La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó una medida del presidente de la misma, Carlos Méndez, y la delegación de la mayoría parlamentaria, para crear la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico y de esta manera "establecer la Unidad de Control de Fraude al Medicaid adscrita al Departamento de Justicia".
El fin de la misma, señala un comunicado de la Cámara, es instituir el andamiaje para procesar civilmente el fraude a los Programas del Gobierno y a los contratos de servicio.
"Mediante este mecanismo estaríamos estableciendo un procedimiento en los Tribunales donde el Gobierno puede someter reclamaciones para buscar que estas personas que han defraudado al Gobierno reciban una penalidad por sus actuaciones. De esta manera, se podrán entablar demandas y reclamaciones civiles para el recobro de pérdidas por fraude a programas federales", plantea el líder cameral en el Proyecto de la Cámara 1627.
Igualmente destaca que según información suministrada por el Departamento de Justicia Federal, desde el 2009 hasta el 2016, el Gobierno Federal había recuperado 31.900 millones de dólares bajo el False Claims Act.
"Solo en el año fiscal 2016 se recuperó 4.700 millones de dólares a raíz de reclamaciones civiles bajo el False Claims Act. Cabe señalar que de esos 4.700 millones recuperados en el año fiscal 2016, 2.900 millones fueron producto de reclamaciones bajo las disposiciones del Qui Tam Provision (informante conocido como o de "whistleblower" -chivato-). Los ciudadanos que entablaron dichas demandas recibieron en ese año fiscal 519 millones de dólares", concluyó Méndez. EFE