Desde hace años se viene produciendo un fenómeno migratorio en Chile que ha derivado en una crisis de la que ninguna autoridad, bajo ningún gobierno, se ha hecho cargo verdaderamente.
Después de meses de tensión, este 28 de septiembre se generó uno de los momentos más violentos y dolorosos, luego que ciudadanos chilenos que participaban de la marcha “No más migrantes”, quemaran las pertenencias de migrantes venezolanos que se habían instalado a vivir en la plaza Brasil de Iquique.
Cerca de cinco mil manifestantes protestaban en contra de las autoridades por falta de soluciones. Para ellos, migrante significaba delincuente por entrar por pasos no habilitados.
Les parecía “perfecto” que se reuniera la gente de la ciudad para echar a los venezolanos, y como una medida, pedían ponerlos en un avión y mandarlos de vuelta a su país. Salida que ya ha utilizado el gobierno de Chile, con total inclemencia.
Con la misma actitud de la masa y ejerciendo su poder, un día antes el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respaldó el desalojo realizado por carabineros desde la plaza donde pernoctaban cientos de venezolanos, al indicar que esto se había advertido y debía cumplirse.
Ambas escenas hacen retrotraer a las políticas migratorias con las que ha operado Chile y llevan a observar las declaraciones del Presidente de la República, Sebastián Piñera, cuando hizo un abierto llamado a la migración venezolana, porque serían bien tratados en Chile.
El 22 de febrero de 2019, el mandatario chileno arribó a Cúcuta para hacer entrega de ayuda humanitaria y participar en el concierto “Venezuela Aid Live”.
En esa oportunidad reafirmó su posición de 2018, respecto de la asistencia que brindaría al pueblo venezolano.
En una entrevista, Piñera señaló que Chile seguiría recibiendo a los ciudadanos que buscaban refugio del régimen de Maduro, porque tenía un deber de solidaridad.
“Vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance dentro de los medios pacíficos y respetando la Constitución de Venezuela, para que ese país se encuentre con la libertad y la democracia”, sellaba el mandatario.
A tres años de esas declaraciones que hoy resultan vacías, la crisis humanitaria no cesa y la intolerancia y discursos de odio se han incrementado y materializado en el norte de Chile.
La causa es evidente: cuando no hay políticas públicas, los problemas se trasladan a la ciudadanía y se genera un clima hostil, reacciones vergonzosas, injustificables e inhumanas en un escenario descontrolado.
Hoy no existe acuerdo entre los distintos organismos de la cantidad de migrantes que han ingresado a Chile por pasos no habilitados. Según datos de la Policía de Investigaciones, serían quince mil, según el gobierno regional de Tarapacá, más de cuarenta mil.
¿Cómo la máxima autoridad pretendía apoyar a los migrantes, si no hay un registro claro y único sobre cuántas personas ingresan al país?
Hay que recordar que el mandatario chileno ya tiene experiencia en este tipo de causas malogradas. En el 2012, ante un censo nacional fallido, el presidente debió pedir perdón. En el 2020, el Ministro de Salud de la segunda administración de Piñera, Jaime Mañalich, decía sorprendido no saber qué tanta pobreza había.
Otro aspecto errado en la escena actual: el decreto 265 de la nueva Ley de Migración firmada por el presidente, corresponde al Plan Colchane, aquí señala que el personal del ejército se debe coordinar con carabineros para supervisar una zona de setenta y cinco pasos no habilitados.
¿El problema? En la franja viven alrededor de mil setecientas personas, y no hay más de 20 carabineros que solo están dedicados a trámites administrativos propios de la migración.
Ante la situación desmandada, el alcalde de Colchane, el gobernador de Tarapacá y organizaciones de derechos humanos pidieron al gobierno central que entregara potestades y recursos a los gobernadores para poder organizar el caos. Tanto el delegado presidencial como el mandatario, no entregaron una respuesta.
Por su parte, la ONU ofreció ayuda humanitaria como apoyo, pero Piñera con total soberbia la rechazó.
El ministro Delgado aseguró que como gobierno van a seguir fortaleciendo el plan de fronteras, “pero también vamos a seguir con los desalojos en todos los espacios públicos que se requieran (...) y también vamos a seguir con el plan de expulsiones”.
Se han expulsado a cerca de mil ciudadanos venezolanos, en medio de la noche, con un trato muy distante de lo prometido. Esta reacción equívoca deja de manifiesto el criterio del presidente, más bien, la falta de él.
Chile hoy vive una situación extremamente compleja y preocupante que la política no ha sabido solucionar.
Piñera, como principal responsable, no termina de comprender que las fronteras no se cierran, se regulan, y en este aspecto, es evidente su fracaso.
No solo es importante más contingente de carabineros en la zona, sino también, contar con infraestructura, tecnología y mayores atribuciones locales.
Se necesita, además, un diálogo internacional desde el enfoque desde la condición humana, esa categoría que se le garantizó a miles de chilenos exiliados, en plena dictadura de Pinochet, porque lo que Venezuela vive hoy también es una movilidad forzada.
Muchos venezolanos continúan en la incertidumbre en un país donde vieron esperanza. Mientras en Venezuela la crisis humanitaria aún no tiene fecha de término.
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