EFE
San Juan.- El secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, César Miranda Rodríguez, anunció hoy la presentación de una solicitud de desestimación del pleito presentado por varios fondos estadounidenses contra la ley que estructura la quiebra de las corporaciones públicas de la isla caribeña.
El funcionario informó a través de un comunicado de la solicitud de desestimación de la demanda de los fondos Franklin y Oppenheimer con la que impugnaron la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico (Ley 71) aprobada el pasado mes de junio.
Miranda señaló que "la Ley 71 no interfiere con la legislación federal de Quiebras", ya que, como subrayó, "es similar a leyes existentes en los Estados Unidos".
El funcionario indicó que lo que hace esa ley es asegurar el pago de las obligaciones contraídas por algunas de las corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en situaciones de emergencia fiscal, al propiciar que puedan renegociar sus deudas dentro de un marco legal claro que garantice un trato igualitario a los acreedores.
En la solicitud de desestimación presentada hoy se destaca la autoridad de Puerto Rico para promulgar legislación que no esté en conflicto con el Código de Quiebras de EE.UU., especialmente si se tiene en cuenta que dicho código es por sus propios términos inaplicable a las corporaciones públicas de la isla caribeña.
Además, se argumenta que la presentación de la demanda es prematura puesto que a la fecha ninguna corporación pública ha solicitado acogerse a esa ley.
La demanda de los fondos estadounidenses fue presentada el pasado 28 de junio en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico y fue asignada al juez Francisco Besosa.
La representación legal del Estado Libre Asociado está a cargo de los abogados de la División de Litigios Federales del Departamento de Justicia de Puerto Rico en conjunto con los despachos Kirkland & Ellis LLP.
El Ejecutivo puertorriqueño promovió esa ley con el objetivo de habilitar el proceso legal para la declaración de quiebra de las corporaciones públicas de la isla, de forma que el Gobierno central, que arrastra una deuda de más de 72.000 millones de dólares, no tuviera que responder ante la posible insolvencia de las compañías estatales.
Las agencias de calificación de deuda respondieron a la aprobación de la ley degradando un escalón más el crédito de Puerto Rico, que ya se situaba en el nivel "chatarra" o "basura" que desaconseja la inversión.