Hoy, los congresistas Adriano Espaillat, Joaquín Castro y el senador Alex Padilla anunciaron la introducción de la Ley de Sentencias Justas para Inmigrantes, que eliminaría ciertas barreras a la naturalización y ciudadanía, y evitaría la expulsión injusta de inmigrantes basada en el estatus de una condena anterior.
El proyecto de ley garantizaría que los inmigrantes con antecedentes penales que hayan sido sentenciados, indultados o suspendidos por el tribunal de sentencia, tengan acceso a una vía hacia la naturalización y ya no corran el riesgo de ser deportados.
"Nuestro sistema de inmigración está roto. Y durante demasiado tiempo, a los inmigrantes de nuestra nación se les ha negado injustamente una vía legal hacia la ciudadanía y aún enfrentan la deportación debido a condenas penales que han sido indultadas, falladas o suspendidas. Esto es injusto, inequitativo, e inaceptable", dijo el congresista Espaillat.
"Nadie merece ser condenado al ostracismo por su turbulento pasado o una condena que ha sido descartada, y tampoco a nadie se le debe negar la oportunidad del Sueño Americano por eso. Espero que al aprobar este proyecto de ley, podamos comenzar a reconstruir el sistema de inmigración de este país desde cero, haciéndolo más equitativo y accesible para todos los que llaman hogar a esta nación".
“A los inmigrantes no se les debe poner barreras para la naturalización y ponerlos en riesgo de deportación debido a una condena penal pasada que ya no es válida en la corte”, dijo el congresista Castro.
“Desafortunadamente, el sistema de inmigración de nuestra nación está profundamente roto y, a menudo, hace que sea más difícil que útil para los inmigrantes obtener una vía legal hacia la ciudadanía: el Congreso debe aprobar reformas.
Este proyecto de ley toma medidas críticas para prevenir deportaciones injustas y ayudar a los aspirantes a nuevos estadounidenses a perseguir sus sueños".
“Durante demasiado tiempo, nuestras leyes de inmigración han puesto el Sueño Americano más lejos de su alcance al hacer casi imposible que los inmigrantes, especialmente aquellos con condenas resueltas, se conviertan en ciudadanos. Ya no podemos hacernos la vista gorda con su situación”, dijo el senador Padilla.
"Debemos asegurarnos de que nuestro sistema de inmigración sea justo y que una condena previamente desestimada o indultada no impida que un inmigrante pueda naturalizarse ni influya en las decisiones de expulsión".
“El sistema migratorio de Estados Unidos impone la severa pena de detención y deportación como segundo castigo para las personas que emergen del sistema legal penal, desestabilizando familias y comunidades. Esta injusticia es aún más pronunciada cuando la condena subyacente ha sido anulada, perdonada o borrada en el sistema legal penal pero sigue siendo válida para propósitos de inmigración. Aplaudimos la introducción de la Ley de Sentencias Justas para Inmigrantes, que garantizaría que nadie sea deportado de sus seres queridos debido a una condena o sentencia que el tribunal penal ya no reconoce", dijo Heidi Altman, directora de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
"La definición amplia y distorsionada de la INA de 'condena' ha tenido como resultado repercusiones migratorias injustas y profundamente dañinas para innumerables personas, lo que ha alimentado aún más las crueles máquinas de detención y deportación de este país", dijo Sirine Shebaya, directora ejecutiva del Proyecto Nacional de Inmigración. "El Proyecto Nacional de Inmigración se enorgullece de respaldar la Ley de Sentencias Justas para Inmigrantes porque es un paso fundamental para garantizar que los inmigrantes puedan beneficiarse de la reforma de la justicia penal, tengan una segunda oportunidad de reconstruir sus vidas después del contacto con el sistema legal penal, y recibir un trato justo y humano en los Estados Unidos".
Este proyecto de ley se aplicaría retroactivamente a cualquier condena, fallo o sentencia dictada antes, durante o después de la promulgación de este proyecto de ley. El proyecto de ley también establece que los motivos de inadmisibilidad y deportación no se aplican a un inmigrante con una condena penal si, después de haber dado aviso y la oportunidad de responder a las autoridades fiscales, el tribunal de sentencia emite una recomendación al secretario de Seguridad Nacional que el inmigrante no puede ser expulsado sobre la base de la condena.
Específicamente, el proyecto de ley modifica la definición de "condena" para garantizar que, en determinadas circunstancias, una condena no sea una barrera para la naturalización o una razón para la expulsión. El proyecto de ley modifica la definición de "condena" en la INA a "un juicio formal de culpabilidad del no ciudadano emitido por un tribunal" y excluye las siguientes circunstancias de ser consideradas una condena:
· Un fallo o sentencia de culpabilidad que haya sido desestimada, borrada, diferida, anulada, invalidada, retenida, anulada o indultada por el presidente de los Estados Unidos o el gobernador de cualquier estado,
· Cualquier sentencia en la que el tribunal haya emitido una recomendación judicial contra la expulsión, una orden de libertad condicional sin dictar sentencia o cualquier disposición similar,
· Un fallo que está en apelación o dentro del plazo para presentar una apelación directa.
La Ley de Sentencias Justas para Inmigrantes (Fair Adjudications for Immigrants Act) está copatrocinada por: congresistas Alexandria Ocasio-Cortez (NY-14), André Carson (IN-07), Dina Titus (NV-01), Eleanor Holmes Norton (D-DC), Grace Meng (NY-06), Ilhan Omar (MN-05), James P. McGovern (MA-02), Jan Schakowsky (IL-09), Jesús G. “Chuy” García (IL-04), Juan Vargas (CA-51), Mark Takano (CA-41), Mary Gay Scanlon (PA-05), Mondaire Jones (NY-17), Tony Cárdenas (CA-29), y Nydia M. Velázquez (NY-07).
Lea el proyecto de ley en su totalidad aquí.
https://impactolatino.com/senda-a-la-ciudadania-para-indocumentados-aportaria-17-billones/