El presidente Joe Biden anunció este martes una orden ejecutiva que restringirá significativamente el acceso al derecho al asilo en la frontera con México y acelerará las deportaciones, en medio de la falta de apoyos legislativos tanto entre las filas demócratas como entre los republicanos. Esta medida, una de las más duras de su mandato en términos de política migratoria, ha suscitado una oleada de críticas desde diversos sectores políticos y sociales.
La nueva normativa, que entró en vigor de manera inmediata, permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días. Según las últimas cifras, esta cantidad está por debajo del flujo de cruces diarios actual, lo que indica una probable y rápida aplicación de la medida.
Defensores de los inmigrantes han alzado la voz casi al unísono, argumentando que esta acción hace eco de las estrategias utilizadas por el expresidente Donald Trump para cerrar la frontera en 2018.
En un intento por distanciarse de las políticas de su predecesor, Biden explicó en un discurso desde la Casa Blanca que esta orden ejecutiva responde a la falta de consenso en el Congreso para una reforma migratoria y busca procesar solicitudes de asilo de manera más ordenada, a través de los puertos de entrada, y menos expuesta a las mafias de tráfico de personas.
"Nunca demonizaré a los inmigrantes. Nunca me referiré a ellos como un veneno en la sangre de nuestro país", dijo Biden, refiriéndose a los comentarios de Trump, quien ha declarado que los inmigrantes están "envenenando la sangre del país", en una reminiscencia de las palabras utilizadas por Adolf Hitler.
Biden también destacó que "nunca separaré a las familias de sus hijos en la frontera, nunca prohibiré la entrada al país a un grupo de personas por sus creencias religiosas", aludiendo a las políticas de Trump de separar familias y vetar la entrada a ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes.
Sin embargo, estas declaraciones no lograron convencer a aliados políticos como el senador por California Alex Padilla, quien afirmó en un comunicado que “al revivir la prohibición de asilo de Trump, el presidente Biden ha socavado los valores estadounidenses”. Padilla añadió que la administración ha abandonado las obligaciones del país de brindar refugio a las personas que huyen de la persecución, la violencia y el autoritarismo.
La oposición a la orden también provino de los acérrimos oponentes de Biden. El expresidente y rival republicano, Donald Trump, aseguró que la medida es una "amnistía". Karoline Leavitt, secretaria nacional de prensa de la campaña de Trump, declaró: "Seamos claros: la orden ejecutiva de Joe Biden es una amnistía, no es para seguridad fronteriza".
Stephen Miller, el ideólogo de la política migratoria de la administración Trump, sugirió que los demócratas esconden “un nuevo DACA” y que planean otorgar amnistía a los solicitantes de asilo con amparo provisional mientras se revisan sus casos.
Esta orden ejecutiva de Biden llega en un momento crítico, a seis meses de las elecciones generales, en las que aspira a ser reelegido para un segundo mandato. La gestión de la migración se ha convertido en un tema central para los votantes, superando incluso a la economía y la inflación, según varias encuestas.
permitidas entrar al país mientras se procesa su solicitud de asilo, lo que puede llevar
años antes de que se presenten ante un juez y conozcan su destino.
¿Qué Efecto Tendrá?
La implementación de estas restricciones está diseñada para activarse de manera temporal cuando el número de cruces irregulares supere un umbral específico y se pausarán cuando dichos cruces disminuyan.
Específicamente, la orden ejecutiva se activará cuando se registre un promedio de 2.500 cruces irregulares diarios en un periodo de siete días. Dado que los cruces diarios ya superan esta cifra, la medida entrará en vigor de inmediato, según informaron funcionarios en una llamada con reporteros.
Una vez en vigor, estas restricciones permitirán a las autoridades deportar a los migrantes a sus países de origen o expulsarlos a México, a menos que puedan demostrar bajo unos estándares más estrictos que enfrentarán persecución o tortura si son enviados de vuelta. Este nuevo estándar de "probabilidad razonable" es considerablemente más elevado que el actual, requiriendo que los solicitantes presenten más pruebas ante las autoridades migratorias en la frontera, quienes actúan como el filtro inicial para iniciar un caso de asilo en Estados Unidos.
Para revertir estas restricciones, el número de detenciones diarias debe reducirse a un promedio de 1.500 durante 14 días consecutivos, una meta que parece difícil de alcanzar. Desde julio de 2020, en plena pandemia, no se ha reportado una cifra tan baja de detenciones.
Kennji Kizuka, experto en temas de asilo del International Rescue Committee, señaló que "una vez entre en vigor, esta prohibición podría mantenerse por un largo periodo de tiempo, teniendo en cuenta el alto número de personas que llegan a la frontera sur".
A pesar de las severas restricciones, la orden contempla excepciones para menores no acompañados, personas con emergencias médicas graves, aquellos en riesgo inminente de vida o seguridad, y víctimas de tráfico humano.
La base legal de la orden ejecutiva se encuentra en la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que otorga al presidente la autoridad para prohibir la entrada a ciertos migrantes mediante decreto si se considera que su ingreso sería "perjudicial" para el interés nacional.
Esta misma sección fue invocada en varias ocasiones por Trump, incluyendo su controvertida prohibición de entrada a personas de países de mayoría musulmana, lo que generó múltiples demandas por parte de organizaciones de derechos humanos.
Desde el levantamiento del Título 42 en mayo de 2023, el Gobierno de Biden ha implementado varias medidas para limitar quién puede solicitar asilo y aumentar las deportaciones. Sin embargo, la efectividad real de estas medidas se ha visto limitada por la capacidad del país para procesar rápidamente las solicitudes de asilo y llevar a cabo deportaciones masivas.
Estados Unidos tiene un acuerdo con México para devolver a unos 30.000 migrantes al mes, pero solo de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. "Simplemente, no hay tantos aviones" para realizar las deportaciones, señaló Adam Isaacson, experto de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Actualmente, muchas personas que cruzan la frontera de manera irregular son permitidas entrar al país mientras se procesa su solicitud de asilo, lo que puede llevar años antes de que se presenten ante un juez y conozcan su destino, explicó Aaron Reichlin-Melnick, analista del American Immigration Council.
Retos Legales
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) informó este martes su intención de impugnar en la corte la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden que restringe drásticamente las solicitudes de asilo en la frontera con México.
La orden, que entró en vigor de inmediato, permite la deportación de migrantes que no cumplan con unos estándares de asilo muy estrictos cuando las detenciones diarias en la frontera superen las 2.500 durante un promedio de siete días.
La ACLU, en un comunicado, criticó duramente la medida, argumentando que esta "hace eco" de la prohibición de entrada emitida por el Gobierno de Donald Trump en 2018.
"Tenemos la intención de impugnar esta orden ante los tribunales. Era ilegal cuando Trump lo hizo, y no es menos ilegal ahora", afirmó Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. Gelernt, quien ha liderado varias batallas legales contra las políticas migratorias del Ejecutivo estadounidense, fue uno de los principales responsables de la revocación de medidas del gobierno republicano.
Por su parte, Deirdre Schifeling, directora de política y defensa de la ACLU, advirtió que la orden ejecutiva no aborda adecuadamente las necesidades en la frontera ni soluciona el "fallido" sistema de inmigración del país. Una de las mayores preocupaciones de los activistas es la aceleración de los procedimientos de deportación, que ya de por sí están apresurados. "Instamos a la administración a cumplir su promesa de campaña de restaurar el asilo y movilizar los recursos necesarios para abordar los desafíos en la frontera. No es sólo algo moralmente sensato: es buena política", añadió Schifeling.
La ACLU y otros defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan que esta orden ejecutiva no solo es ineficaz, sino también inhumana. Al imponer estándares más estrictos para las solicitudes de asilo, la administración de Biden podría estar poniendo en peligro a miles de personas que huyen de la persecución, la violencia y el autoritarismo en sus países de origen. La lucha legal que se avecina promete ser intensa, con la ACLU preparada para desafiar cada aspecto de la nueva normativa.
Mientras tanto, el debate sobre la inmigración sigue siendo un tema candente en la política estadounidense. La administración Biden, bajo una intensa presión tanto de los defensores de los inmigrantes como de sus críticos acérrimos, se enfrenta a un delicado acto de equilibrio para gestionar la frontera sur de manera efectiva sin comprometer los valores humanitarios que prometió defender.
La próxima batalla en los tribunales será crucial para determinar el futuro de la política de asilo en Estados Unidos y el tratamiento de quienes buscan refugio en sus fronteras.
La Casa Blanca expresó su confianza en que la orden ejecutiva superará los desafíos legales a los que ya se enfrenta.
"Estamos seguros de que resistirá los desafíos legales. Esta es una situación en la que se piensa en el sistema de inmigración en la frontera que ha existido durante décadas y el presidente dijo que quiere abordarlo de forma integral", declaró la portavoz de prensa, Karine Jean-Pierre, a bordo del Air Force One. Jean-Pierre enfatizó que los esfuerzos para aprobar una reforma migratoria en el Congreso han sido obstaculizados por la negativa de los republicanos.
"El presidente quería abordar esto de forma bipartita", comentó Jean-Pierre, añadiendo que los republicanos "votaron en contra" al referirse al reciente rechazo del Senado, el pasado 23 de mayo, de un proyecto de ley que buscaba restringir la migración y el acceso al asilo en la frontera con México.
Inmigrantes en Nueva York
En los últimos dos años, Nueva York ha recibido a aproximadamente 200.000 inmigrantes, proporcionando albergue y otros servicios, según el alcalde Eric Adams.
La ciudad ha acogido más inmigrantes que cualquier otra, en gran parte debido a la iniciativa del gobernador de Texas, Greg Abbott, de enviar autobuses con inmigrantes en protesta contra la política migratoria del presidente Joe Biden.
Actualmente, más de 65.000 inmigrantes siguen en el sistema de albergues públicos, cuya estadía se ha limitado a 30 días para solteros y 60 días para familias con niños.
Para manejar el flujo continuo, que la semana pasada sumó 1.200 personas, la ciudad ha alquilado hoteles y levantado carpas gigantes. Además de alojamiento, Nueva York proporciona comida, servicios médicos, educación para los niños y asistencia legal para solicitar asilo y permisos de trabajo.
Desde el inicio del envío de inmigrantes en 2022, la cantidad de personas en los refugios ha aumentado de 45.000 a 120.000.
La vicealcaldesa Sheena Wright destacó que esto ha triplicado el sistema de refugios en dos años. La vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, Anne Williams-Isom, espera que la reciente orden ejecutiva de Biden, que limita la entrada de solicitantes de asilo, reduzca el flujo de inmigrantes a la ciudad.
Las ciudades receptoras, en su mayoría con alcaldías demócratas, han estado reclamando ayuda financiera, argumentando que los republicanos en el Congreso no han tomado medidas.
La orden ejecutiva de Biden: Un paso necesario para proteger el sistema de asilo de Estados Unidos