Santo Domingo.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció hoy que un "número indeterminado pero muy significativo" de dominicanos han sido privados "arbitrariamente" de su nacionalidad, tras el fallo del Tribunal Constitucional que le niega esa condición a los hijos de extranjeros ilegales.
En una rueda de prensa el presidente de la comisión, José de Jesús Orozco, señaló que la CIDH ha podido "valorar" diversos "avances" en el desarrollo de la institucionalidad democrática y la protección de los derechos humanos.
Sin embargo, advirtió que las violaciones al derecho a la nacionalidad que la Comisión había observado en su última visita en 1997, "continúan", e incluso fue más allá, y agregó que la situación "se ha agravado" debido al fallo judicial emitido en septiembre.
En relación a la privación "arbitraria" de la nacionalidad, la CIDH cifra esas personas, según "diversas fuentes", en 200.000 y afecta de forma "desproporcionada" a las personas de ascendencia haitiana.
En este sentido, la comisión estimó que la sentencia tiene un efecto "discriminatorio" ya que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana.
La sentencia, según Orozco, afecta "desproporcionadamente" a personas ya sujetas a "múltiples formas de discriminación", en particular con base en la raza y la pobreza.
La pobreza, para la CIDH afecta de manera desproporcionada a las personas de ascendencia haitiana, "y esto guarda relación con los obstáculos" que enfrentan en el acceso a sus documentos de identidad.
Por otro lado, la Comisión advirtió que el proceso especial de naturalización para los descendientes de extranjeros ilegales incluido en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros difundido el pasado 26 de noviembre, "podría no ser plenamente acorde" con el derecho internacional relacionado con los Derechos Humanos.
Para la CIDH, "no se puede exigir" que las personas con el derecho a la nacionalidad, como aquellas desnacionalizadas bajo la sentencia, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos.
A su vez, indicó que las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por el fallo judicial deben ser "generales y automáticas" y no "discrecionales o implementados de forma discriminatoria".
También señaló que dichos mecanismos deben ser "accesibles" en térmicos económicos.
Orozco cifró en 3.994 las personas que se acercaron a presentar testimonios, denuncias y comunicaciones a lo largo de los cinco días de visita de la Comisión a la República Dominicana.
Por último, la CIDH quiso agradecer al Gobierno dominicano "todas las facilidades" brindadas para la realización de la visita, así como el apoyo de las autoridades y de las organizaciones de la sociedad civil con las que han mantenido reuniones.
Así, una delegación de la CIDH concluyó hoy una visita de cinco días a República Dominicana con el fin de supervisar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en ejercicio de su soberanía.