El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y el asambleísta Nick Perry anunciaron hoy la aprobación de una legislación para establecer una comisión estatal independiente sobre la conducta de los fiscales (A.5285-C).
“Los fiscales tienen uno de los roles más importantes en nuestra sociedad”, dijo el presidente de la Asamblea Heastie. “Diariamente sus decisiones impactan la vida y la libertad de los neoyorquinos en todo el estado y es fundamental que sus acciones se lleven a cabo según los más altos estándares de responsabilidad pública”, indicó.
“Esta legislación remediará varias décadas de pedidos por una mayor responsabilidad de los fiscales”, dijo el asambleísta Perry. “La falta de supervisión ha tenido muchas consecuencias negativas para aquellos que perdieron su libertad injustamente y cuyas reputaciones sufrieron daños irreparables debido a una condena injusta, prejuicios de los fiscales u otra mala conducta. Con la aprobación de este proyecto de ley, finalmente podemos asegurar a los neoyorquinos que se busca la justicia en un ambiente y espíritu de equidad”.
La legislación de hoy crearía una comisión independiente de once miembros formada por profesionales de derecho nombrados por el gobernador, la legislatura y el juez presidente, para investigar y, cuando corresponda, recomendar sanciones para los fiscales que hayan cometido una falta en el desempeño de sus funciones. El proyecto de ley ordena que los integrantes se componga por un número igual de fiscales y abogados defensores. Proporciona autoridad para hacer citaciones y otros poderes para permitir que la comisión reciba, inicie, investigue y escuche las quejas relacionadas con la conducta de los fiscales, sus calificaciones o aptitud para realizar su trabajo, y para asegurar la resolución de estas quejas.
La propuesta establece estándares de confidencialidad para la comisión, así como sanciones por violaciones. Además, proporciona protecciones importantes del debido proceso de ley para los fiscales, incluyendo el descubrimiento de evidencia, aviso anticipado de las audiencias y la capacidad de presentar pruebas y testigos y poderlos interrogar. También estipula la revisión de las recomendaciones de la comisión por parte del Tribunal de Apelaciones y afirma la autoridad constitucional del gobernador para destituir a fiscales y fiscales de distrito que sean encontrados culpables de mala conducta. Finalmente, el proyecto de ley requiere que se presenten informes anuales al gobernador, a la legislatura y al juez presidente del Tribunal de Apelaciones.
En los últimos años ha habido una serie de exoneraciones de personas de grandes repercusiones que fueron condenadas injustamente por delitos graves en el estado de Nueva York. El Equipo de Trabajo sobre Convicciones Injustas de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York informó anteriormente que la mala conducta del fiscal es una de las razones principales por las condenas erróneas. No existe un proceso formal para responsabilizar a los fiscales por violar sus deberes legales y éticos. En la mayoría de los casos, la mala conducta procesal da lugar a un nuevo juicio, que costará tiempo y recursos a los tribunales, las fiscalías de distrito y abogados defensores. Un número relativamente pequeño de personas exoneradas han tenido éxito buscando justicia en tribunales y mediante acuerdos financieros por las devastadoras dificultades que han tenido que vivir. El 13 de junio de 2018, la organización intenacional de derechos humanos, Human Rights Watch, emitió una carta pública al gobernador Andrew Cuomo apoyando la aprobación del proyecto de ley.