EDITORIAL
Juan (así será como llamaremos a nuestro personaje ficticio que, sin embargo, encarna la realidad de millones de personas indocumentadas en Estados Unidos) sueña con salir de las sombras y desempolvar las centenares de declaraciones de impuestos, contratos de alquiler y otros documentos en regla que por décadas ha ido conservando para de alguna manera, demostrar los largos años de residencia de su familia en el país.
Al igual que Juan, millones de otras familias han estado esperando el día en que puedan solicitar un estatus legal, es por ello que como un tesoro guardan lo que ellos consideran evidencias que van a necesitar, por ser migrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos buscando mejores condiciones y oportunidades de vida, que en sus países de origen no lograron encontrar.
Juan desde que se enteró del plan del presidente Joe Biden de ofrecer una vía para que casi 11 millones de indocumentados obtengan la ciudadanía estadounidense, anunciado como parte de una amplia propuesta para reformar el sistema de inmigración del país, ha visto como paulatinamente empieza a encenderse una luz en el horizonte.
Juan espera que este proyecto de ley se cumpla para poder solicitar estatus legal temporal, después de pasar por un control de antecedentes penales y demostrar haber cumplido con el pago de impuestos durante todos sus años de indocumentado.
Esta iniciativa podría representar uno de los cambios demográficos más significativos en la historia moderna de Estados Unidos, al abrirle a millones de personas la puerta a puestos de trabajo mejor pagados, proporcionándoles prestaciones sociales, cobertura
sanitaria y la posibilidad de acceder a la Seguridad Social, al tiempo que crearía muchos nuevos votantes.
Los hijos de jornaleros e inmigrantes indocumentados jugaron un papel fundamental en las elecciones pasadas, sus votos y demandas hacia el presidente Joe Biden estuvieron enfocados en la esperanza de una reforma migratoria como un tema de prioridad para esta nueva administración.
Sus aspiraciones se enmarcan en el presidente Biden no repita las mismas acciones de los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama, ambos demócratas que le fallaron a la comunidad inmigrante, incluso Obama fue llamado “Deportador en jefe”.
Según una investigación realizada por Pew Research Center, la población estadounidense nacida en el extranjero alcanzó un récord de 44,8 millones en 2018, desde 1965, cuando las leyes de inmigración estadounidenses reemplazaron un sistema de cuotas nacionales. Los inmigrantes representan hoy el 13,7% de la población estadounidense.
La mayoría de los demógrafos, o a la mayoría de los economistas, han argumentado en varias ocasiones que Estados Unidos tiene una población cada vez más vieja, y una fuerza laboral cada vez más chica. Y la disminución relativa de la inmigración en los
últimos cuatro años ha agravado el problema.
En Estados Unidos la crisis no es por los demasiados inmigrantes, sino una crisis de
muy pocos inmigrantes. Las proyecciones de las Naciones Unidas, sugieren que para
el 2050 Estados Unidos necesitará 50 millones de trabajadores más para mantener la
proporción actual de trabajadores en relación con la población total.
Expertos sostienen que la legalización tiene beneficios. Abrir una vía de acceso a la ciudadanía a casi 11 millones de personas, de las cuales entre siete y ocho millones
son parte de la fuerza de trabajo, equivale a “un estímulo económico”, según Giovanni
Peri, profesor de economía de la Universidad de California, campus Davis.
Entre 2005 y 2015, los nuevos inmigrantes representaron casi la mitad del crecimiento de la población en edad de trabajar, y en las próximas dos décadas, los inmigrantes serán clave para compensar el envejecimiento de la población que se está jubilando.
Los demógrafos afirman que el mayor nivel educativo de los estadounidenses, unido a
la escasez de trabajadores manuales, pone de manifiesto la necesidad de que los
inmigrantes, en número cada vez mayor, realicen trabajos poco cualificados.
Alrededor de cinco millones de ellos trabajan en empleos designados como “esenciales” por el gobierno.
Finalmente, Juan piensa que es hora de la rehabilitación y la justicia social y que los
inmigrantes indocumentados que cumplen a cabalidad con los pagos de impuestos
internos y no poseen antecedentes con la justicia de este país, sean provistos de una
protección inmediata de deportación, y que pueda abrirse un camino amplio para la
legalización, ya que su trabajo alimenta, construye y cuida del bienestar de este país,
por lo tanto, al igual que Juan, millones de indocumentados, se han ganado el derecho
de permanecer en este país con plena protección legal y libres del terrible miedo a la
deportación.
Es muy importante recordar que la comunidad latina e inmigrante se encargó de
mantener en movimiento a los Estados Unidos durante de la pandemia del COVID-19,
prueba de ello, son las cifras de mayores contagiados y fallecidos, enfrentándose al
virus en condiciones laborales precarias.
Esa misma comunidad fue la que se encargó de sacar el racismo de la Casa Blanca, de ahí, la importancia de no apartar la mirada de las autoridades hacia esta comunidad.