El fiscal general de California, Xavier Becerra, advirtió que el presidente Donald Trump "está tratando activamente de arrebatar los salarios a los trabajadores agrícolas que ponen comida en nuestras mesas” en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.
Las declaraciones del nominado por el presidente electo Joe Biden para dirigir el Departamento de de Salud y Servicios Humanos se dan en medio de una batalla legal contra la Casa Blanca por la aplicación de una regla que, según los detractores, rebajaría los salarios de los trabajadores agrícolas.
El fiscal que ha demandado al Gobierno de Trump más de 100 veces presentó un documento (amicus brief) en apoyo a una demanda de la Unión de Campesinos (UFW) contra la regla que entraría en vigor el próximo 21 de diciembre que congelará los salarios de algunos trabajadores agrícolas hasta 2023 y, a partir de entonces, desacelerará el crecimiento de los pagos.
“No es así como se apoya a las familias trabajadoras, y no es así como se reconstruye nuestra economía. Aquí en California haremos todo lo posible para proteger a nuestros trabajadores esenciales porque sabemos que los verdaderos héroes provienen de todos los ámbitos de la vida. Cuando luchamos por nuestros trabajadores agrícolas, estamos defendiéndonos a todos”, valoró el fiscal en un comunicado.
La querella legal presentada en octubre pasado en el Tribunal Federal de Fresno arremete contra el plan del Departamento de Agricultura (USDA) de eliminar gradualmente la encuesta trimestral Farm Labor Survey (FLS), que ayuda a determinar las tasas salariales en las granjas que utilizan el programa de trabajadores huéspedes H-2A.
En septiembre el Gobierno ordenó la suspensión de la encuesta, que es la única fuente de información sobre la contratación y los salarios pagados por las granjas estadounidenses, y cesó la publicación del informe semestral sobre el trabajo agrícola.
"Durante más de 100 años, el USDA ha utilizado constantemente la FLS para recopilar datos sobre el trabajo agrícola y los salarios", advierte UFW en la demanda.
Los datos del sondeo FLS se utilizan para calcular la tasa salarial de efectos adversos anuales (AEWR), que establecen el salario mínimo que los empleadores deben ofrecer y pagar a los trabajadores estadounidenses y a los extranjeros que vienen al país bajo las visas H-2A.
La AERW pretende evitar que los agricultores paguen a los trabajadores huéspedes tarifas más bajas que las que pagarían a los estadounidenses por hacer el mismo trabajo.
Con la suspensión de la encuesta y el informe, el Departamento de Trabajo (DOL) no podrá exigir a las compañías que se mantengan los salarios, advierte la querella legal.
El fiscal Becerra subrayó que el propio DOL estima que la regla resultará en la transferencia de, como mínimo, más de 1.600 millones de dólares en salarios de los trabajadores agrícolas a sus empleadores durante la próxima década.
“En última instancia, la regla del DOL es un ataque a una de las salvaguardas básicas que se utilizan para ayudar a los trabajadores domésticos y los trabajadores temporales con visa a ganar un salario digno y a mantener comida en nuestras mesas durante la pandemia en curso”, concluyó Becerra. EFE News
Sindicato demanda a Trump por plan que recortaría salarios de campesinos