una campaña para expulsar a todos los inquilinos con renta estabilizada: primero, acercándose ilegalmente a los inquilinos con compras totales, luego sometiendo repetida y persistentemente a los inquilinos a hostigamiento y, en algunos casos, creando condiciones peligrosas para que los inquilinos se vieran obligados a irse porque sus apartamentos ya no eran habitables. Ink incluso proporcionó comisiones monetarias a los empleados que convencieron con éxito a los inquilinos para que se mudaran, ofreciendo hasta $ 5,000 por cada compra total.
Una vez que los inquilinos con renta estabilizada fueran expulsados, Ink renovaría las unidades con actualizaciones cosméticas y alquilaría los apartamentos a la tasa más alta que permitiera el mercado.
Ink ignoró el sistema de Mejoramiento de Apartamentos Individuales (IAI) establecido en las leyes de Estabilización de Rentas, y en su lugar trató cada vacante nueva como una unidad no regulada, independientemente de si las renovaciones realizadas cumplieron con los criterios para lograr la desregulación.
Ink tampoco documentó adecuadamente ningún cálculo de IAI y repetidamente no presentó declaraciones de registro de alquiler anual ante el Departamento de Viviendas y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York para la mayoría de los edificios en su cartera.
Las declaraciones de registro que se presentaron a menudo contenían tergiversaciones e información falsa sobre la ocupación y el estado regulado de muchos de los apartamentos.
A pesar de las renovaciones, los edificios promediaron más de 1,000 infracciones de viviendas abiertas, incluidas 115 de las infracciones más peligrosas por condiciones tales como pintura a base de plomo y protectores de ventanas rotos. Algunas de las violaciones que permanecen abiertas hoy se emitieron ya en 2017.
María de la Rosa había vivido en su apartamento de alquiler estabilizado en Brooklyn durante más de 30 años antes de que Ink comprara el edificio. No mucho después, los empleados de Ink se acercaron a ella y le ofrecieron compras en forma repetida y agresiva, incluso cuando ella se negó explícitamente.
Ink logró desplazar a casi la mitad de los vecinos de la Sra. de la Rosa, pero luego dejó que las unidades vacantes se deterioraran hasta tal punto que las condiciones afectaron la salud y la seguridad de la Sra. de la Rosa. Durante años, ha lidiado con grietas en las paredes, goteras y ratas.
A medida que Ink continuó aumentando su cartera, presentó registros de alquileres falsos a instituciones financieras para obtener préstamos más favorables o refinanciar sus hipotecas.
Los documentos falsos informaron alquileres inflados y contratos de arrendamiento falsos, a menudo con familiares, amigos y asociados que figuran como "inquilinos", para fingir una alta rentabilidad.
Una investigación de cuatro años realizada por la OAG con la asistencia de HCR encontró que Ink cometió repetida y consistentemente varios actos fraudulentos para su propio beneficio y violó el Código de Estabilización de Rentas del Estado de Nueva York, la Ley de Estabilización de Rentas de la Ciudad de Nueva York y la Ley de Vivienda de la Ciudad de Nueva York. Código de mantenimiento.
Como parte del acuerdo anunciado hoy, Ink pagará hasta $1.75 millones al Fondo de Vivienda Asequible del Fiscal General con el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) de la Ciudad de Nueva York, que financia la preservación y creación de viviendas asequibles en la Ciudad de Nueva York. Ink también pagará $400,000 en restitución a los inquilinos que fueron acosados por Ink para desalojar sus apartamentos y $2,500 a cada uno de los inquilinos que se vieron obligados a vivir en condiciones peligrosas creadas intencionalmente por la construcción.
Al menos 28 apartamentos se volverán a regular según lo determine un abogado independiente contratado por el monitor, y los inquilinos a quienes anteriormente se les cobró de más por estas unidades también recibirán indemnizaciones por sobrecargos en montos aún por determinar.
Estos fondos serán desembolsados por el monitor y el nuevo administrador de propiedades independiente se hará cargo de la administración de 15 edificios que Ink posee y administra actualmente.
La OAG desea agradecer a HCR, HPD y Ink Tenant Coalition por su apoyo y asociación. La Coalición de Inquilinos de Ink está dirigida por St. Nicks Alliance e incluye el Comité de la Quinta Avenida y la Coalición de Inquilinos de Flatbush.
Agradecimientos adicionales a Communities Resist (CoRe), TakeRoot Justice y Stabilizing NYC por brindar representación y apoyo a Ink Tenant Coalition y grupos comunitarios locales que organizan a los inquilinos contra los propietarios depredadores.
“Las actividades ilegales de Ink Property Group han causado un tremendo dolor a sus inquilinos, muchos de los cuales son personas de color”, dijo la Representante a la Camara de Los Estados Unidos Nydia Velázquez.
“Desafortunadamente, la discriminación en la vivienda y el maltrato de los inquilinos por parte de los propietarios sucede con frecuencia, es por esto que introduje la Ley de Responsabilidad de los Propietarios, que ayudaría a prevenir las acciones despreciables realizadas por Ink. Continuaré luchando en el Congreso para brindar protecciones federales a los inquilinos y agradezco a la Fiscal General James por liderar el esfuerzo para asegurar que haya repercusión financiera para Ink y para ayudar a garantizar la restitución a los inquilinos afectados”.
“Los propietarios de nuestra ciudad se aprovechan de las regulaciones flexibles para acosar ilegalmente a los inquilinos, implementar aumentos de alquiler excesivos y buscar desalojos sin causa justificada, pero ya no nos tomamos esto a la ligera”, dijo el Presidente del Condado de Brooklyn, Antonio Reynoso.
“Como miembro del consejo, y trabajando con St. Nick’s Alliance, lideré la creación del Grupo de trabajo de vivienda del norte de Brooklyn que persiguió algunas propiedades de tinta mal administradas, el grupo con el que el fiscal general James está llegando a un acuerdo hoy por sus malas acciones contra los inquilinos.
Gracias a AG James por su liderazgo en torno a este tema, haciéndoles saber a los propietarios y grupos inmobiliarios que los haremos responsables por el trato injusto de los inquilinos”.
“En medio de esta grave crisis de viviendas asequibles, todos los niveles del gobierno deben trabajar sin descanso para proteger cada una de las invaluables unidaded con renta estabilizada y a los neoyorquinos que viven en ellas y las llaman hogar”, dijo la Asambleísta Emily Gallagher.
“El acuerdo de la Fiscal General James con Ink Property Group debería servir como una advertencia para los propietarios que se aprovechan de los inquilinos y evaden nuestras leyes: los propietarios están sobre aviso. Estoy agradecido con la Fiscal General y su equipo por defender firmemente a los inquilinos en mi distrito y en todo Nueva York”.
“Debemos tomar medidas enérgicas contra todos los propietarios predadores que acosan a los inquilinos, eliminan las viviendas asequibles y desestabilizan nuestras comunidades”, dijo el Concejal de la Ciudad de Nueva York Lincoln Restler.
“Este acuerdo obtenido por nuestra Fiscal General Letitia James es exactamente el tipo de rendición de cuentas contundente que necesitamos todo el tiempo en contra de los malos propietarios”.
“El acuerdo es un hito crucial e importante que envía un fuerte mensaje a las LLCs turbias como Ink Property Group, que creen que pueden entrar a nuestros vecindarios para atacar y desplazar a las comunidades de color de bajos recursos”, dijo la Concejal de la Ciudad de Nueva York Jennifer Gutiérrez.
“Esta decisión es una muestra de que usar tácticas como le acoso a inquilinos y la falsificacion de documentos financieros tienen consecuencias reales y que estos comportamientos de explotación no pueden andar a rienda suelta en nuestra ciudad”.
“A pesar de las sólidas leyes de vivienda de Nueva York, propietarios como Ink Property Group traicionan a diario la confianza pública al mantener unidades fuera de mercado, explotar y acosar a los inquilinos de bajos recuersos y desalojar a las familias en su búsqueda insaciable de ganancias”, dijo la Concejal de la Ciudad de Nueva York Sandy Nurse.
“Gracias al liderazgo de la Fiscal General, St. Nick's Alliance y de los líderes de inquilinos que vivieron estas condiciones horrendas, Ink Property Group será hecho responsable y se hará justicia para los inquilinos. Que hoy sea claro el mensaje para los propietarios como Ink: no acosen a nuestros constituyentes y no saquen del mercado apartamentos durante la crisis de vivienda”.
“St. Nicks Alliance y Ink Tenant Coalition celebran esta acción y finalmente se hizo justicia”, dijo Frank Lang, director de vivienda de St. Nicks Alliance. “Las familias han soportado dificultades excesivas y amenazas a la seguridad de su vivienda bajo las manos de Ink Property Group. Ink utilizó prácticas ilegales y agresivas para desplazar a los inquilinos a largo plazo.
Desafortunadamente, este no es un incidente aislado, ya que muchos neoyorquinos sufren como resultado de los propietarios ilegales. Para aquellos inquilinos que continúan sufriendo, nuestro mensaje es 'No están solos, estamos aquí para ayudarlos'”.
“El Comité de la Quinta Avenida se enorgullece de apoyar a los inquilinos de la propiedad Ink que exigen justicia y respeto y decir basta de todas las tácticas de acoso y compras ilegales que los inquilinos sufrieron durante años! Gracias a la procuradora general Letitia James por su compromiso y el de su equipo para garantizar que los inquilinos de Nueva York obtengan justicia”, dijo Michelle de la Uz, directora ejecutiva del Comité de la Quinta Avenida.
“Este acuerdo es un precedente para apoyar a nuestras comunidades de color que están siendo desplazadas por el abuso de estas empresas depredadoras que tienen una clara agenda de hostigamiento y desplazamiento de familias de apartamentos con renta estabilizada. Esta es una victoria para los inquilinos y el movimiento de inquilinos en la ciudad de Nueva York que tardó años en gestarse. FAC se compromete a luchar junto a los inquilinos para proteger sus derechos”.
Este asunto fue manejado por la Consejera Principal de Ejecución Rachel Hannaford, la Fiscal General Auxiliar Jane Landry-Reyes y Brent Meltzer, Jefe de la Unidad de Protección de la Vivienda, así como la Fiscal General Auxiliar Hannah Baek de la Oficina de Internet y Tecnología, Asistente Especial para Vivienda y Desarrollo Comunitario, Kerri White, y el Director de Investigación y Análisis, Jonathan Werberg.
La Unidad de Protección de la Vivienda está dirigida por la Fiscal General Adjunta para la Justicia Social, Meghan Faux y supervisada por la primera fiscal general delegada Jennifer Levy.