La presidenta del concejo municipal de Nueva York, Melissa Mark –Viverito, anunció en días pasados a través del portal oficial que tiene como “prioridad” restaurar el impuesto “a las cercanías”, conocido en inglés como ‘commuter tax’ para aquellos que trabajan en la Gran Manzana pero que no viven aquí.
El impuesto afectaría a los trabajadores que vienen de New Jersey, Connecticut, Pensilvania y aun los que viven fuera de los cinco condado de la ciudad, incluyendo Long Island y up-state New York.
Pero lo que podría abrir, más que el debate sería el rechazo de sus vecinos, ya que años atrás el entonces presidente del condado d Manhattan Scott Stringer dijo que era de la idea de implantar este impuesto mereciendo la queja hasta del mismo gobernador de New jersey Chris Christie.
Este “impuesto a las cercanías”, fue abolido en 1999, aunque siempre ha merecido que algunos políticos sueñen con implantarlo y conseguir unos cuantos millones de dólares para financiar su presupuesto. Stringer, en su momento, pensó que implantando el impuesto se recabaría $ 725 millones al año deducidos de los salarios de los trabajadores ‘foráneos’.
Incluso se hizo una tabla. Para alguien que gana $ 100.000, el impuesto sería $ 450 más al año.
Para los expertos, sin embargo, eso sería mínimo, ya que la fuerza de trabajo que se aporta es más de mil millones de dólares al año a la Gran Manzana.
Pero lo que la concejal Mark-Viverito no ha señalado es que dicho impuesto no lo puede decidir su concejo ni la ciudad, sino ambas cámaras de Albany, más la aprobación del gobernador. Lo que viendo, como marchan los acontecimientos con el pre-K universal, parece muy improbable le den siquiera luz verde para su discusión.
La concejal boricua no ha calculado que en la guerra fronteriza con sus vecinos trabajadores, los empleadores de Nueva York podrían caer víctimas de fuego amigo.