La historia de Alex Pretti se convirtió, en cuestión de horas, en un símbolo nacional. No porque fuera famoso, ni porque buscara protagonismo. Sino porque era un ciudadano estadounidense de 37 años, enfermero de cuidados intensivos (ICU) en el sistema de Veteranos, y murió baleado por agentes federales en Minneapolis mientras documentaba un operativo migratorio y trataba de ayudar a otras personas en medio de la tensión.
Lo que vino después —protestas, vigilias, llamados a una investigación independiente y una oleada de movilización en múltiples estados— dejó claro que el caso no se quedó en Minnesota.
Se volvió un espejo: ¿qué pasa cuando una agencia creada para perseguir infracciones migratorias opera con tácticas de guerra urbana, y en el camino hiere o mata a ciudadanos, residentes y migrantes por igual?
¿Qué pasó en Minneapolis?
Según reconstrucciones publicadas en los últimos días, el hecho ocurrió el 24 de enero de 2026 en el sur de Minneapolis, en el contexto de una operación federal ampliada —“Operation Metro Surge”— que desde diciembre ha llevado a miles de agentes a la zona y ha generado una escalada de tensión con autoridades locales y residentes.
La versión oficial inicial difundida por figuras del gobierno federal lo retrató como una amenaza violenta. Pero una revisión preliminar comunicada al Congreso por funcionarios de CBP/DHS (citada por Associated Press y reproducida por medios) indicó que dos agentes federales dispararon durante el forcejeo: uno de Border Patrol y otro de CBP.
Varios reportes señalan que Pretti estaba grabando con su teléfono cuando comenzó el contacto físico, y que el episodio se dio en segundos, con empujones, uso de gas pimienta y un forcejeo antes de los disparos.
En paralelo, el caso se entrelazó con otro hecho aún más explosivo: la muerte de Renée Good, también en Minneapolis, el 7 de enero, por disparos de un agente de ICE durante la misma ola de operativos federales.
La operación de fondo: “Metro Surge” y la ciudad bajo presión
“Operation Metro Surge” ha sido descrita por DHS como un gran despliegue de detenciones y deportaciones, con miles de arrestos reportados en Minnesota desde diciembre.
Ahí está la clave del impacto nacional del caso Pretti: no se percibe como un incidente aislado, sino como el punto de quiebre visible de una política. Para muchas comunidades latinas e inmigrantes, el operativo se vive como una presencia constante: agentes enmascarados, redadas, detenciones, choques con manifestantes, y un ambiente de “estado de sitio”.
De Minneapolis a la nación: protestas y una ola de reacción
Tras la muerte de Pretti, se multiplicaron vigilias, marchas y concentraciones no solo en Minnesota, sino también en otros estados y ciudades donde organizaciones comunitarias, sindicatos y grupos estudiantiles llamaron a manifestarse. Reuters reportó protestas en diferentes puntos del país bajo consignas como “Stop ICE Terror”, con participación de estudiantes y trabajadores, y planes de protestas en ciudades del oeste.
Además, el movimiento comenzó a tomar una forma más organizada y coordinada a nivel nacional. Organizaciones como National Nurses United convocaron una “semana de acción” en honor a Alex Pretti y de otras personas fallecidas en el contexto de operativos y detenciones migratorias.
Al mismo tiempo, surgieron llamados a un “shutdown” nacional —sin trabajo, sin clases y sin compras— como forma de presión para exigir cambios estructurales y rendición de cuentas. En paralelo, medios locales de distintos estados reportaron protestas de solidaridad tras las muertes ocurridas en Minneapolis, ampliando el alcance del reclamo más allá de Minnesota y consolidándolo como un tema de preocupación nacional.
La narrativa que empuja estas movilizaciones es consistente: si esto le pudo pasar a un enfermero ciudadano que estaba grabando, ¿qué garantías reales tienen los migrantes sin papeles, o incluso los residentes que se equivocan de lugar y hora?
¿Por qué el caso toca tan fuerte a la comunidad latina?
Porque la comunidad latina —ciudadanos, residentes, solicitantes de asilo, indocumentado — vive la política migratoria en lo cotidiano: en el trabajo, en la escuela, en el hospital, en la calle.
Y porque los operativos de ICE no solo detienen personas; alteran economías locales y rompen rutinas. Ese “modo alerta” cambia la forma en que se compra, se trabaja, se viaja y se busca ayuda legal.
A nivel psicológico, el mensaje que se instala es peligroso: “si te equivocas, si preguntas, si grabas, si defiendes a alguien, puedes terminar detenido, golpeado o peor”. Ese miedo es gasolina para la protesta.
Muertes vinculadas a redadas y detención: el lado más oscuro del sistema
Hablar de muertes vinculadas a redadas y detención de Immigration and Customs Enforcement no se limita solo a los disparos en operativos específicos como los ocurridos recientemente en Minneapolis, sino que también incluye una alarmante cantidad de fallecimientos dentro del sistema de detención migratoria en Estados Unidos.
Por un lado están las muertes que ocurren durante operativos en las calles, donde en casos como los de Alex Pretti y Renée Good agentes federales han usado fuerza letal en confrontaciones que terminaron con disparos, generando controversia y protestas nacionales debido a contradicciones en las narrativas oficiales y evidencia de video independiente.
Pero además de estos incidentes fatales en contextos de aplicación de la ley, existe otro frente menos visible pero igualmente dramático: las muertes en los centros de detención de ICE, donde personas bajo custodia han fallecido por crisis médicas, suicidios, condiciones de salud agravadas, violencia física y negligencia en la atención, situaciones que activistas y organizaciones de derechos civiles han denunciado como reflejo de problemas estructurales en el sistema.
2025 marcó un récord particularmente sombrío para el sistema de custodia de ICE. Según informes periodísticos basados en datos oficiales publicados por la agencia, al menos 32 personas murieron mientras estaban bajo custodia de ICE ese año, la cifra más alta en dos décadas, en medio de un aumento significativo de detenciones durante la administración del presidente Donald Trump.
Entre estas muertes se incluyeron casos de personas que fallecieron poco después de ser detenidas, presuntas emergencias médicas mal atendidas y situaciones que las familias —y en algunos casos forenses independientes— han cuestionado profundamente, señalando falta de cuidado adecuado, supervisión insuficiente y respuestas tardías a señales de alarma de salud.
La tendencia continuó en los primeros días de 2026, cuando el Departamento de Seguridad Nacional reportó que cuatro migrantes murieron bajo la custodia de autoridades migratorias solo en los primeros diez días del año, un número que se suma a otros casos documentados durante las primeras semanas del año.
Entre estos casos recientes destaca la muerte de Geraldo Lunas Campos, un hombre de 55 años cuya muerte en las instalaciones del Camp East Montana en Texas fue inicialmente atribuida por ICE a una supuesta tentativa de suicidio, pero luego fue clasificada como homicidio por asfixia por el forense del condado, con testigos que aseguraron que fue sometido con fuerza excesiva por los guardias.
El aumento de muertes en custodia y durante redadas no solo alimenta la indignación social, sino que ha producido llamados crecientes de defensores de derechos humanos y algunas autoridades locales para una investigación independiente y una revisión de políticas, argumentando que la combinación de detenciones masivas, condiciones de hacinamiento, atención médica deficiente y falta de transparencia contribuye a un ambiente en el que ocurren tragedias que podrían prevenirse.
Esta doble realidad —muertes en operativos y muertes en custodia— se ha convertido en uno de los aspectos más criticados del actual enfoque de la política migratoria federal, y figura como una de las causas centrales que llevan a movilizaciones, protestas y demandas de rendición de cuentas en todo el país.
¿Cómo se reportan las muertes en custodia?
ICE mantiene un sistema formal de “Detainee Death Reporting”, donde debe publicar reportes de muertes bajo custodia según sus procedimientos y requisitos federales. Pero el debate no es solo burocrático. El centro del debate es: ¿fueron muertes inevitables o muertes prevenibles? Y ahí surgen señalamientos repetidos —de organizaciones de derechos civiles y de política migratoria— sobre condiciones, atención médica, salud mental, hacinamiento y la calidad real de la supervisión.
Los casos de Renée Good (7 de enero) y Alex Pretti (24 de enero) se han vuelto emblemáticos porque involucran el uso de fuerza letal en un contexto de tensión pública, con video y versiones encontradas.
Reuters subrayó el potencial impacto legal del caso Good (incluyendo debates sobre inmunidad y responsabilidad).
Lo que hace que estos episodios sacudan al país no es solo la muerte. Es la sensación de que la cadena de decisiones —persecución, forcejeo, disparo— ocurre con una ligereza incompatible con el estándar que el público espera de agentes federales en ciudades estadounidenses.
El otro bloque es menos visible y, por eso, más fácil de ignorar. En 2025, informes y periodismo de investigación documentaron un aumento de muertes bajo custodia, coincidiendo con un aumento de población detenida y críticas sobre el deterioro de controles e inspecciones.
Para las familias, el patrón es devastador: la detención migratoria es civil, no penal, pero a veces el encierro se siente como castigo extremo. Organizaciones legales y de defensa han compilado listados y contextos sobre muertes en centros de detención, insistiendo en que muchas podrían evitarse con atención médica adecuada y transparencia real.
¿Qué exigen los manifestantes?
En la calle, las demandas varían, pero los ejes se repiten:
límites claros a operativos “indiscriminados”
supervisión y rendición de cuentas
transparencia sobre detenciones y condiciones
debido proceso y acceso real a abogados
respeto a políticas locales (ciudades santuario)
fin del enmascaramiento y de tácticas de intimidación (según denuncias de activistas)
Parte de esa presión ya se tradujo en campañas públicas para condicionar o bloquear financiamiento, y en llamados a reformas estructurales.
¿Qué significa esto para los latinos en EE.UU.?
Para un latino, el “caso Pretti” funciona como una alarma por tres razones:
1. Normaliza el exceso: si la línea se corre hoy en Minneapolis, mañana puede moverse en cualquier ciudad con población inmigrante grande.
2. Crea daño colateral: no solo cae el indocumentado. Puede caer el vecino, el testigo, el voluntario, el ciudadano.
3. Debilita la confianza: cuando la comunidad teme a la autoridad, baja la cooperación, sube la vulnerabilidad, crecen estafas y fraudes legales, y el barrio se empobrece en silencio.
Y hay algo más: muchos latinos sienten que el país les exige “aportarlo todo” (trabajo, impuestos, servicios esenciales), pero no les garantiza lo básico (seguridad, dignidad, trato justo).
Lo que viene: investigación, política y una pregunta que no se va
El gobierno federal ya enfrenta presión por investigaciones transparentes, acceso a evidencia (incluyendo cámaras corporales), y claridad sobre reglas de uso de fuerza y protocolos en protestas.
Mientras tanto, la protesta se mantiene porque el tema no es solo un nombre. Es el modelo. Y el país está discutiendo —a gritos— si la política migratoria se ejecuta con ley y límites, o con miedo y fuerza bruta.
El abuso de poder de ICE y la urgencia de rendición de cuentas