El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, anunció hoy que la Asamblea aprobó una legislación para garantizar que los jueces que determinan la división de la propiedad en un divorcio deben considerar el efecto que la violencia doméstica ha tenido en el sobreviviente (A.1967, Zebrowski).
La ley actual no menciona expresamente la violencia doméstica como un factor a considerar por el tribunal.
“La mayoría demócrata de la Asamblea ha luchado incansablemente para proteger a los sobrevivientes de la violencia doméstica, garantizar que tengan los recursos y protecciones que necesitan para dejar a su abusador y ayudarlos a buscar justicia”, dijo Heastie, presidente de la Asamblea.
“La violencia doméstica tiene efectos muy perjudiciales para los sobrevivientes, y merecen que esos costos se consideren durante un divorcio”.
“La violencia doméstica es un flagelo en nuestra sociedad y no solo conduce a la disolución de los matrimonios, sino que tiene efectos físicos, emocionales y psicológicos muy reales en los sobrevivientes”, dijo el asambleísta Kenneth Zebrowski.
“Es crucial que el abuso que ha ocurrido dentro de un matrimonio sea un factor durante el proceso de divorcio. Esto asegurará que los jueces consideren la carga inconmensurable que se le impone a los sobrevivientes al determinar la distribución equitativa de la propiedad”.
La violencia doméstica toma muchas formas diferentes. Un tribunal siempre debe poder considerar el impacto de dicho abuso en el sobreviviente.
Según la ley actual, algunas decisiones judiciales tienen una consideración limitada de la violencia doméstica a los asaltos atroces, que no deberían ser el estándar legal.
La propuesta se basa en un paquete integral de legislación que la Asamblea aprobó en 2019 para proteger y apoyar a las sobrevivientes de violencia doméstica.
El paquete incluía legislación que permitirá a las sobrevivientes de violencia doméstica rescindir los contratos de arrendamiento y otros contratos legales que puedan vincularlos a su abusador, proteger su privacidad cuando busquen servicios de salud física o mental y garantizar que estén informados de sus derechos.