EDITORIAL

En los últimos días, Estados Unidos ha sido testigo de una escalada de tensiones que va mucho más allá del debate habitual sobre inmigración. La muerte del enfermero de cuidados intensivos Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, baleado por agentes federales durante un operativo en Minneapolis, ha encendido una hoguera de indignación nacional, protestas multitudinarias y llamados a una revisión profunda de los poderes y prácticas de la agencia federal conocida como ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Lo que está en juego no es solo un caso aislado, sino el límite entre la aplicación de la ley y el abuso de poder institucional, con implicaciones directas en derechos civiles, la libertad de expresión y la percepción de millones de inmigrantes —y no inmigrantes— sobre su propia seguridad dentro del país.

La tragedia de Pretti no es un incidente aislado. Dos semanas antes, Renée Good, otra ciudadana estadounidense, fue fatally baleada por agentes del mismo brazo del gobierno federal. Las circunstancias de ambos casos han generado conflicto incluso entre autoridades locales y federales: mientras el gobierno federal presenta versiones basadas en justificaciones de “uso de fuerza necesario” o “autodefensa”, videos ciudadanos y testimonios contradicen esas versiones y plantean preguntas difíciles sobre proporcionalidad y supervisión.

Esto va al corazón de un principio fundamental en cualquier democracia: el uso de fuerza letal debe ser siempre excepcional, justificado y sujeto a investigación independiente y transparente.

Cuando agentes federales —que no responden ante policías locales sino ante mandatarios de Washington— terminan con la vida de civiles bajo circunstancias opacas, la confianza pública se resquebraja.

Hablar de abusos de ICE no se limita a enfrentamientos con armas de fuego. Hay una realidad paralela que ocurre detrás de las rejas: las muertes bajo custodia en centros de detención.

En 2025, al menos 32 personas murieron mientras estaban bajo custodia de ICE, marcando la cifra más alta en más de dos décadas, y en lo que va de 2026 ya se han reportado varias muertes adicionales.

Estos fallecimientos incluyen casos como el de Geraldo Lunas Campos, cuya muerte fue finalmente clasificada como homicidio tras haber sido restringido por guardias hasta la asfixia mientras estaba detenido en una instalación de ICE en Texas. Otros casos incluyen muertes atribuidas a condiciones médicas no atendidas, suicidios o simplemente falta de atención oportuna.

El propio incremento en el número de personas detenidas —con cifras récord de más de 68,000 en custodia para finales de 2025— ha ampliado un problema crónico: el colapso de supervisión y la caída en estándares básicos de atención y seguridad en instalaciones federales.

Detrás de estas cifras hay nombres, familias, comunidades rotas y un patrón que supera lo accidental: un sistema que amplía detenciones sin reforzar mecanismos que prevengan sufrimiento innecesario y pérdida de vidas humanas.

La reacción ha sido inmediata y extendida. Las protestas que comenzaron en Minneapolis se replicaron en ciudades de todo el país —desde San Francisco y Los Ángeles hasta Nueva York y Boston— bajo la consigna unificadora de exigir rendición de cuentas, transparencia y una reforma profunda de la política migratoria y de aplicación de la ley federal.

No es casualidad que las movilizaciones combinen demandas de justicia para Pretti y Good con reclamos más amplios sobre la agencia: los manifestantes no solo piden justicia por casos específicos, sino una revisión estructural de cómo el gobierno mira, persigue y en muchos contextos trata de manera militarizada a quienes considera inmigrantes o disidentes.

Uno de los elementos más inquietantes del caso es el impacto sobre derechos constitucionales. Los críticos señalan que el uso de fuerza letal, el trato a civiles que graban o protestan pacíficamente y las tácticas agresivas de entrada en espacios públicos y privados están erosionando valores que deberían ser centrales en una democracia: la libertad de expresión, la protección contra uso excesivo de fuerza, y el debido proceso legal.

Algunas voces, incluyendo líderes estatales y figuras políticas prominentes, han señalado que estas acciones son “abuso de poder” que generan peligro no solo para comunidades migrantes, sino para todos los ciudadanos.

Las demandas que surgen desde las protestas y de una parte creciente de la sociedad civil no se reducen a “cambiar a un jefe de agencia” o despedir a un agente. Están articuladas alrededor de puntos concretos:
 Supervisión externa e independiente de operaciones federales para garantizar imparcialidad.
 Revisión transparente de casos donde se usa fuerza letal o donde se reportan muertes bajo custodia.
 Protecciones claras de derechos civiles, incluyendo restricciones firmes sobre cómo y cuándo pueden actuar agentes armados en contextos urbanos.
 Mejora sustancial de las condiciones y atención médica en centros de detención para prevenir muertes evitables.
Estas exigencias no son extremistas; son un llamado a asegurar que el poder del Estado se ejerza dentro de límites definidos, con respeto a la vida humana y la ley.

Parte del problema es la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. ICE y otras agencias federales publican reportes de muertes en custodia, como lo exige la normativa de notificación y revisión, pero esas cifras y procesos rara vez son acompañados por auditorías independientes, investigaciones públicas accesibles o sanciones claras cuando se determinan negligencias graves.

En tanto se produzcan operativos sin una supervisión fuerte, sin evaluación de riesgos y sin rendición de cuentas creíble, la duda persistirá: ¿actúa el Estado para proteger a su gente o para intimidarla?

La protesta no es contra la ley migratoria en sí. Es contra el uso excesivo y descontrolado del poder que se le ha dado a una agencia para ejecutar esa ley. Cuando ciudadanos, residentes y observadores neutrales ven que una patrulla federal puede matar a un hombre que simplemente intenta grabar o ayudar, y que las muertes en custodia son más frecuentes que nunca, la pregunta inevitable es: ¿estamos viviendo en un Estado de derecho o en uno donde el miedo y la fuerza han suplantado la justicia y la precaución?

Sin una respuesta clara, con reformas reales y con responsabilidad pública, la desconfianza
seguirá creciendo y el tejido social seguirá desgarrándose. Y eso, al final, debilita no solo a
quienes están directamente bajo amenaza, sino a toda la sociedad.

Alex Pretti: la muerte que encendió la mecha y el país que salió a la calle