Asamblea protege los derechos de los neoyorquinos a grabar la actividad policial

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La Ley para el Derecho a Monitorear garantiza que los miembros del público tengan permiso legal para grabar y fotografiar la actividad policial.

El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y el asambleísta N. Nick Perry anunciaron hoy que la Asamblea aprobó la Ley para el Derecho a Monitorear, que confirma el derecho del público a grabar la actividad pública de organismos de seguridad en su aplicación de la ley (A.1360-A, Perry).

“A medida que buscamos aportar transparencia y responsabilidad a nuestro sistema de justicia penal, no podemos pasar por alto el hecho de que con demasiada frecuencia los incidentes de brutalidad y fuerza excesiva no salen a la luz a menos que sean captados por la cámara”, dijo el presidente de la Asamblea Heastie.

“Esta legislación garantizará que los derechos de los neoyorquinos estén protegidos y que los incidentes no sean suprimidos del público”.

“Hoy, todos tienen una cámara en sus bolsillos. Y en casos de abuso de poder por parte de la policía, las grabaciones han demostrado una y otra vez ser una protección invaluable. Es un derecho que tenemos y este proyecto de ley nos permitirá ejercer este derecho sin temor a la interferencia policial, la intimidación o la confiscación de nuestros dispositivos de grabación”, dijo el asambleísta N. Nick Perry.

“Esto protegerá los derechos de los neoyorquinos y responsabilizará a la policía por sus acciones. Ya es hora de que el derecho de registro esté codificado en la ley estatal”.

La Ley para el Derecho a Monitorear garantiza que los miembros del público tengan permiso legal para grabar y fotografiar la actividad policial, dando a las personas un curso de acción legal si un oficial interfiere con la grabación legal.

El proyecto de ley también protegería el derecho de una persona a mantener la custodia y el control de la grabación. Este cambio codificaría las decisiones de muchos tribunales de circuito federales, y los tribunales de este estado, de que los miembros del público tienen derecho a registrar la actividad en sus vecindarios.

 

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